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Allanaron el Ministerio de Salud por la investigación del caso del Vacunatorio VIP

Se secuestró documentación en la causa en que investiga el circuito de vacunación paralelo

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La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó allanar esta noche el Ministerio de Salud y secuestró documentación en la causa en que investiga el circuito de vacunación paralelo que funcionaba en la cartera que comandaba Ginés Gonzalez García.

El procedimiento fue a pedido del fiscal Eduardo Taiano para además decomisar las imágenes de las cámaras de seguridad del Ministerio entre el 1 y el 19 de febrero cuando se supone que concurrieron a vacunarse funcionarios, exfuncionarios, políticos, periodistas y amigos del poder.

Taiano imputó formalmente al exministro González García y a su exjefe de gabinete Lisandro Emilio Bonelli, su sobrino, en el caso en que se investiga el vacunatorio VIP que funcionaba en su cartera.

El fiscal pidió, además, allanar el Hospital Posadas, de Haedo, de donde salieron las vacunas. Debido a que las leyes prohíben realizar los procedimientos de noche, solo se allanó de urgencia el Ministerio de Salud y se pospuso el procedimiento en el Posadas.

La Justicia busca además allí las imágenes de las cámaras que pudieran captar a los que fueron a vacunarse allí por fuera del protocolo establecido.

El fiscal impulsó la investigación contra Ginés González García, sus colaboradores beneficiados irregularmente con vacunas contra el Covid-19, mientras trata de reconstruir el circuito paralelo de vacunación que funcionaba en la cartera de Salud.

Taiano sostuvo en su dictamen que según las denuncias Ginés González García habría dispuesto que personal del Hospital Nacional Posadas concurriese a la sede del Ministerio de Salud de la Nación para inmunizar a diversas personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos del «Plan estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina», dictado el pasado 29 de diciembre.

Además el 19 de febrero de 2021 el periodista y escritor Horacio Verbitsky había concedido una entrevista a un programa radial, en el marco de la cual manifestó «decidí vacunarme. me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García –a quien conozco de mucho antes que fuera ministro- y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna».

Los denunciantes precisaron que las dosis suministradas de forma irregular integrarían un lote de vacunas Sputnik V que habría sido apartado del circuito oficial de distribución y, por lo tanto, no repartido conforme al plan delineado por el Gobierno nacional.

Por eso el fiscal pidió allanar el Ministerio de Salud y el Hospital Posadas para reunir evidencias. En el ministerio se buscó el libro de visitas del Ministerio y el registro de las cámaras de filmación entre el 1 y 19 de febrero de 2021, las constancias de los viajes efectuados por los vehículos oficiales desde y/o hacia el Hospital Nacional Posadas, así como también la nómina de personas que recibieron la vacuna. Asimismo, el fiscal pidió verificar la existencia del lugar utilizado para inmunizar, obtener fotografías y realizar un croquis.

Además pidió allanar el Hospital Nacional Posadas para obtener las imágenes de las cámaras de filmación entre los días 1 y 19 de febrero de 2021, el registro de las partidas de vacunas Sputnik V recibidas allí, la nómina de personas inoculadas y el listado de personal de la institución asignado al plan de vacunación contra el virus Covid19. La idea es citarlos a declarar.

Según indicaron fuentes judiciales, unas 13 denuncias se concentraron ayer en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, incluida la del fiscal Guillermo Marijuan, y al menos cinco de ellas estaban ya acumuladas en el juzgado de María Eugenia Capuchetti. Se denuncian delitos como favorecer la propagación de enfermedades, violación de deberes de funcionario público o malversación de caudales, entre otros.

El fiscal Eduardo Taiano es quien está dando el primer paso para instar la investigación penal. Presentó el requerimiento de instrucción que habilita a la jueza Capuchetti a tomar las primeras medidas de prueba. Taiano trata de reconstruir cómo era el mecanismo informal por el que se accedía a estas dosis.

Ya tiene una aproximación: los invitados accedían por un ascensor y eran inoculados si figuraban en una lista VIP. Se investiga a los colaboradores del ministro que organizaban el circuito, se trata de determinar si se usaban autos oficiales para los traslados del personal y de las vacunas desde el Hospital Posadas.

En el momento de analizar las responsabilidades se buscará determinar si estas acciones encuadran en un delito penal y cuál es ese delito. El director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, en un intento de poner a salvo la campaña de vacunación y separarla del escándalo, dijo que «se está aplicando una vacuna cada minuto y medio» y pidió no ensuciar «el esfuerzo colectivo entre el personal de salud y la población».

En cuanto a los vacunados mediante este mecanismo, la citación judicial quedará en suspenso hasta que esté claro en qué condiciones van a declarar, si como imputados por tener participación en algún delito o como meros testigos.

Con el requerimiento de instrucción, la jueza Capuchetti estará en condiciones de avanzar con la investigación.

Ya tiene una aproximación: los invitados accedían por un ascensor y eran inoculados si figuraban en una lista VIP. Se investiga a los colaboradores del ministro que organizaban el circuito, se trata de determinar si se usaban autos oficiales para los traslados del personal y de las vacunas desde el Hospital Posadas.

En el momento de analizar las responsabilidades se buscará determinar si estas acciones encuadran en un delito penal y cuál es ese delito. El director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, en un intento de poner a salvo la campaña de vacunación y separarla del escándalo, dijo que «se está aplicando una vacuna cada minuto y medio» y pidió no ensuciar «el esfuerzo colectivo entre el personal de salud y la población».

En cuanto a los vacunados mediante este mecanismo, la citación judicial quedará en suspenso hasta que esté claro en qué condiciones van a declarar, si como imputados por tener participación en algún delito o como meros testigos.

Con el requerimiento de instrucción, la jueza Capuchetti estará en condiciones de avanzar con la investigación.

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Anses pagará un bono de $8500 a jóvenes: cómo inscribirse

Es una de las prestaciones que intenta reemplazar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Hay cupos limitados y la inscripción se realizará por correo electrónico.

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Anses pagará un bono de 00 a jóvenes: cómo inscribirse

Luego de la desaparición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Anses empieza a poner en marcha otras ayudas económicas para las poblaciones más vulnerables. En ese marco, el organismo anunció un bono de $8500 mensuales destinado a jóvenes.

En un acto realizado en Tecnópolis, la directora ejecutiva del ente previsional, Fernanda Raverta, y la secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Laura Alonso, firmaron un convenio para generar acciones de colaboración para la implementación del Programa Nacional “Potenciar Inclusión Joven”. Se trata de un estímulo económico para organizaciones que desarrollen proyectos productivos, laborales y comunitarios que promuevan la participación de jóvenes de entre 18 a 29 años en situación de vulnerabilidad.

Según indicaron fuentes oficiales, los proyectos deberán ser presentados por organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales e instituciones religiosas que tengan congruencia con los objetivos del programa. Se les asignará un incentivo económico de $8500 mensuales a cada participante del proyecto presentado y financiado, los cuales podrán tener hasta 12 meses de duración. Los cupos son limitados ya que, en esta primera etapa, el objetivo del programa es alcanzar a 100 mil jóvenes de todo el país.

Cómo inscribirse

El Ministerio de Desarrollo Social será el responsable del otorgamiento, la administración gestión de las prestaciones. La Anses, por su parte, realizará cruces informáticos utilizando la información en sus propias bases de datos y se encargará del pago. Los interesados en inscribirse deberán enviar un correo electrónico inclusionjoven@desarrollosocial.gob.ar. Si la solicitud es aprobada luego del cruce de datos, el interesado tendrá que dirigirse a alguna de las organizaciones que hayan presentado proyectos para trabajar con jóvenes vulnerables.

Para la tramitación de este tipo de beneficios es fundamental confirmar los datos personales que Anses tiene sobre cada interesado. Esto se realiza en la aplicación “Mi Anses” dentro de la web del organismo. Allí se accede con CUIT Clave de la Seguridad Social. Para modificaciones de domicilio o vías de contacto, también se puede llamar al 130.

En ese sentido, Alonso manifestó: “Potenciar Inclusión Joven es un programa que lanzó el Ministerio de Desarrollo Social para promover iniciativas de diversos temas que convoquen a las y los jóvenes de todo el país. El programa financiará el desarrollo de estos proyectos y otorgará una beca de $8500 para los jóvenes participantes, que se pagará a través de Anses. Es un gran paso que estamos dando en el enorme desafío de restituir derechos y construir el futuro que nos merecemos”, explicó Alonso durante el acto.

Durante la actividad donde presentaron esta nueva asignación, las funcionarias estuvieron acompañadas por más de 60 jóvenes de los partidos bonaerenses de San Isidro y La Matanza. En este marco, Raverta expresó: “Los jóvenes son el motor para poner a la Argentina de pie. Tenemos que estar juntos para que la comunidad se organice y salga adelante; necesitamos de su compromiso para dar lo mejor ya que nadie se salva solo, sino con un Estado presente que acompaña y genera las condiciones de igualdad de oportunidades para que todos los sueños puedan ser cumplidos”.

¿Puedo inscribirme si cobro AUH o Becas Progresar?

Sí. El programa será compatible con otras prestaciones sociales que abona Anses, entre ellas:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE)
  • Becas Progresar.
  • Pensiones por Discapacidad.
  • Tarjeta Alimentar.
  • Titulares del monotributo social o autónomo (categoría A),
  • Programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales (PAE).
  • Prestación por desempleo.

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Protestas y manifestantes heridos tras el anuncio de regreso a Fase 1 en Formosa

La manifestación comenzó esta mañana con la convocatoria de distintos sectores provinciales en rechazo de la decisión del gobernador Gildo Insfrán, y derivó en choques cuando los manifestantes intentaron ingresar a la gobernación provincial.

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El anuncio del gobierno de Formosa de que la ciudad capital regresará a la Fase 1 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatario (ASPO) por la aparición de nuevos casos de Covid-19 generó protestas en los alrededores de la Casa de Gobierno provincial, que derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y policías quienes respondieron con gases y balas de goma.

La manifestación comenzó esta mañana con la convocatoria de distintos sectores provinciales en rechazo de la decisión del gobernador Gildo Insfrán de volver a la fase 1, y derivó en choques entre quienes protestaban y la policía.

Alrededor de las 11, ante el intento de los manifestantes de ingresar por la fuerza ala Casa de Gobierno, ubicada entre las calles Belgrano y José María Uriburu, la policía respondió con balas de goma y gases.

Los manifestantes, que pedían que no se regrese a una fase de aislamiento social al grito de «queremos trabajar», terminaron enfrentándose a golpes de puño, gritos, empujones y corridas con la policía provincial.

Pasadas las 16, los enfrentamientos continuaron en la capital formoseña con fuerte accionar de la policía provincial contra los manifestantes.

En ese escenario, se reportó la detención de Julieta González, abogada y periodista de Radio Parque. 89.3 FM, en el marco de la represión policial, cuando hacía fotos del choque de los efectivos de la fuerza con los manifestantes.

Integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) indicaron que la periodista estaba «bien de salud», así como también otros detenidos.

En las redes sociales diputados y senadores opositores se hicieron eco del repudio al accionar policial e hicieron un llamamiento al gobierno de Gildo Insfrán a «frenar la represión» de las fuerzas de seguridad.

En un comunicado, Juntos por el Cambio pidió que se garanticen «los derechos fundamentales vulnerados» y advirtió que el gobierno provincial cometió «uso y abuso del poder en el marco de la pandemia en Argentina».

Ministro de Gobierno

Ante este escenario, el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge Abel González, salió a aclarar que la policía provincial «no tiene carta blanca» y que debe utilizar «protocolos» para actuar, en referencia a la respuesta de la esa fuerza ante la manifestación de este mediodía frente a la Casa de Gobierno provincial.

Al explicar las instrucciones a la policía, precisó que el punto 1 del protocolo «era mantener la valla para evitar el contacto» entre manifestantes y policías pero que «les arrojaron huevos y cuando rompieron la valla», los efectivos respondieron.

«Además, los agredieron con cascotes y ladrillos», completó el funcionario y agregó que por ese motivo «se dio intervención a la justicia y al Procurador, para hacer cesar esa acción».

González explicó que la medida sólo se aplica en la ciudad capital porque en los últimos 3 días se detectaron 43 casos, lo que «significa que hay circulación viral».

Según precisó, el aislamiento dispuesto por el gobierno provincial para la ciudad de Formosa es «por 14 días», tras informar que el brote de la Covid-19 afecta a «34 barrios en la ciudad».

Respecto de los manifestantes y la marcha, dijo que «en las redes invitaban a quemar la Casa de Gobierno».

«Es un grupo agitador en un año electoral», afirmó y añadió que las declaraciones de dirigentes formoseños nacionales le «confirman que se trata de una movida política electoral».

Finalmente, reconoció que la medida tomada para frenar los contagios de coronavirus en la ciudad de Formosa «es una situación molesta».

«Es una situación molesta y lo entendemos, pero las medidas sanitarias son claras y concretas», dijo al ratificar la aplicación del aislamiento.

 

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El Gobierno derogó el decreto de Macri que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes

En la misma norma se preveía un mecanismo rápido de extradición de delincuentes

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El Gobierno derogó el decreto de Macri que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes

El gobierno de Alberto Fernández le puso punto final a la política migratoria de la gestión de Mauricio Macri mediante la cual se impusieron controles más estrictos para evitar el ingreso de delincuentes extranjeros y se agilizaron los trámites de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales. El rol de los organismos internacionales en esta decisión y la explicación del Presidente.

En enero de 2017, Macri y su gabinete firmaron el Decreto 70 que modificó la Ley de Migraciones. Amparándose en la definición de que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad. El argumento en ese entonces radicó en “la duración de los procesos administrativos y judiciales” y en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que al analizar la cantidad de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de inmigrantes subía al 33% en aquel año.

La norma estableció también la prohibición de ingreso a las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad” o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”. La prohibición de ingreso se extendió a quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución. Además, las mismas causas podían ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado “cualquiera fuese su antigüedad”.

En efecto, la Ley de Migraciones establecía que un extranjero podía ser expulsado por cometer delitos graves con pena mayor a cinco años -en el caso de los residentes-, y por cometer delitos con pena superior a tres años, en el caso de los no residentes. La modificación amplió la posibilidad de realizar el trámite de expulsión ante cualquier delito con pena de prisión. Para los no residentes, solo alcanzaba con un procesamiento firme sin ser necesaria la condena.

Este viernes el Gobierno derogó el Decreto 70/2017. Alberto Fernández y todos los ministros del Gabinete Nacional firmaron el Decreto de Migraciones 138/2021 que elimina el endurecimiento de los controles fijados durante el macrismo.

El Gobierno explicó que el DNU de Macri modificó “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”. Además de sostener que la política migratoria de Cambiemos no evidenció “mejoras ponderables en otros aspectos”, desde la entrada en vigencia del Decreto 70 en 2017 “se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.

En marzo del 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró la “invalidez constitucional” de la mencionada norma por presentar “caracteres regresivos incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos vigentes en nuestro ordenamiento jurídico”. En aquella oportunidad el gobierno de Macri recurrió a la Corte Suprema para que se expida al respecto.

Mientras tanto, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, todos ellos de la Organización de las Naciones Unidas, “han expresado su profunda preocupación y han instado al Estado Argentino a derogar dicho decreto”.

Alberto Fernández (Comunicación Senado)

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por su regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa; existiendo límites a la aplicación de las políticas migratorias que imponen un apego estricto a las garantías del debido proceso y al respeto de la dignidad humana, cualquiera que sea la condición jurídica del o de la migrante”, explicó el Gobierno en la decisión publicada hoy en el Boletín Oficial y mencionó que la Corte Interamericana de DD.HH también manifestó que “la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona, dentro de las cuales, acaso la más relevante tenga que ser que las limitaciones se establezcan por una ley adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución del país respectivo”.

De esta forma, el Gobierno argentino consideró necesario derogar el decreto del macrismo, restituyéndose la vigencia de las normas modificadas en 2017. Además se ordenó la creación de una Comisión Asesora de Política Migratoria “que tendrá a su cargo proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871″.

Esta decisión que oficializó hoy el Poder Ejecutivo, ya la venía estudiando desde el año pasado. Encabezados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organizaciones de la sociedad y organismos de derechos humanos le acercaron a principios de 2020 un documento al Gobierno con duros cuestionamientos al decreto de la anterior administración y le solicitaron su derogación “para preservar los derechos de las personas migrantes”.

Al inicio de su mandato Alberto Fernández señaló que dicha norma “lo que hizo fue autorizar expulsiones sin condena, y esto me parece muy peligroso porque se puede convertir en un acto de persecución contra alguna población”.

“La Argentina ya tiene un régimen y cuando un extranjero es condenado es susceptible de la expulsión”, había explicado el Presidente manifestando en aquella oportunidad que el decreto “castiga solo por la presunción”.

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