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Caso Lucía: presentan denuncia penal contra los médicos que hicieron la microcesárea

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Un grupo de abogados y médicos de Tucumán presentaron una denuncia por homicidio contra José Gijena y Cecilia Ousset, los médicos que le realizaron la cesárea a la niña de 11 años a quien el gobierno provincial obligó a parir.

Tras el fallecimiento de la beba, ocurrido el viernes pasado, fueron denunciados los únicos profesionales que estuvieron dispuestos a cumplir el deseo de la niña, quien había pedido más de seis veces que le sacaran “lo que el viejo le había puesto en la panza”.

Los profesionales esperaban la acción judicial porque el mismo Gijena advirtió días atrás que se había abierto una investigación penal por su accionar. María Teresa Mockevich, Luciana Colombres, Viviana Matar, Jorge Ramacciotti, Constanza del Carril, Raúl Lezana, Angela Vittini y Ricardo Miguel Auad presentaron la denuncia por “homicidio agravado” contra los dos médicos intervinientes y la abogada Adriana Mónica Mazzone, un delito que contempla una condena que puede llegar hasta la prisión perpetua.

Al salir de la Fiscalía Especializada en Homicidios N°1, una de las denunciantes fundamentó su decisión en la supuesta “tortura” que sufrió la beba que falleció en el hospital Eva Perón y desplegó un amplio abanico de interpretaciones personales sobre el Código Penal y el fallo FAL de la Corte Suprema, al que calificó “nulo”.

“Hago lo que tengo que hacer”, se atajó Mockevich, quien aseguró que actuaba bajo la sospecha de que “se habría cometido el delito de homicidio”. Al ser consultada sobre la legislación vigente que contempla las causales de los abortos no punibles, la abogada terminó por desestimar el artículo 86 del Código Penal, el fallo del máximo tribunal y hasta las resoluciones de la ONU, que señala que representa una tortura obligar a maternar a una niña violada. “Tortura es a lo que ha sido sometido la vida de la bebita que ha nacido con 5 meses de gestación, que fue torturada con tubos y con cables para intentar salvar su vida durante 10 días, ella sí ha sido torturada”, subrayó la denunciante.

Con el mismo espíritu hizo una particular lectura del padecimiento que atravesó la niña de 11 años, a la que la fiscal Adriana Gianonni y la ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, le negaron el derecho al aborto forzándola a continuar con el embarazo en contra de su voluntad. “Tenemos entendido que la niña ha sido contenida y atendida en el hospital, y que en el mes en que ha estado internada jamás se han denunciado torturas”, dijo Mockevich.

Poco después calificó el fallo FAL como una sentencia con un “fin político y no jurídico”, y consideró que las causales legales de interrupción de embarazos son «dos excusas absolutorias”.

Más adelante la abogada redobló la apuesta al poner en duda también las resoluciones de la ONU. “Uno de sus comités se ha expedido pero eso no es la ONU, es uno de los comités consultivos”, manifestó.

Consultado por TN, José Gijena afirmó que «no me sorprende la presentación porque viene de grupos autodenominados provida que en realidad son antiderechos que intentan avasallar los derechos de otras personas que, como en mi caso, actué en el marco de la ley».

«El objetivo de todo es generar un amedrentamiento en la comunidad médica para que nadie más se atreva a hacerlo», agregó Gijena.

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El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales perita la bala que mató a Espinosa

El Laboratorio de Criminalística del ECIF trabaja para determinar de cual de las armas secuestradas a los policías partió la bala que mató al trabajador rural.

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Sigue las diligencias judiciales en torno a la causa por el crimen del trabajador rural Luis Espinosa, quien desapareciera el viernes 15 de mayo después de un desbande producido por la presencia policial en una carrera cuadrera que se llevaba a cabo en la localidad de Melcho, departamento de Simoca. Su cuerpo fue encontrado siete días después en Catamarca en un acantilado a 150 metros de profundidad. En esta causa están involucrado efectivos de la policía provincia que permanecen detenidos.
En la jornada de hoy, por solicitud de la fiscal Mónica García de Targa, titular de la Fiscalía de Instrucción Penal I del Centro Judicial de Monteros, a cargo de la investigación, personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales del Ministerio Fiscal (ECIF) está realizando pericias al plomo encontrado en el cuerpo de la víctima y que fuera extraído en oportunidad de realizarse la autopsia.
En el Laboratorio de Criminalística del ECIF se está analizando en el microscopio del Comparador Balístico, tanto el plomo como las vainas servidas que fueron levantadas en el lugar del hecho. El procedimiento prevé establecer científicamente de cuál de las pistolas secuestradas eyecto el proyectil que causó la herida mortal y posterior desaparición de Espinosa, al momento de ser peritadas se procedió a efectuar un disparo con cada una de ellas en el Recuperador Balístico que opera en el laboratorio, para obtener así un elemento testigo, tanto de la vaina como del plomo. Una vez cumplido este procedimiento se realiza el pertinente estudio en el Microscopio Comparador Balístico, (con la tecnología del mismo hay sólo tres de estos aparatos en el país) del plomo que fue encontrado en el cuerpo de la víctima con cada uno de los proyectiles “testigos” de las armas secuestradas, para determinar de cuál de ellas partió el disparo mortal.

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Violencia de género en cuarentena: “más de 100 pedidos de juicio y 1.200 allanamientos”

El titular de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género I y II, Ignacio López Bustos, participó del Segundo Conversatorio del MPF en Tiempos de Contingencia.

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Este miércoles 27 de mayo se realizó el Segundo Conversatorio del MPF en Tiempos de Contingencia. En esta oportunidad, la charla virtual, organizada por la Escuela de Formación y Capacitación del Ministerio Fiscal, contó con la exposición del titular de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género I y II, Ignacio López Bustos, quien reveó números que preocupan.

El fiscal López Bustos brindó datos estadísticos que hacen a la problemática y al rol que tuvo la campaña «Aislamiento sin violencia», delineada por el Ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, como fuerte política criminal para dar herramientas a las víctimas de violencia de género, en el contexto de la cuarentena obligatoria. “Desde el 17 marzo se han realizado más de 100 requerimientos de elevación a juicio y más de 1200 medidas de allanamiento en cuarentena. Han ingresado cerca de 3 mil causas en 60 días. La violencia no ha bajado, sino que se ha incrementado”, detalló. “Hay que hacerle un seguimiento importante al agresor y ya hemos colocado 50 pulseras electrónicas”, especificó el titular de las Fiscalías Especializadas.

«El acceso a la justicia de víctimas de violencia familiar y de género», se tituló la charla virtual que pudo seguirse en vivo a través de los canales de la Escuela en Facebook e Instagram.
Previo a la disertación del Fiscal, la responsable de la Capacitación, Andrea Mójica, le dio la bienvenida al Ciclo de Conferencias. “El objetivo es aportar a la difusión de acciones, compartir experiencias y la articulación con otras áreas y organismos para dar respuestas a situaciones sensibles”, profundizó la encargada de la Escuela.
En la charla, el Fiscal abordó distintos tópicos referidos al diagnóstico de la situación en el Centro Judicial Capital, las acciones de articulación con áreas interinstitucionales y externas, lineamientos y desafíos durante este aislamiento.

Trabajo con la División de Violencia de Género

“Quisimos brindar herramientas a través de un número directo, por whatsapp, de la División de Violencia de Género de la policía, como primer punto. Y ahora elaboramos un proyecto, a través de un pedido al Ejecutivo, para implementar una línea provincial y esperamos tener novedades positivas”, puntualizó. El funcionario judicial destacó el trabajo con las fuerzas policiales, específicamente con la División ocupada en la problemática, a la cual se la dotó de un vehículo recuperado del delito y computadoras.

Uso de la tecnología

López Bustos se refirió al noteweb10 que permite solicitar las medidas a los jueces (a través de una app y ahora mediante una plataforma que tiene el MPF en su sitio web) por teléfono o por computadora. De esta manera, los jueces pueden responder de forma inmediata, a las solicitudes de allanamiento, por ejemplo. Esta modernización del MPF comprendió la implementación de la denuncia digital en cada comisaría. “Mediante celdas, el agente va completando los datos que necesita, porque cada temática tiene un formato personalizado. Una vez completo el formulario, impacta directamente en la mesa de entrada de la Unidad de Decisión de Temprana, evitando así el sumario, el sello y la burocracia que se venía utilizando con anterioridad”, mencionó.

Articulación con organismos y labor interdisciplinaria

“Tomamos intervención con los distintos organismos como la OVD, el Observatorio de la Mujer y la Secretaría de la Mujer mediante reuniones, dos veces por mes, que nos enriquecen. Es un espacio para recibir críticas y poder mejorar el acceso de justicia. Hemos recibidos a Andhes y Mumala para que escuchen lo que hacemos y sepan dónde vamos”, aseguró el Fiscal.
López Bustos destacó la labor de la OVIFAM dentro del MPF, conformado por un grupo de psicólogas y trabajadoras sociales que están abocadas al tema, día y noche. “La violencia de género no tiene horario judicial, por eso, necesitamos de especialistas que contengan a las víctimas más vulnerables. EL MPF tiene la decisión política de acompañarlas en el proceso de denuncia y post denuncia, es decir, la contención”, manifestó López Bustos.

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Dos detenidos por asaltos a cadetes de delivery en Tafí Viejo

Las fuentes judiciales indicaron que como saldo de esas tareas se produjeron dos detenciones y se incautaron celulares y otros dispositivos de valor para la pesquisa.

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El Ministerio Fiscal informó que a través de la Unidad de Decisión Temprana (UDT), a cargo del fiscal Pedro Gallo, se concretaron este miércoles allanamientos simultáneos en domicilios del barrio Nicolás Avellaneda de Tafí Viejo, en el marco de una causa iniciada a partir de una serie de denuncias vinculadas a robos a cadetes de deliberys ocurridos en esa zona de la provincia.
Las fuentes judiciales indicaron que como saldo de esas tareas se produjeron dos detenciones y se incautaron celulares y otros dispositivos de valor para la pesquisa.
El Fiscal Gallo explicó que se trata de miembros de una banda cuya mecánica delictiva consistía en comunicarse con casas de comidas, para lo cual usaban una identidad falsa y realizaban un pedido mediante el sistema de mensajería WhatsApp. Cuando los cadetes llegaban al destino indicado, los asaltaban, despojándolos de sus pertenencias y dinero.
Como consecuencia de una seguidilla de robos, vecinos de la zona se movilizaron, protagonizando una protesta en la que pidieron que estos sujetos se fueran del barrio.
Esas causas se acumularon y derivaron en que el MPF solicitara al juzgado interviniente las medidas de allanamiento que terminaron con las dos detenciones. Los detenidos fueron identificados como “Mandinga”, de 24 años y “Maury”, de 26.
En la coordinación de esas tareas actuó el auxiliar de fiscal Rafael López Guzmán, funcionario de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. Por parte de la policía intervino la División Delitos Telemáticos a cargo del comisario Héctor Marín.
Voceros del caso adelantaron que hay otras personas identificadas en torno a los hechos investigados, por lo que no se descarta que la banda esté conformada por varios sujetos que podrían haber cometidos más hechos ilícitos en ese sector.

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