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Comenzó el funeral de Carlos Menem en el Senado

El ex presidente es velado en el Salón Azul del Senado, pero el último adiós será cerrado para personas cercanas por pedido de la familia.

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https://youtu.be/bKcO5zP7OAQ

Los restos del ex presidente Carlos Menem, que falleció a los 90 años, son velados en el Salón Azul del Senado. La capilla ardiente comenzará a las 20.00 y el público deberá ingresar por la explanada del Palacio en la avenida Rivadavia y Entre Ríos mientras que tendrán que retirarse por Yrigoyen y Entre Ríos.

Por otro lado, precisaron que «aún no se sabe si habrá algún corte durante la noche o será continuo», y detallaron que el velorio se podría llegar a extender «hasta las 13.00 o las 15.00» del día lunes. Asimismo, se confirmó que e el último adiós al dirigente riojano será «cerrado a la prensa por pedido de la familia».

Por la mañana, el presidente Alberto Fernández afirmó en declaraciones al canal C5N que Carlos Menem sería despedido con «todos los honores de un ex presidente». En el Congreso fueron velados en los últimos años los ex presidentes radicales Fernando de la Rúa, en 2019, y a Raúl Alfonsín, en 2009.

El presidente Alberto Fernández expresó este domingo su profundo pesar por el fallecimiento del ex mandatario Carlos Menem, y afirmó que «cuando la familia lo disponga» quiere colocar su busto en la Casa Rosada. Además aseguró que Menem fue «un hombre muy de la política y de la democracia, muy respetuoso», que tenía algo en su personalidad que «lo llevaba a convivir con las diferencias, en la diversidad».

El mandatario nacional contó que habló con Zulemita Menem este domingo instantes después de la muerte del ex mandatario. «Me dijo ´murió papá´, llorando», contó Fernández sobre el diálogo que mantuvo este domingo con la hija del ex presidente.

Argentina

Anses pagará un bono de $8500 a jóvenes: cómo inscribirse

Es una de las prestaciones que intenta reemplazar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Hay cupos limitados y la inscripción se realizará por correo electrónico.

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Anses pagará un bono de 00 a jóvenes: cómo inscribirse

Luego de la desaparición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Anses empieza a poner en marcha otras ayudas económicas para las poblaciones más vulnerables. En ese marco, el organismo anunció un bono de $8500 mensuales destinado a jóvenes.

En un acto realizado en Tecnópolis, la directora ejecutiva del ente previsional, Fernanda Raverta, y la secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Laura Alonso, firmaron un convenio para generar acciones de colaboración para la implementación del Programa Nacional “Potenciar Inclusión Joven”. Se trata de un estímulo económico para organizaciones que desarrollen proyectos productivos, laborales y comunitarios que promuevan la participación de jóvenes de entre 18 a 29 años en situación de vulnerabilidad.

Según indicaron fuentes oficiales, los proyectos deberán ser presentados por organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales e instituciones religiosas que tengan congruencia con los objetivos del programa. Se les asignará un incentivo económico de $8500 mensuales a cada participante del proyecto presentado y financiado, los cuales podrán tener hasta 12 meses de duración. Los cupos son limitados ya que, en esta primera etapa, el objetivo del programa es alcanzar a 100 mil jóvenes de todo el país.

Cómo inscribirse

El Ministerio de Desarrollo Social será el responsable del otorgamiento, la administración gestión de las prestaciones. La Anses, por su parte, realizará cruces informáticos utilizando la información en sus propias bases de datos y se encargará del pago. Los interesados en inscribirse deberán enviar un correo electrónico inclusionjoven@desarrollosocial.gob.ar. Si la solicitud es aprobada luego del cruce de datos, el interesado tendrá que dirigirse a alguna de las organizaciones que hayan presentado proyectos para trabajar con jóvenes vulnerables.

Para la tramitación de este tipo de beneficios es fundamental confirmar los datos personales que Anses tiene sobre cada interesado. Esto se realiza en la aplicación “Mi Anses” dentro de la web del organismo. Allí se accede con CUIT Clave de la Seguridad Social. Para modificaciones de domicilio o vías de contacto, también se puede llamar al 130.

En ese sentido, Alonso manifestó: “Potenciar Inclusión Joven es un programa que lanzó el Ministerio de Desarrollo Social para promover iniciativas de diversos temas que convoquen a las y los jóvenes de todo el país. El programa financiará el desarrollo de estos proyectos y otorgará una beca de $8500 para los jóvenes participantes, que se pagará a través de Anses. Es un gran paso que estamos dando en el enorme desafío de restituir derechos y construir el futuro que nos merecemos”, explicó Alonso durante el acto.

Durante la actividad donde presentaron esta nueva asignación, las funcionarias estuvieron acompañadas por más de 60 jóvenes de los partidos bonaerenses de San Isidro y La Matanza. En este marco, Raverta expresó: “Los jóvenes son el motor para poner a la Argentina de pie. Tenemos que estar juntos para que la comunidad se organice y salga adelante; necesitamos de su compromiso para dar lo mejor ya que nadie se salva solo, sino con un Estado presente que acompaña y genera las condiciones de igualdad de oportunidades para que todos los sueños puedan ser cumplidos”.

¿Puedo inscribirme si cobro AUH o Becas Progresar?

Sí. El programa será compatible con otras prestaciones sociales que abona Anses, entre ellas:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE)
  • Becas Progresar.
  • Pensiones por Discapacidad.
  • Tarjeta Alimentar.
  • Titulares del monotributo social o autónomo (categoría A),
  • Programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales (PAE).
  • Prestación por desempleo.

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Argentina

Protestas y manifestantes heridos tras el anuncio de regreso a Fase 1 en Formosa

La manifestación comenzó esta mañana con la convocatoria de distintos sectores provinciales en rechazo de la decisión del gobernador Gildo Insfrán, y derivó en choques cuando los manifestantes intentaron ingresar a la gobernación provincial.

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El anuncio del gobierno de Formosa de que la ciudad capital regresará a la Fase 1 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatario (ASPO) por la aparición de nuevos casos de Covid-19 generó protestas en los alrededores de la Casa de Gobierno provincial, que derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y policías quienes respondieron con gases y balas de goma.

La manifestación comenzó esta mañana con la convocatoria de distintos sectores provinciales en rechazo de la decisión del gobernador Gildo Insfrán de volver a la fase 1, y derivó en choques entre quienes protestaban y la policía.

Alrededor de las 11, ante el intento de los manifestantes de ingresar por la fuerza ala Casa de Gobierno, ubicada entre las calles Belgrano y José María Uriburu, la policía respondió con balas de goma y gases.

Los manifestantes, que pedían que no se regrese a una fase de aislamiento social al grito de «queremos trabajar», terminaron enfrentándose a golpes de puño, gritos, empujones y corridas con la policía provincial.

Pasadas las 16, los enfrentamientos continuaron en la capital formoseña con fuerte accionar de la policía provincial contra los manifestantes.

En ese escenario, se reportó la detención de Julieta González, abogada y periodista de Radio Parque. 89.3 FM, en el marco de la represión policial, cuando hacía fotos del choque de los efectivos de la fuerza con los manifestantes.

Integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) indicaron que la periodista estaba «bien de salud», así como también otros detenidos.

En las redes sociales diputados y senadores opositores se hicieron eco del repudio al accionar policial e hicieron un llamamiento al gobierno de Gildo Insfrán a «frenar la represión» de las fuerzas de seguridad.

En un comunicado, Juntos por el Cambio pidió que se garanticen «los derechos fundamentales vulnerados» y advirtió que el gobierno provincial cometió «uso y abuso del poder en el marco de la pandemia en Argentina».

Ministro de Gobierno

Ante este escenario, el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge Abel González, salió a aclarar que la policía provincial «no tiene carta blanca» y que debe utilizar «protocolos» para actuar, en referencia a la respuesta de la esa fuerza ante la manifestación de este mediodía frente a la Casa de Gobierno provincial.

Al explicar las instrucciones a la policía, precisó que el punto 1 del protocolo «era mantener la valla para evitar el contacto» entre manifestantes y policías pero que «les arrojaron huevos y cuando rompieron la valla», los efectivos respondieron.

«Además, los agredieron con cascotes y ladrillos», completó el funcionario y agregó que por ese motivo «se dio intervención a la justicia y al Procurador, para hacer cesar esa acción».

González explicó que la medida sólo se aplica en la ciudad capital porque en los últimos 3 días se detectaron 43 casos, lo que «significa que hay circulación viral».

Según precisó, el aislamiento dispuesto por el gobierno provincial para la ciudad de Formosa es «por 14 días», tras informar que el brote de la Covid-19 afecta a «34 barrios en la ciudad».

Respecto de los manifestantes y la marcha, dijo que «en las redes invitaban a quemar la Casa de Gobierno».

«Es un grupo agitador en un año electoral», afirmó y añadió que las declaraciones de dirigentes formoseños nacionales le «confirman que se trata de una movida política electoral».

Finalmente, reconoció que la medida tomada para frenar los contagios de coronavirus en la ciudad de Formosa «es una situación molesta».

«Es una situación molesta y lo entendemos, pero las medidas sanitarias son claras y concretas», dijo al ratificar la aplicación del aislamiento.

 

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El Gobierno derogó el decreto de Macri que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes

En la misma norma se preveía un mecanismo rápido de extradición de delincuentes

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El Gobierno derogó el decreto de Macri que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes

El gobierno de Alberto Fernández le puso punto final a la política migratoria de la gestión de Mauricio Macri mediante la cual se impusieron controles más estrictos para evitar el ingreso de delincuentes extranjeros y se agilizaron los trámites de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales. El rol de los organismos internacionales en esta decisión y la explicación del Presidente.

En enero de 2017, Macri y su gabinete firmaron el Decreto 70 que modificó la Ley de Migraciones. Amparándose en la definición de que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad. El argumento en ese entonces radicó en “la duración de los procesos administrativos y judiciales” y en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que al analizar la cantidad de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de inmigrantes subía al 33% en aquel año.

La norma estableció también la prohibición de ingreso a las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad” o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”. La prohibición de ingreso se extendió a quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución. Además, las mismas causas podían ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado “cualquiera fuese su antigüedad”.

En efecto, la Ley de Migraciones establecía que un extranjero podía ser expulsado por cometer delitos graves con pena mayor a cinco años -en el caso de los residentes-, y por cometer delitos con pena superior a tres años, en el caso de los no residentes. La modificación amplió la posibilidad de realizar el trámite de expulsión ante cualquier delito con pena de prisión. Para los no residentes, solo alcanzaba con un procesamiento firme sin ser necesaria la condena.

Este viernes el Gobierno derogó el Decreto 70/2017. Alberto Fernández y todos los ministros del Gabinete Nacional firmaron el Decreto de Migraciones 138/2021 que elimina el endurecimiento de los controles fijados durante el macrismo.

El Gobierno explicó que el DNU de Macri modificó “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”. Además de sostener que la política migratoria de Cambiemos no evidenció “mejoras ponderables en otros aspectos”, desde la entrada en vigencia del Decreto 70 en 2017 “se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.

En marzo del 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró la “invalidez constitucional” de la mencionada norma por presentar “caracteres regresivos incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos vigentes en nuestro ordenamiento jurídico”. En aquella oportunidad el gobierno de Macri recurrió a la Corte Suprema para que se expida al respecto.

Mientras tanto, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, todos ellos de la Organización de las Naciones Unidas, “han expresado su profunda preocupación y han instado al Estado Argentino a derogar dicho decreto”.

Alberto Fernández (Comunicación Senado)

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por su regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa; existiendo límites a la aplicación de las políticas migratorias que imponen un apego estricto a las garantías del debido proceso y al respeto de la dignidad humana, cualquiera que sea la condición jurídica del o de la migrante”, explicó el Gobierno en la decisión publicada hoy en el Boletín Oficial y mencionó que la Corte Interamericana de DD.HH también manifestó que “la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona, dentro de las cuales, acaso la más relevante tenga que ser que las limitaciones se establezcan por una ley adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución del país respectivo”.

De esta forma, el Gobierno argentino consideró necesario derogar el decreto del macrismo, restituyéndose la vigencia de las normas modificadas en 2017. Además se ordenó la creación de una Comisión Asesora de Política Migratoria “que tendrá a su cargo proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871″.

Esta decisión que oficializó hoy el Poder Ejecutivo, ya la venía estudiando desde el año pasado. Encabezados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organizaciones de la sociedad y organismos de derechos humanos le acercaron a principios de 2020 un documento al Gobierno con duros cuestionamientos al decreto de la anterior administración y le solicitaron su derogación “para preservar los derechos de las personas migrantes”.

Al inicio de su mandato Alberto Fernández señaló que dicha norma “lo que hizo fue autorizar expulsiones sin condena, y esto me parece muy peligroso porque se puede convertir en un acto de persecución contra alguna población”.

“La Argentina ya tiene un régimen y cuando un extranjero es condenado es susceptible de la expulsión”, había explicado el Presidente manifestando en aquella oportunidad que el decreto “castiga solo por la presunción”.

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