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Argentina

Derribar el mito de los «planeros»: ¿de qué viven los pobres?

Lejos de la difundida idea de que muchos de los pobres prefieren no trabajar y vivir de planes sociales, la evidencia muestra que siete de cada diez pesos que reciben los hogares pobres son el producto de su trabajo y que solo uno de cada diez pesos proviene de AUH, planes de empleo, becas y similares.

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Buena parte de la población está convencida de que los más humildes viven, en su mayoría, de “planes”. Y de que esa es la causa por la cual “los que trabajan” se ven “asfixiados por los impuestos”, que se usan para “mantener vagos”. Veamos si, efectivamente, los pobres son pobres porque no se esfuerzan y prefieren vivir de planes…

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC deja en evidencia que, lejos de eso, la gran mayoría de los ingresos de los hogares pobres procede del mercado de trabajo. De hecho, la proporción de los ingresos provenientes del trabajo en los hogares pobres es similar a la de los hogares no pobres. En contrapartida, las transferencias monetarias directas dirigidas a la población vulnerable (planes de empleo y capacitación, AUH, becas escolares y similares, tanto del estado nacional como de las provincias y municipios) son apenas un complemento.

Tomando el último año para el que disponemos de las bases de datos (del segundo trimestre de 2018 al primero de 2019, periodo en el que la tasa de pobreza promedió 31,7%), analicemos cómo se componen los ingresos de los pobres (indigentes y no indigentes) y de los no pobres (en estratos, según la cantidad de canastas de pobreza que representan sus ingresos). Vale recordar que, a valores de septiembre, un hogar tipo del GBA (el monto varía de acuerdo con la composición del hogar y a la región donde reside) necesitó alrededor de $35 mil para no ser pobre y en torno a $14 mil para no ser indigente.

En los hogares pobres, el 70,5% de los ingresos totales provienen de ocupaciones laborales (sin incluir los planes de empleo), valor que resulta apenas inferior al del promedio de los hogares no pobres (73,0%).

Sin embargo, mientras que en los hogares pobres casi la mitad de los ingresos laborales provienen de ocupaciones informales (48%), en los hogares no pobres los ingresos de ocupaciones formales representan el 84% de los ingresos laborales. Dentro de los pobres, la participación de los ingresos laborales es más baja entre los indigentes, entre quienes además es mucho mayor el peso de las ocupaciones informales en la masa de ingresos laborales. En los no pobres, la mayor participación de los ingresos laborales se observa entre los sectores vulnerables (es decir, aquellos cuyos ingresos familiares se ubican apenas por encima de la línea de la pobreza), y el peso de las ocupaciones formales en el total del ingreso laboral se incrementa a medida que más arriba de la pirámide se ubica el hogar.

En contrapartida, los ingresos por transferencias directas no contributivas dirigidas a población vulnerable como la AUH, los planes de empleo (con contraprestación laboral) y de capacitación, las becas escolares, etc. representan solo el 9,3% de los ingresos de los hogares pobres: del total de estos ingresos, el 84% corresponden al ítem “ayuda social” donde el mayor aporte proviene de la AUH, el 12% a planes de empleo y el 4% a becas.

De esta manera, por cada ocho pesos de ingreso que los hogares pobres reciben por su trabajo, nos encontramos con apenas un peso proveniente de este tipo de transferencias.

Desde otro ángulo, mientras que el 85% de los pobres forman parte de hogares donde al menos uno de sus integrantes tiene ingresos laborales (valor casi idéntico al de los no pobres, 86%), apenas el 0,5% de los pobres integra hogares en el que todo el ingreso proviene de planes, AUH y similares.

En el caso de la población en hogares indigentes, la participación de estas transferencias en el total de la masa de ingresos alcanza al 25,2%, mientras que entre los pobres no indigentes cae al 7,9%. El peso relativo que los ingresos por estas transferencias tienen entre los indigentes no implica que sean sumas cuantiosas, sino, simplemente, a que sus ingresos originados en otras fuentes son exiguos: cada persona que integra hogares indigentes, en promedio y a precios de septiembre, recibe unos $550 mensuales por medio de estas transferencias, frente a los $3.600 que necesitaría para no ser indigente y a los cerca de $9.000 que requeriría para no ser pobre.

Cabe señalar que estas transferencias tienen distintos orígenes y objetivos. A diferencia del periodo transcurrido entre fines de los noventa y los primeros años del siglo, cuando la estrella eran los “planes de empleo”, actualmente la transferencia social directa cuantitativamente más importante es la AUH que está lejos de ser “un plan manejado por punteros”: constituyó una de las medidas de equiparación de derechos más importantes de las últimas décadas (los hijos de los trabajadores formales reciben ingresos por sus hijos por la vía de las asignaciones familiares o por la de deducción de ganancias) y, junto a las moratorias previsionales, fueron fundamentales para garantizar un piso mínimo de protección social que alcanza a casi todos los niños, niñas y adolescentes y adultos mayores de nuestro país.

Por otro lado, en los hogares pobres los ingresos por jubilación o pensión ocupan el segundo lugar luego de los ingresos laborales, al igual que entre los no pobres. Pero mientras representan 15,2% del total de ingresos en hogares pobres, en el resto representan una proporción mayor, especialmente en los sectores acomodados (23,8%), donde también tienen un peso destacado los ingresos por rentas y alquileres (3,4%). Los ingresos monetarios por cuota alimentaria o ayuda de otros hogares están presente en todos los segmentos, pero en mayor medida en los hogares pobres, especialmente entre aquellos que se encuentran en la indigencia (5,6%).

Para el periodo analizado, los ingresos de los hogares pobres representaron, en promedio, el 62% de lo que hubieran requerido para alcanzar el umbral de la línea de la pobreza. Esto significa que tuvieron los recursos necesarios para afrontar solo 18 días y medio de los 30 días del mes: 13 días con ingresos provenientes del trabajo, apenas algo más de un día y medio con los ingresos por AUH, planes de empleo, etc., y los otros cuatro días con ingresos de otras fuentes no laborales, especialmente jubilaciones y pensiones.

Si los ingresos no alcanzan, ¿cómo (sobre)viven los pobres?

Al contemplar solo los ingresos monetarios, la medición de pobreza no toma en cuenta otros recursos a los que pueden echar mano los hogares para satisfacer sus necesidades ante la carencia de ingresos corrientes, como recibir ayuda en especies (alimentos sin cocinar o en comedores, ropa, etc.), descapitalizarse (gastar ahorros, vender pertenencias) o endeudarse (con otros hogares o bien con bancos o financieras).

No obstante, la EPH también nos aporta información sobre estas otras estrategias a las que recurren los hogares (en los tres meses previos). Si bien de manera menos precisa que la indagación exhaustiva por los ingresos, estos datos ofrecen pistas interesantes.

El 13% de las personas pobres integra hogares que declaran haber recibido mercadería (alimentos, ropas, etc.) de parte de instituciones estatales y no estatales o, en medida algo mayor, de parte de otros hogares, y esto adquiere especial relevancia entre los indigentes (17,8%). Sin embargo, esto no es privativo de los pobres: lo mismo se registra para el 5% de las personas no pobres, especialmente para los segmentos vulnerables y medios bajos.

Por otra parte, casi una tercera parte de los pobres se endeuda para solventar sus gastos, con bancos o financieras, pero especialmente con otras familias (una cuarta parte de la población indigente recibió préstamos de otros hogares). Entre los no pobres los préstamos recibidos de otros hogares decrecen a medida que aumenta el nivel de ingreso, pero esto no ocurre con los préstamos de bancos y financieras (sin incluir aquí las compras con tarjetas de crédito), que se mantiene en torno al 15% en todos los segmentos.

Finalmente, otras de las estrategias se vinculan a la descapitalización. El uso de ahorros para solventar gastos alcanza al 30% de todos los segmentos de hogares, lo que, al igual que el endeudamiento con bancos y financieras, puede ocultar fenómenos disímiles: mientras que para algunos es una acción obligada para la satisfacción de necesidades básicas, para otros el uso de ahorros bien podría destinarse al consumo de ciertos bienes (electrodomésticos, por ejemplo) o servicios (paseos, vacaciones) no esenciales, o bien para mantener un cierto nivel de vida en coyunturas en las que se contrae el poder adquisitivo. En cambio, la descapitalización por la vía de la venta de pertenencias sí muestra una mayor preponderancia entre los más desfavorecidos: la población en hogares pobres que recurrió a esta estrategia en los tres meses anteriores (12,5%) duplica a lo observado en la población de hogares no pobres (6,7%), y si se comparan los segmentos extremos, la venta de pertenencias resulta casi cinco veces más usual entre los indigentes que entre los sectores acomodados.

Cabe señalar que, tanto recibir mercaderías como préstamos de parte de otros hogares, constituyen un indicio de la importancia que tienen las redes de relaciones interpersonales en las estrategias de mitigación de la carestía de recursos corrientes por parte de los sectores más vulnerables. Pero, al igual que con la venta de pertenencias, se trata de estrategias que muy probablemente encuentren complicada su permanencia o eficacia en el tiempo cuando una crisis se amplifica y es duradera.

¿Qué pasaría si no existieran las transferencias sociales directas?

Si se decidiese eliminar todos los ingresos que los hogares reciben en concepto de AUH, planes de empleo, etc., la tasa de indigencia aumentaría entre 2,5 y 3 puntos porcentuales, en tanto que la de pobreza total subiría alrededor de un punto y medio. Esto muestra que las transferencias sociales directas tienen mayor eficacia para garantizar un pequeño ingreso estable a los indigentes y para evitar que una porción de los pobres no indigentes caigan en la indigencia, que para reducir la pobreza.

Para ponerlo en perspectiva, si bien un punto porcentual y medio equivale a casi 700 mil personas (extrapolando los datos de las grandes ciudades, que es lo que cubre la EPH, a todo el país), esta magnitud representa apenas una sexta parte del crecimiento experimentado por la tasa de pobreza entre la segunda parte de 2017 (25,7%) y la primera mitad de 2018 (35,4%).

En definitiva, dado el carácter apenas paliativo (aunque necesario, hiper progresivo y, en muchos casos, restitutivo de derechos) de las transferencias sociales directas, el combate a la pobreza (y a la desigualdad) no debe pasar por la estéril discusión sobre ellas, sino por cómo lograr reactivar el mercado de trabajo, para que bajen la desocupación y la informalidad, y se recupere el poder adquisitivo de los salarios.

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Polémica por el bono de $ 5.000: hubo enojos y colas eternas en la Anses

Cientos de personas fueron a buscar el pago de asignaciones, sin embargo la delegación les informó que por el momento no se abonará ese dinero. Un falso mensaje viral.

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Veredas colapsadas. Colas interminables. Gente a los empujones. Todo eso se vivió esta mañana adentro y afuera de las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), ubicada en 25 de Mayo y Córdoba, donde un centenar de personas llegaron con la esperanza de cobrar el subsidio de $5.000 que prometió el Gobierno Nacional, denominado “Bonificación Especial 2019”.

Sin embargo, las autoridades del organismo volvieron a informar -como sucedió días atrás- que no se abonará por el momento ese dinero, ya que no recibieron la autorización. En declaraciones a LG Central, el titular del organismo, Daniel Ponce, manifestó que «la Anses no está realizando ningún tipo de inscripción para otorgar el bono de $5.000». «No hay ningún programa especial de pago del bono», remarcó.

Además, lamentó que a través de las redes sociales circularan mensajes convocando a la gente a la sede de Anses para gestionar el pago de este bono destinado a desocupados o personas que no reciben ningún tipo de asistencia social de parte de la Nación.

Según le dijo personal de la Anses a las personas que llegaron hasta allí, en ese lugar no se puede realizar ningún trámite físico. En su defecto, les indicaron comunicarse con la oficina de Empleo, ingresar a la página del gobierno: www.argentina.gob.ar, o comunicarse telefónicamente al 130 o al 0800-2222-220.

¿Quiénes podrán anotarse para cobrar el bono de $5.000?

Las únicas personas que se pueden anotar son aquellas que no tengan trabajo (en blanco), estén atravesando una situación de emergencia alimentaria y no reciban ningún plan por parte del Estado.

Por otra parte, señalaron que el bono de $5.000 no podrá ser abonado a Jubilados, Pensionados ni personas que reciban Pensiones No Contributivas, Seguro de Desempleo, Trabajen en Relación de Dependencia, sean Empleadores, Personal de Servicio Doméstico Registrado, Monotributistas, reciban Becas por Programas de Empleo u otro Plan Social.

Asimismo, hay que tener en cuenta los diveros requisitos para cobrar el bono de 5.000 pesos, para ello es necesario:

-Ser mayor de edad (más de 18)

-Poseer el alta del CUIL definitivo (otorgado por Anses)

-Ser desocupado y no tener trabajo en blanco

-No cobrar ninguna prestación en Anses ni de otra dependencia social

-Demostrar situación de indigencia o pobreza

¿Cuándo se pagaría el bono?

Según la cautelar dictada por la jueza Servini, el bono se depositará a partir del 21 de noviembre. En este punto vale la pena recodar que la medida judicial de suspensión tuvo vigencia hasta el 27 de octubre y por lo tanto, en las próximas semanas se espera que Anses o el propio ministro Dante Sica, informe el calendario de pagos para este grupo.

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Kicillof prepara planes para financiar la construcción de viviendas y un nuevo Ahora 12

El gobernador electo de Buenos Aires y su equipo trabaja en programas para incentivar la construcción y el consumo. También se trabajan en planes para las pymes.

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Axel Kicillof y su equipo se encuentran trabajando en el lanzamiento de un programa de financiación para la construcción de vivienda para la provincia de Buenos Aires. El gobernador electo considera que tender a resolver el problema habitacional es una de las prioridades que debe encarar su gestión, entre otras, como la reconstrucción del capital de trabajo de las pequeñas y medianas empresas.

La intención es lanzar un esquema similar al ideado justamente por Kiciloff en el año 2013, cuando desembarcó en el Ministerio de Economía. Se buscará replicar el ProCreAr Solución Casa Propia, que fue un programa que combinó crédito hipotecario, ahorro de las familias y una bonificación del Estado nacional, en un esquema de cooperación entre el sector público y los bancos. En el entorno de Axel Kicillof admiten que están trabajando para “anunciar una serie de medidas para dinamizar la economía en los primeros días” de gestión, anticiparon a Ámbito.

Otro de los anuncios sería un nuevo “Ahora 12” con la intención de incentivar el consumo. En este sentido, están viendo particularmente con el Banco Provincia de Buenos Aires, las líneas de crédito existentes. El eje de esta iniciativa pasará por las Pymes y los comercios medianos y pequeños.

Saben que numerosos sectores de grandes empresas también están enfrentando dificultades, pero se centrarán en una primera etapa en evitar que cierren más empresas y comercios, comentan en el entorno del gobernador electo. El gobernador electo es abierto a escuchar propuestas y al respecto, le pidió a intendentes y dirigentes gremiales que les acerquen propuestas que ayuden a revitalizar la alicaída situación económica.

Con este propósito es que se piensa en lanzar un plan muy similar al ProCreAr que en su momento funcionó como un dinamizador de la construcción. En esa oportunidad, se orientó a que las familias trabajadoras accedan a su primera casa mediante la compra de una vivienda nueva o usada, con créditos accesibles, cuotas iniciales bajas y largos plazos de pago.

En la mesa chica del gobernador entrante se señala “preocupación porque los inquilinos están atrapados” y afirman que es necesario ofrecerles “recursos que les permitan contar con la tranquilidad de tener una vivienda digna”.

Las soluciones que imaginan los colaboradores de Kicillof son diversas. “En localidades como Castelli, Dorrego o Chascomús tenemos que pensar en fomentar la construcción para la vivienda propia, mientras que en el conurbano, por ejemplo Lanús o Moreno, se necesitan también políticas que fomenten una mayor oferta de alquileres”, precisaron.

Otra de las prioridades que se plantea la administración Kicillof consiste en dotar de capital de trabajo a las pymes. Con una capacidad ociosa del 50%, lo que hace falta para que las maquinas comiencen a funcionar es demanda interna y capital de trabajo, comentan los especialistas.

Hoy la mayoría de las pymes intentan sobrevivir y esperan que cuando desembarque el presidente electo, Alberto Fernández, se prorrogue la suspensión de los embargos de la AFIP, cuyo vencimiento está previsto para el 30 de noviembre.

Al asumir Kiciloff se encontrará con los fondos para el pago de los sueldos, aguinaldos y los diferentes planes sociales. Estos planes cubren 1,2 millones de kilos de alimentos mensuales destinados a organizaciones sociales, comedores y merenderos; vaso de leche para más de 400 mil niños; 1,7 millones de niños que reciben alimentos en los colegios, y la asistencia a 600 mil madres del Plan Programa más Vida. Además, dispondrá de los recursos para el refuerzo de fin de año para cárceles y el operativo Sol entre otros, según precisaron fuentes de la gobernadora María Eugenia Vidal. También confirman desde la provincia que los $ 50.000 millones de déficit que registra el territorio no serán cubiertos por el gobierno nacional.

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Ya pronostican que la inflación se acelerará en noviembre y diciembre

Según la Fundación de Investigaciones Económicas (FIEL), en noviembre será «cercana a 4%» y en diciembre «será un poco más alta» dado que subirá «al orden del 5%».

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La inflación de noviembre se ubicará en un nivel «cercano al 4 por ciento», mientras en diciembre será «un poco más alta», en torno al 5 por ciento, estimó el economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas (FIEL), Juan Luis Bour.

Luego de que el INDEC diera a conocer que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) creció en octubre un 3,3%, Bour calculó que habrá una aceleración en el último bimestre.

Al reconocer que la cifra oficial fue mejor a la esperado por analistas privados y consultoras, sostuvo que la inflación del año se ubicará «entre 55 y 56 por ciento», al tiempo que señaló: «Es difícil que sea un número distinto».

Asimismo, subrayó que en noviembre será «cercana a 4%» y en diciembre «será un poco más alta» dado que subirá «al orden del 5%».

En diálogo con FM Milenium, resaltó que se debe tener en cuenta una serie de factores, como la devaluación, y argumentó: «Cuando se desacelera, ocurre lo que pasó en los últimos 30, 40 días, que el tipo de cambio se mantuvo en torno a los 61 pesos».

«Noviembre va a ser un poco más alto que en octubre», analizó, aunque destacó que «la primera semana del mes fue baja por los descuentos del Cyber Monday».

Bour remarcó que esas promociones «tiran para abajo a los precios de artículos para el hogar y electrodomésticos».

A la vez, puntualizó que la inflación en los últimos dos meses de 2019 también dependerá de «la actitud de las empresas frente a un posible anuncio de congelar precios» al hacer referencia a los casos de ajustes anticipados «por las dudas».

En tanto, el economista advirtió que el nivel de actividad «está bajo» y evaluó que «para que ello se revierta, los depósitos deben dejar de caer para que, a su vez, los préstamos dejen de caer».

De ese modo, Bour consideró que tendrá un efecto de «arrastre» para el próximo año.

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