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Economía

Diputados dio media sanción a la nueva ley de biocombustibles

El proyecto establece un nuevo marco regulatorio y propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre las naftas y bioetanol.

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La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de biocombustibles, en una maratónica sesión que comenzó pasadas las 14. La norma recibió 135 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones y fue girada al Senado para su sanción definitiva.
La iniciativa contó con el respaldo del Frente de Todos y bloques aliados, y fue rechazado por Juntos por el Cambio -aunque algunos de sus miembros votaron a favor-, Consenso Federal, el socialismo y la izquierda.
El nuevo marco, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, reduce del 10% al 5% el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel, a diferencia del combustible elaborado a base de caña de azúcar, en que los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla obligatoria.Otro punto del proyecto que generó resquemores es el que habilita a la Secretaría de Energía a «elevar el referido porcentaje obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas».

De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% «cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras».

Al exponer como miembro informante del oficialismo, el titular de la comisión de Energía, Omar Félix, indicó que «esta ley propone atender las necesidades específicas del sector, sin descuidar el interés de los consumidores, con el objetivo de proteger la economía de todos los argentinos”.

“Adaptamos el marco regulatorio a nuevos escenarios y generamos con la nueva norma herramientas que den previsibilidad, sustentabilidad, y seguridad jurídica al sector”, sostuvo y recordó que durante el macrismo «hubiese sido bueno que en lugar de importar combustibles, se hubiera cubierto la demanda por biocombustible de origen nacional».

A continuación tomó la palabra la legisladora mendocina de Juntos por el Cambio, Jimena Latorre, que por el despacho de minoría, argumentó que “esta es una ley que fomenta la corrupción y castiga a la inversión. Una cosa es un Estado presente, otra cosa es intervencionismo de un Estado ineficiente».

Sus afirmaciones le valieron un cruce con el diputado del Frente de Todos, Germán Martínez, quien pidió una interrupción para hacer una aclaración: «Que a nosotros nos digan que esto tiene que ver con corrupción, con amiguismo y todo eso, me parece que es absolutamente desubicado y además, merecería otro tipo de acción dentro de lo que estipula el reglamento de la Cámara de Diputados».

Acto seguido invitó a la diputada preopinante a revisar su celular, «a ver si tengo algún tipo de teléfono o llamado de algún empresario amigo y que me diga si ella puede decir lo mismo de los empresarios de su provincia».

El diputado del Frente de Todos por Córdoba, Eduardo Fernández, aclaró el objetivo del proyecto de ley y dijo que «estabiliza los beneficios del sector por 10 años, los segmenta y los integra a una política pública en materia de producción y desarrollo nacional coherente, sostenible y responsable”.

“De fondo estamos discutiendo entre libre mercado o un Estado presente. No legislamos para dos o tres empresarios, legislamos por los intereses de las mayorías y dentro de esas mayorías están los empresarios», sentenció.

En tanto, el diputado de Juntos por el Cambio, Omar De Marchi, pidió votar la prórroga al régimen existente, que ya cuenta con media sanción del Senado, y criticó que no haya «un plan de desarrollo para el sector de los biocombustibles”.

Además, cuestionó el papel que le otorga el proyecto a la Secretaría de Energía. «Esta Super Secretaria va definir los volúmenes de ventas, la política de precios y sanciones. A sola firma del Secretario. Y lo mas grave, es que esta Ley prohíbe la instalación de nuevas empresas. Esto concluye en un mercado claramente limitado, cautivo y con tendencia al monopolio. Y con una evidente destrucción de la mano de obra Argentina».

Por su parte, el titular de Consenso Federal, Alejandro «Topo» Rodríguez, pidió seguir debatiendo el tema y «no votar este proyecto para devolverle a la Argentina una política de biocombustible que no afecte el ambiente, no atente contra la producción federal y genere trabajo”.

En tanto, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, expresó: «Los tiempos nos ponen en la necesidad de acompañar el proyecto, ya que no podemos arriesgar los más de 30 mil puestos de trabajo, las inversiones y esfuerzos tecnológicos realizados. Sólo pido que debatamos otra matriz energética».

«No se dieron los espacios para discutir el problema de fondo, que es la matriz energética y la producción. Sólo se habló de dinero e inversiones, sin pensar en el impacto medioambiental o si se es sostenible prorrogarlo por 10 años», aclaró.

La diputada del Frente de Izquierda, Mónica Schlotthauer, dio las razones de su rechazo al proyecto por considerar que «beneficia a un grupo de agrodepredadores», e insistió en plantear que el Congreso debe tener «otras prioridades».

El diputado socialista, Enrique Estévez, insistió sobre la cuestión ambiental y pidió «incorporar la mirada ambiental al modelo de país que queremos. Fomentar una economía circular, generar puestos de trabajo y tener una matriz energética más limpia, además de un desarrollo verdaderamente federal”.

«Si siguen gobernando los partidos que representan a este gran empresariado no tenemos salida para poder transformar la intoxicación, el envenenamiento que están haciendo para hacer grandes fortunas», dijo durante su discurso en el recinto.

Al cierre, el diputado del Frente de Todos, Marcos Cleri, uno de los autores del proyecto, indicó: “Estamos cuidando nuestra economía y a los productores nacionales. Industrializar en plantas nacionales es pensar en el futuro. Necesitamos tener precio, corte y trabajo argentino como garantiza esta ley con mirada integral y federal”.

Con respecto a la sustitución de importaciones, el proyecto establece que la autoridad de aplicación puede adoptar los medios para lograr ese objetivo «con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo».

En ese aspecto, la iniciativa fija que las empresas de biocombustibles que decidan abastecer dichas mezclas deberán garantizar la provisión de los productos en cuestión. En caso contrario, podrían ser sancionadas por la autoridad de aplicación.

El proyecto, por su parte, mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).

En la agenda de la sesión, también se incluyó un proyecto de la diputada del PRO, María Luján Rey, que incorpora al Código Procesal Penal, el artículo 469 bis que establece un máximo para la resolución de los recursos de Casación.

«El tribunal de alzada deberá resolver el recurso y dictar su fallo dentro del período de noventa (90) días hábiles, solo pudiendo prorrogar ese plazo por única vez y por un plazo extra de 20 (veinte) días hábiles mediante resolución fundada, la que deberá ser notificada a las partes con una antelación de diez (10) días hábiles antes del vencimiento del primer plazo dispuesto», indica el texto de la iniciativa.

Cambios en la ley de contracepción quirúrgica

La Cámara de Diputados aprobó también, por amplia mayoría y giró al Senado, un proyecto que modifica la ley de contracepción quirúrgica para extender a las personas con discapacidad el derecho de expresar su voluntad para acceder a la realización de las prácticas denominadas «ligadura de trompas de Falopio» y «ligadura de conductos deferentes o vasectomía».

El plenario legislativo aprobó esta iniciativa con el respaldo mayoritario de 237 legisladores de todas las fuerzas políticas y solo votó en contra el legislador del Frente de Todos, Esteban Bogdanich, mientras que el macrista Francisco Sánchez se abstuvo.

La iniciativa busca poner la legislación a tono con lo dispuesto sobre capacidad de las personas en el Código Civil y Comercial vigente y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De esta manera se está «cumpliendo con un reclamo que las personas con discapacidad vienen realizando en pos de su autonomía, desde hace varios años».

El Código Civil y Comercial de la Nación vigente adopta una nueva concepción sobre la capacidad, y establece que «no es un atributo que se le otorga o se le quita a una persona sino un derecho humano y en consecuencia la incapacidad se prevé como excepción debiendo mediar sentencia judicial».

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Acción Social y Salud Publica, el diputado del Frente de Todos, Pablo Yedlin, explicó que el «objetivo de esta ley es que las personas con discapacidad no puedan ser intervenidas quirúrgicamente para una contracepción sin haber expresado claramente su voluntad».

En ese sentido, la legisladora oficialista Lucila Massin -autora del proyecto- explicó que esta iniciativa «es fruto del trabajo colectivo y se nutrió del aporte de organizaciones de personas con discapacidad y los respectivos informes técnicos. Estamos garantizando un derecho humano y saldando una deuda de la democracia».

De la elaboración del proyecto participó activamente la Agencia Nacional de Discapacidad, el organismo que se encarga de dictar las políticas públicas sobre el área. «Todas las personas con discapacidad tienen derecho a brindar su consentimiento previo, libre, pleno e informado a la esterilización quirúrgica, en igualdad de condiciones con las demás personas. Solo se puede esterilizar a una persona con discapacidad si ella solicita la práctica y brinda su consentimiento por sí misma y con sistemas de apoyo», su Director Ejecutivo, Fernando Galarraga.

Fuente: https://www.ambito.com/politica/diputados/dio-media-sancion-la-nueva-ley-biocombustibles-n5210967

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Economía

El índice de desocupación bajó al 9,6% en el segundo trimestre del año

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la sub ocupación demandante, que comprende a la gente que trabaja menos de 35 horas semanales, aumentó al 8,5% contra el 5% del segundo trimestre del año pasado.

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El índice de desempleo se ubicó en el 9,6% al cierre del segundo trimestre, por debajo del 13,1% de igual período del 2020, y del 10,2% del primer trimestre del corriente año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, la sub ocupación demandante, que comprende a la gente que trabaja menos de 35 horas semanales, aumentó al 8,5% contra el 5% del segundo trimestre del año pasado, mientras que los “no demandantes” bajó al 3,9%, contra el 4,6% de igual lapso anterior.

Entre el segundo trimestre del 2021, e igual período del año pasado, el Producto Bruto Interno (PBI) creció 17,9%, si bien retrocedió 1,4% en relación al nivel de actividad registrado en el primer trimestre del corriente año, según datos del Indec.

Al observar la composición de la población ocupada por rama de actividad, se destaca que, en la comparación interanual, el rubro Construcción aumentó su participación en 1,6 puntos porcentuales (de 6,9% a 8,5%); Transporte, almacenamiento y comunicaciones, en 0,7 puntos (de 7,3% a 8,0%), Otros servicios comunitarios, sociales y personales en 0,7 puntos (de 4,8% a 5,5%) y Hoteles y restaurantes, en 0,6 puntos (de 2,8% a 3,4%).

En base a estos números, el Indec calculó que la cantidad de desocupados fue de alrededor de 1.273.000 personas en el segundo trimestre, frente a una población económicamente activa de 13.254.000 en condiciones de trabajar en los principales centros urbanos.

Además, dio cuenta también que se redujo fuertemente el ausentismo, producto del Covid-19 entre ambas mediciones. Cuando operaban a pleno las restricciones para combatir la pandemia alcanzaba al 21,1% y esa tasa bajó al 4,8% entre abril y junio de este año.

Los niveles de mayor desocupación se anotaron en Santa Rosa, la capital de La Pampa, con el 13,3%; seguido por Tucumán, y Córdoba, ambas con el 12,4%; Rosario, 11,8%; Mar del Plata 11,6%; Rawson-Trelew, 10,7%; Salta 10,4%; y el Gran Buenos Aires, donde se concentra casi un tercio de la población del país, con el 10,2%

El informe del Indec precisó también que en el segundo trimestre de 2021, la tasa de actividad (TA) -que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población- alcanzó el 45,9%; mientras que la tasa de empleo (TE) -que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total- se ubicó en 41,5%; y la tasa de desocupación (TD) -personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA- se ubicó en 9,6%.

Infografía.

Infografía.

Al analizar las poblaciones específicas para la población de 14 años y más por sexo, la tasa de actividad de las mujeres fue de 48,4%, mientras que la de los varones fue de 69,1%.

A nivel geográfico, la región Cuyo presentó la mayor tasa de actividad en el segundo trimestre del año con el 47,9%, seguida por la región Pampeana (47,0%).

Por el contrario, las regiones Patagonia (42,9%) y Noreste (42,5%) presentaron las menores tasas de actividad.

Del total de trabajadores ocupados en el período, el 72,6% son asalariados, de los cuales 31,5% no tienen descuento jubilatorio, por lo que desarrollan sus tareas en de manera informal.

En tanto, el 23,2% son trabajadores que laboran por cuenta propia; el 3,7% son patrones o dueños de los emprendimientos; y el 0,5% corresponden a trabajadores familiares sin remuneración.

El informe detalló también que en el segundo trimestre del año el 17,9% de los ocupados realizó sus tareas desde sus viviendas, de manera remota, en medio de la segunda ola de coronavirus.

De este subtotal, entre los ocupados asalariados, el 9,5% utilizó sus propias maquinarias/equipos para realizar su trabajo de manera online.

En el plano educativo, el 31% de los trabajadores cuenta con secundario incompleto, el 26,4% con secundario completo, el 42,6% presenta un nivel entre superior y universitario (completo o incompleto). /Télam/

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Economía

Lanzan Mi Pieza, el programa de ayuda del Gobierno de hasta $ 240.000 para mujeres

El programa se enfocará en realizar obras de mejoramiento de techo, pared, pisos o aberturas, división de interiores y refacciones menores.

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El Ministerio de Desarrollo Social presentó “Mi Pieza”, el nuevo programa nacional de asistencia económica para mejoramiento y ampliación de viviendas en barrios populares que estén registrados en el ReNaBaP dirigido a mujeres mayores de 18 años.

Dicho programa se enfocará en realizar obras de mejoramiento de techo, pared, pisos o aberturas, división de interiores, refacciones menores de plomería y/o electricidad y ampliación de viviendas.

El programa es compatible con cualquier prestación social, incluido el Potenciar Trabajo, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) de Anses.

Mi Pieza: quiénes pueden participar

Esta iniciativa está orientada a:

  • Mujeres mayores de 18 años
  • Argentinas o con residencia permanente y residentes en barrios populares del ReNaBaP
  • Que cuenten con el Certificado de Vivienda Familiar.

¿Cómo sé si tengo el Certificado de Vivienda Familiar?

Podés verificarlo a través de Mi Anses siguiendo estos pasos:

1. Ingresá a la página o aplicación con tu clave.
2. Seleccioná la pestaña «Programas y beneficios».
3. Elegí la opción «Certificado de Vivienda Familiar».
4. Clickeá el botón celeste de acceso al certificado.

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Economía

El índice de desempleo alcanzó 12,4% en el Gran San Miguel de Tucumán

Unos 48.000 habitantes del principal aglomerado urbano están sin un puesto laboral.

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El Indec publicó este jueves los datos oficiales de la desocupación en el país. Las cifras alcanzan el 9,6% durante el segundo trimestre del actual año. Esto implica que 1,3 millones de argentinos están con complicaciones laborales.

En la provincia de Tucumán, el porcentaje es mayor a lo registrado en el resto del país. La tasa de desocupación ha sido del 12,4%, según el relevamiento realizado en el Gran Tucumán-Tafí Viejo.

Esto radica en que 48.000 habitantes del principal aglomerado urbano están sin un puesto laboral. Hace un año, los números indicaban que había 41.000 tucumanos afectados por la falta de trabajo.

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