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Política

El Gobierno nacional denunció a Macri y exfuncionarios por el envío de material bélico a Bolivia

La presentación lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.

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El Gobierno Nacional denunció este lunes al expresidente Mauricio Macri y casi una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de «material represivo» a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

La denuncia, a la que accedió Télam, lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.

La presentación realizada ante la justicia federal denuncia «el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional».

Los funcionarios del Gobierno nacional afirmaron en la denuncia que el objetivo de aquel envío fue «poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales».

«El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero», se indicó en la denuncia.

El envío

El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, de acuerdo la denuncia de las autoridades bolivianas.

Esta maniobra habría contado con la participación de Macri y «Patricia Bullrich (exministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex Embajador Argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas), Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC)», según la presentación judicial.

La denuncia señala, además, a «Gerardo José Otero, (exdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos Yavorski (excomandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (exdirector de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina)».

Los argumentos

En base a la información recolectada hasta el momento, «se observa la posible comisión de los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación», se indicó en la denuncia.

La denuncia de Bolivia

Los hechos salieron a la luz cuando la embajada argentina en Bolivia descubrió una misiva del entonces Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, dirigida al entonces embajador argentino en ese país, Normando Álvarez García, fechada el 13 de noviembre de 2019, en la que se dio cuenta de la recepción de municiones, gases lacrimógenos y granadas de gas.

La carta fue dada a conocer el pasado 9 de julio por el Canciller boliviano, Rogelio Mayta, en una conferencia de prensa y a partir de allí se suscitaron a una serie de investigaciones administrativas por parte del Gobierno Nacional, a través de las cuales se recolectó información y documentación que corrobora el envío del material.

El texto

De acuerdo a la denuncia a la que accedió Télam, el envío «se pretendió encubrir bajo la necesidad de proteger la Embajada argentina» y el material se desvió «hacia las fuerzas armadas bolivianas».

«La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final a las fuerzas armadas que días antes habían derrocado el gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas, las recordadas ´masacres´ (según las calificó la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de Sacaba y Senkata», señalaron los funcionarios que firmaron la denuncia.

«No se trata de cualquier tipo de contrabando, sino de uno que tuvo como fin reforzar la capacidad de acción de fuerzas armadas que se habían levantado sediciosamente en armas contra un gobierno constitucional y contra el pueblo boliviano. Fin que las autoridades nacionales no podían desconocer: enviaron municiones y material represivo a sabiendas de que sería usado contra al pueblo de Bolivia por parte de las fuerzas sediciosas», enfatizaron.

La denuncia, que será sorteada este martes en los tribunales federales de Comodoro Py, incluye 14 documentos oficiales certificados y sugiere al menos 8 medidas de prueba para el inicio de la investigación.

El anticipo de Soria

«Estamos trabajando sobre una denuncia con distintos organismos del Estado porque también han violado tratados y convenciones», había anticipado el ministro de Justicia, Martín Soria, quien explicó que «seguramente en las próximas horas va a haber novedades porque el hecho es gravísimo».

El viernes pasado, el Gobierno boliviano difundió una carta en la cual daba detalles del envío desde Argentina hacia Bolivia de material bélico y de armamento para reprimir protestas sociales luego del golpe de Estado de noviembre de 2019, en el cual Jeanine Áñez derrocó del poder al presidente Evo Morales.

Al hablar con radio 10, Soria indicó que a Macri «el Código Penal le queda chico» y dijo que el exmandatario «cargó las armas de la dictadura boliviana».

Martín Soria trabaja en una denuncia.

Martín Soria trabaja en una denuncia.

«El Código Penal argentino les queda chico a Mauricio Macri y compañía. No solamente se los investiga por las fechorías que hicieron en nuestro territorio y las penurias en las que sumergieron a todos los argentinos, sino también en otros países, por delitos graves», completó.

El ministro resaltó que el mismo día que la exministra de Seguridad Patricia Bullrich (actual presidenta del PRO) y otros funcionarios «pedían autorización para sacar el armamento y las municiones supuestamente para defender la embajada argentina en Bolivia», estaba asumiendo Áñez.

En el mismo sentido, el embajador de Bolivia en la Argentina, Jorge Ramiro Tapia, aseguró este lunes que «se ha corroborado» el ingreso de una nota junto a los materiales bélicos que el gobierno de Mauricio Macri envió en 2019 a Bolivia.

«La mentira tiene patas cortas, los que hicieron cosas que no debían, tienen que estar presos», completó el diplomático a radio 10, y sostuvo que el pueblo boliviano no quiere «ni olvido ni perdón, sino justicia».

Fernández y Arce

La cuestión fue abordada en la noche del domingo entre los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Bolivia, Luis Arce, en una videoconferencia que fue emitida por la TV Pública, en la que Fernández volvió a plantear que «la Argentina de aquellos días no se portó bien con los bolivianos».

El Presidente se mostró avergonzado por el hecho y su par boliviano le agradeció el gesto.

El Presidente se mostró avergonzado por el hecho y su par boliviano le agradeció el gesto.

«Estoy muy avergonzado porque la Argentina no se haya portado bien. Que el gobierno argentino de entonces (por la gestión de Mauricio Macri) no se haya portado bien. Pero tengo la íntima tranquilidad, Lucho, que sabés que siempre estuve al lado de ustedes y trabajé por la vida de Evo y de tantos compañeros perseguidos en Bolivia», subrayó el jefe de Estado.

Desde La Paz, Arce remarcó que tanto el propio Fernández como el resto de la administración del Frente de Todos «no tenían por qué sentirse avergonzados» ya que, reconoció, «el Gobierno del pueblo argentino se ha portado siempre bien con nosotros, los bolivianos».

En el mismo sentido le agradeció al Presidente por «todo lo que han hecho por Evo» y por «todas las gestiones que han hecho para poder darles lo mejor que tenían».

La reacción de Patricia Bullrich

Por su parte, la titular del PRO y ministra de Seguridad durante la gestión de Cambiemos, Patricia Bullrich, se defendió de las acusaciones a través de una carta publicada en redes sociales y dirigida al presidente Alberto Fernández.

Allí asegura que «dolor y vergüenza causa la imprudencia, la impudicia y la velocidad con las que usted compromete al Estado Argentino al reconocer semejante acusación sin la mínima indagación ni prueba, por el solo hecho de que en ese momento gobernaba el país un presidente de un partido diferente al suyo».

Patricia Bullrich aseguró que el material era para proteger la embajada argentina.

Patricia Bullrich aseguró que el material era para proteger la embajada argentina.

«El gobierno del presidente Mauricio Macri cumplió con su deber de resguardar la Embajada Argentina en Bolivia, protección que alcanzó no sólo al señor embajador y personal diplomático, sino también a dos ministros renunciantes del gobierno del señor Evo Morales: el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la ministra de Planificación, Mariana Prado Noya», remarca Bullrich en otro tramo de la carta.

Las investigaciones

Hasta el momento, por lo menos dos organismos del Estado anunciaron el inicio de investigaciones formales por el envío de este armamento a Bolivia.

La Unidad Fiscal Especializada en la investigación de ilícitos relacionados con armas de fuego, explosivos y demás materiales controlados (Ufiarm) anunció el pasado 9 de julio el inicio de una investigación a cargo del fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, Gabriel González Da Silva.

Indicaron que en el marco de esta pesquisa se dispusieron «una serie de medidas probatorias, entre ellas, el requerimiento de información a la Presidencia de la Nación, a distintos ministerios de la Nación y a la Gendarmería Nacional, con el propósito de comenzar a colectar elementos que permitan avanzar a dilucidar tales episodios a la mayor brevedad posible y determinar, en su caso, sus posibles autores o partícipes».

Por su parte, la Dirección General de Aduanas (DGA) inició una investigación para determinar «la eventual existencia de delito en la exportación de armas de fuego y otros materiales controlados al Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre de 2019».

«El organismo que depende de la AFIP también inició una segunda investigación para controlar la regularidad de los procedimientos llevados adelante por la DGA» durante el Gobierno de Mauricio Macri, informaron fuentes oficiales.

Télam

Política

Diputados pone fin a las sesiones mixtas y regresa a la presencialidad

Tras la decisión del titular de la Cámara baja se volverá a las deliberaciones en el recinto en forma presencial como sucedía antes de la declaración de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, firmó esta tarde una resolución para eliminar las sesiones virtuales, con lo cual se volverá a las deliberaciones en el recinto en forma presencial como sucedía antes de la declaración de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

La Resolución establece en su artículo 1° que se establecerá el Protocolo para el Funcionamiento Parlamentario con Recinto Protegido “con el total de miembros que componen la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”.

“Las diputadas y los diputados de la Nación podrán estar presentes en todas las sesiones que sean convocadas respetando las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias y siempre que posean resultado negativo de COVID-19”, indica el texto.

Los legisladores deberán realizarse un test de PCR en las 72 horas previas al inicio de la sesión o un test rápido de antígenos 48 horas antes.

Massa les había comunicado ayer alas autoridades de bloques del oficialismo y de la oposición que se retomarían las sesiones presenciales en lugar de las mixtas, como se viene haciendo desde hace un año y medio.

En el caso de las reuniones de comisión, la resolución establece que serán las autoridades de las comisiones quienes «podrán decidir por la opción de trabajo mixto (presencial y remoto) o remoto». En el caso de la presencialidad, se deberán respetar «las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias», con la elección de espacios de dimensiones que permitan el distanciamiento establecido en los protocolos vigentes.

En tanto, continuarán exceptuados de asistir en forma presencial, los diputados y diputadas que tengan condiciones preexistentes de salud o estén encuadrados dentro de los grupos de riesgo.

Por último, la resolución aclara que «no podrán asistir presencialmente a las sesiones ni a las reuniones presenciales de comisión quienes tengan un diagnóstico positivo para COVID-19 ni las personas consideradas ‘contacto estrecho’ de un caso confirmado».

Con la eliminación del sistema virtual, se convocará en los próximos días a la primera sesión presencial después de la del 27 de febrero de 2020, cuando se trató el tema de las jubilaciones de privilegio de los magistrados.

El temario que se quiere acordar para la próxima sesión incluye la ley ovina, la autorización para la salida e ingreso de tropas para los ejercicios conjuntos con otros países y el proyecto de etiquetado frontal.

El sistema implementado a través de un protocolo desde mayo de 2020 establecía que solo iban a estar en el recinto no más de 50 legisladores, mientras que el resto lo haría en forma virtual, y la votación debía hacerse por un sistema Red Privada Virtual (VPN).

Este protocolo, que provocó algunos cortocircuitos entre el oficialismo y la oposición, se fue modificando a lo largo del año a medida que fue cediendo la cantidad de contagiados y se avanzó en la vacunación contra el coronavirus.

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Política

Jaldo pidió más policías en las calles tras reunirse con Maley, funcionarios de Seguridad y la cúpula policial

Dialogaron sobre las acciones desarrolladas en materia de seguridad para la prevención del delito.

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El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, recibió esta mañana en Casa de Gobierno al ministro de Seguridad Claudio Maley y funcionarios de su carterael jefe y subjefe de la Policía de Tucumán, Manuel Bernachi Juan Rolando Gómez,  junto a toda la cúpula policial de Tucumán.

En su primer día en el sillón de Lucas Córdoba, Jaldo adelantó que las prioridades para el inicio de su gestión iban a ser la Educación y la Seguridad. Con este fin, es que se reunió en esta jornada con las autoridades del Ministerio de Segurid

Analizaron la tarea que viene realizando la fuerza en la provincia y el pedido por parte del gobernador interino, de mayor presencia policial en toda la provincia, ya que es un pedido de toda la sociedad.

Jaldo hizo referencia luego de la reunión de los temas que se trataron y los pedidos que le realizó, para que sean implementados a la brevedad:» sabemos que una de las mayores preocupaciones de la gente, se da en materia de seguridad, por ello esta reunión con el ministro de seguridad, el jefe, el subjefe de policía, y toda la plana mayor, para coordinar y tener mayor presencia policial en las calles, porque la sociedad necesita respuestas inmediatas y mucho más en materia de seguridad, asi que en conjunto vamos implementar medidas para que el vecino sienta esa protección por parte del estado».

El ministro Claudio Maley, destacó:» esta reunión de trabajo, con todos los funcionarios del ministerio y la plana mayor de la policía, fue para informar y brindar detalles al contador Jaldo a cargo del poder ejecutivo, de las tareas y que estamos realizando, y lo que se realizará, también del trabajo en conjunto para seguir combatiendo el delito y bajando los índices delictivos, estas reuniones son necesarias e importantes».

Luego del encuentro, el ministro Maley dijo: Hablamos de la situación general en sí, los trabajos que venimos llevando adelante. La situación edilicia, personal, capacitación, registros de los distintos índices delictivos, el trabajo coordinado con la justicia, con la mesa interjurisdiccional y con los distintos ministerios, organismos e instituciones”.

Asimismo, declaró: «el Gobernador nos pidió que le informemos la situación real y hemos escuchado algunas indicaciones que nos ha pedido. La observación marcando siempre la presencia del estado en el territorio”.

Comentó que se expuso la labor que se viene desarrollando en el Servicio Penitenciario en el tratamiento de la población en contexto de encierro, en coordinación con los juzgados de ejecución con el Ministerio Público Fiscal y la Corte Suprema de Justicia.

Hemos comentado los registros, números que venimos teniendo en cada una de las áreas, tanto en Transporte como en la Policía. Los análisis criminológicos de los hechos para avanzar en la diagramación de operativos y marcar la presencia del Estado en territorio con la Policía”, aseveró.

Maley aseveró que Jaldo requirió la necesidad «de bajar los índices -delictivos-, redoblar esfuerzos y trabajar con más presencia. Hablamos de lo que tenemos proyectado, como la adquisición de recursos, medios de protección, movilidad y capacitación. Había una necesidad de informar y comentar algunas cuestiones que a él le llamaban la atención”.

Plan de Seguridad 

En cuanto al plan de seguridad, Maley comentó: “Cuando hablamos de prevención del delito, nos referimos a un plan de seguridad consistente en un análisis y estudio de situación. Para ello, dentro del Ministerio de Seguridad tenemos una Secretaría de Control de Gestión y, en la Policía, tenemos un Departamento de Inteligencia Criminal”.

Declaró: “hemos especializado a nuestro personal. Elevado la categoría y niveles de investigación y de resultado. De hecho, todos los homicidios los tenemos esclarecidos y lo que no lo están, tres o cuatro casos, se encuentran en investigación”.

Formación y equipamiento 

En Pandemia, el Ministro dijo que Seguridad continuó con la formación del personal: “llevamos capacitadas más de 8300 personasUn número muy importante sobre los 10 mil efectivos de la Policía y los 1200 del Servicio Penitenciario. Con la Ley Micaela capacitó al personal del Ministerio de Seguridad, de la Policía y el Servicio Penitenciario. Estamos al servicio de la ciudadanía, atendiendo la calle y para ello nos hemos capacitado”.

Comentó además que están planificadas inversiones y asignaciones de créditos para mejorar las comisarías, construcciones penitenciarias y equipamiento de protección y movilidad para el personal.

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Política

Referentes de Smata, Suterh, Uocra, UTA y Camioneros fueron recibidos por Jaldo

El vicegobernador, a cargo del PE, destacó la importancia de la avanzar en mayores inversiones privadas para dar más empleo.

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El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, se reunió en Casa de Gobierno con el secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Luis Diarte; el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal Filial Tucumán (SUTERH), Alejandro Medina, el secretario general del Sindicato Camioneros; César Torres, el secretario general de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), César González y con el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), David Acosta.

Del encuentro también participó el vicepresidente primero de la Legislatura, Regino Amado; el intendente de la Banda del Rio Salí, Darío Monteros y el referente político, Guillermo Gassenbauer.

«Estuvimos reunidos con secretarios generales de SMATA, UOCRA, UTA y SUTERH. Esto demuestra que como Gobierno de la provincia vamos a seguir trabajando con el sector público y privado», expresó el mandatario. Y agregó que «sobre SMATA nos preocupa que está pasando en esa actividad, como Scania. Si hablamos del sector camioneros, evaluamos en que situación están y cuales son los niveles de producción que tenemos«, sostuvo Jaldo.

En ese sentido, Jaldo sostuvo que «vamos a trabajar mucho con el sector privado de común acuerdo con todo lo que tiene que ver las diferentes actividades de la producción: necesitamos recuperar puestos de trabajo«.

«La semana que viene voy a tener una reunión con la interventora del IPV, Stella Maris Córdoba para que exponga en que estados administrativo están las viviendas que ya están asignadas para la provincia», enfatizó.

Por su parte, Diarte dijo que: «Estamos a disposición del Gobernador para lo que necesite y a darle el respaldo institucional. Queremos transmitirle que los compañeros acompañamos a la gestión de esta Gobierno provincial y nacional».

«El peronismo siempre está a la par de los trabajadores y de los que más necesitan», remarcó el secretario.

Jaldo está preocupado por nuestra actividad y como se desarrolla ya que somos una herramienta que dinamiza la economía, la que pone en marcha al país y a Tucumán», concluyó.

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