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El juez Martínez De Giorgi quedó a cargo del juzgado de Claudio Bonadio

Reemplazará al fallecido magistrado por un periodo de un año, según definió la Cámara Federal

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En la mañana de hoy, se designó a Marcelo Martínez de Giorgi al frente del juzgado federal Nº11 de Comodoro Py, por un año, tras la muerte del juez Claudio Bonadio.

Este reemplazo fue definido por sorteo público con bolillero realizado por la Cámara Federal porteña y de la elección no participaron María Servini, Luis Rodríguez, ni Daniel Rafecas, quienes se excusaron.

Hasta el día de hoy y desde fines del año pasado, el juzgado Nº 11 estuvo a cargo de Sebastián Casanello, pero su designación fue transitoria ya que había sido elegido para una subrogancia de un mes antes de la muerte de su par.

Actualmente, en su juzgado, De Giorgi tiene la causa por los sobornos que habría pagado Odebrecht para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y fue quien dictó los procesamientos para el ex ministro Julio De Vido y otros funcionarios y la falta de mérito para empresarios, pero la Cámara Federal anuló esa decisión.

Además, también tramitó el expediente por la Fundación de la Madres de Plaza de Mayo, que derivó en el procesamiento de la titular de la asociación, Hebe de Bonafini; de De Vido y de los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, entre otros.

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La doble indemnización no alcanzará a trabajadores estatales

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El Gobierno de la Nación dejó establecido este lunes mediante un decreto, que la doble indemnización por despido no se aplicará a los trabajadores del sector público. Esta aclaración llega luego de que algunos jerárquicos nombrados en el gobierno anterior trataran de obtener el beneficio.

La disposición 156 se publicó en el Boletín Oficial y remarca que la doble indemnización fue restituida mediante el decreto 34/2019 «para atender la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos y, al mismo tiempo, evitar que se acreciente el nivel de desprotección de los trabajadores y trabajadoras formales, de modo de poder establecer pautas esenciales para el incremento de la demanda y la consecuente puesta en marcha del aparato productivo».

Además, se explica que al disponer de esa medida «se aludió a la dinámica del empleo asalariado registrado privado».

«Una interpretación que condujera a extender los alcances del referido decreto al ámbito del sector público nacional estaría desprovista de toda razonabilidad y, a la vez, implicaría un palmario apartamiento de la letra y el espíritu de la norma», se advirtió.

El decreto aclaratorio que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández y de todos los ministros del gabinete nacional, también añade que «no obstante ello, resulta necesario aclarar el alcance de esta última, en lo referido al universo de las trabajadoras o trabajadores alcanzados, a fin de evitar eventuales distorsiones en la recta aplicación de aquélla».

Y finaliza indicando que se aclaró la norma debido a «que ha tomado estado público la situación que se ha suscitado en el ámbito de distintos organismos y entidades del sector público nacional, en los que altos directivos con responsabilidades jerárquicas pretenden encontrarse abarcados por las previsiones de la norma»

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«Quieren imponer una falsa idea de ajuste», sostuvo Alberto Fernández

El defensor de la Tercera Edad adelantó que pedirá que se declare «inconstitucional».

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El anuncio del aumento a los jubilados ha despertado una polémica que pareciera ser, no acabará pronto. Y mientras desde el Gobierno Nacional defienden la medida a capa y espada otros sectores se mostraron disconformes con la iniciativa e incluso adelantaron que irán a la Justicia.

A través de Twitter, en las últimas horas, se expresó Alberto Fernández intentando poner fin a las discusiones. «Ciertos medios afirman que ha habido un ajuste sobre los jubilados cuando en realidad eso no pasó», afirmó.

«Difunden de modo sesgado un informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) para poder imponer esa falsa idea del ajuste», agregó el Presidente.

Junto a su mensaje, también difundió un descargo de Hernán Letcher, director de CEPA, donde se asegura que se está «retendiendo instalar un ajuste fiscal en las jubilaciones que no se condice con la realidad».

«El aumento para los primeros tres quintiles (el 60% de los casos) superaría la fórmula de la movilidad anterior, el cuarto quintil quedaría al nivel de la inflación estimada por CEPA y solo el 20% quedaría por debajo de la inflación», exploca Letcher.

Y sentencia: «Considerando una inflación de 16,9% para ese semestre (7), la actualización de diciembre más el aumento de marzo queda por encima, recuperándose 0,4% de poder adquisitivo sin considerar el bono y 8 puntos porcentuales si se considera el bono».

En tanto Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, cuestionó los aumentos de jubilaciones y aseguró que solicitará que la Justicia lo declare «inconstitucional», ya que»es violatorio de un montón de leyes».

«Es muy agraviante para el sistema de seguridad social», afirmó el dirigente.

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Aborto: en el Senado habría más votos en contra que a favor de la despenalización

En principio, hay 36 senadores a favor de «cuidar las dos vidas». Del lado de los «pañuelos verdes», habría 32 legisladores, un voto más que los obtenidos en la primera discusión.

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El futuro proyecto de ley sobre legalización y despenalización del aborto no tiene, en principio, los votos suficientes en el Senado para ser aprobado, porque los legisladores que se inclinarían por la negativa están muy cerca de obtener la mayoría absoluta, lo que clausuraría cualquier discusión, al menos, por el actual año parlamentario.

El presidente Alberto Fernández planteó varias veces durante la campaña electoral y, más recientemente, en los últimos días, la necesidad no solo de despenalizar, sino también de legalizar el aborto.

“Hay que despenalizar y legalizar el aborto, las dos cosas. Porque de otro modo no puede funcionar: para que todas las mujeres tengan la posibilidad de acceder a la salud pública para tener la atención adecuada”, planteó el mandatario la semana pasada a radio Continental.

Fernández advirtió, además, que el hecho de que “esa práctica sea legal, no significa que sea obligatoria”, en alusión a que no interfiere sobre quienes estén en desacuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo.

Con todo, y de acuerdo con los números preliminares, la cuestión tendría más votos en contra que a favor.

Además, tal como ocurrió hace dos años, la discusión atraviesa los bloques de manera transversal y los preceptos ideológicos parecerían quedar de lado. En agosto de 2018, el proyecto de Legalización del Aborto, que había sido aprobado en Diputados por escaso margen, resultó rechazado en la Cámara alta por 38 votos contra 31, es decir, mayoría absoluta en contra de la iniciativa.

Con la renovación de bancas de diciembre de 2019, y el impulso que el flamante Poder Ejecutivo busca darle a la iniciativa, volvieron a hacerse los cálculos y el número se inclina otra vez hacia los que rechazarían la idea.

En principio, hay 36 senadores a favor de “cuidar las dos vidas”. En ese número se repiten los legisladores que hace dos años votaron del mismo modo y que, se supone, no cambiaron de opinión. Además, se cuentan algunos legisladores que en 2018 eran diputados y votaron en contra de la legalización del aborto.

Del lado de los “pañuelos verdes”, habría 32 legisladores, un voto más que los obtenidos en la primera discusión.

Sin embargo, otros cuatro legisladores permanecen en duda: los peronistas Edgardo Kueider (Entre Ríos), Mario Mirabella (Santa Fe) y Edgardo Neder (Santiago del Estero), además de Lucila Crexell del Movimiento Popular Neuquino. De esos cuatro, sólo Crexell participó de la discusión por el aborto en el Senado en 2018, cuando presentó un proyecto de ley alternativo.
La senadora neuquina, junto con el santafesino Omar Perotti (hoy gobernador de su provincia), fueron las únicas dos abstenciones en la votación.

Los partidarios del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo deberían lograr que estos cuatro legisladores cuya opinión está en duda voten con ellos y modificar algunas posiciones entre los que representan a los “pañuelos celestes”, que son quienes están en contra de la legalización del aborto. De lo contrario, el rechazo a la ley se daría una vez más.

En cambio, si quienes están a favor del aborto logran que sólo los cuatro legisladores que aún no expresaron su opinión sobre la cuestión se sumen, el Senado estaría ante un empate: 36 a 36.

En ese caso, la presidenta de la Cámara alta, y vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, tendrá la obligación de desempatar.

Con información de Telam.

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