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Política

En vilo: definen un paro de colectivos para este viernes en Tucumán

César González, titular de UTA, se expresó en estado de alerta ante la negativa de los empresarios del transporte público y a horas del vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

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«Este viernes vence la conciliación pero no llegamos a ningún acuerdo. Nosotros solicitamos que se retracten de los despidos, es la solución que venimos buscando, así que vamos a ver cómo se define la situación». Las palabras pertenecen al titular de UTA, César González, luego de la reunión que mantuvo con el vicegobernador, a cargo del Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, en Casa de Gobierno.
No prosperó la reunión del Gobierno con los referentes de UTA y AETAT a los fines de consensuar una solución en el conflicto que atraviesan las partes y son horas de definición de cara al vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.
César González señaló que uno de los motivos del conflicto que amenaza con trasladarse en un paro de colectivos para este viernes se debe a que los empresarios sostienen la postura de no reintegrar a los 150 choferes despedidos, al tiempo que advirtieron que pueden haber más despidos, atento a la crisis que presenta el sector.
«Ellos siguen con la postura de no reintegrar a los 150 compañeros despedidos, así que vamos a esperar la audiencia de mañana para ver los pasos a seguir. Además, ellos plantearon la situación económica de las empresas al decir que no están en condiciones de afrontar el aumento paritario ni el pago de las remuneraciones del mes de noviembre», señaló el titular de UTA.
«Si no hay una solución, dicen que está la posibilidad latente de que despidan más compañeros. Ellos plantean que están en una situación económica bastante compleja y que no pueden seguir prestando servicio en las condiciones que lo vienen haciendo y amenazan que se van a producir más despidos si no hay una solución«, explicó.
«Si en la audiencia de este viernes al mediodía no hay una solución las partes quedan liberadas y cada uno evaluará los pasos a seguir. Si no llegamos a un acuerdo mañana, al mediodía, en la audiencia que está estipulada en la Secretaría de Trabajo las partes quedan liberadas para tomar las medidas que cada uno crea necesarias», aclaró en alusión a un posible paro. «Vamos a llamar a una reunión para evaluar esta situación y mañana le vamos a solicitar a todos los compañeros que estén en la audiencia», concluyó en declaraciones a LV12.

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Política

La Provincia invertirá $70 millones para la limpieza del canal Sur

El gobernador Juan Manzur supervisó este lunes las obras de limpieza que realiza la Dirección Provincial del Agua (DPA) sobre 2.600 metros del lecho del Canal Sur. Allí, operarios y máquinas levantan el material árido y orgánico para mantener el encofrado de hormigón del canal a fin de evitar desbordes e inundaciones y dar previsibilidad al futuro parque industrial que se está construyendo en la zona.

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Entre el puente Ferroviario y la desembocadura del río Salí, se retira la basura domiciliaria, tierra y árboles que son arrastrados por las aguas desde las sierras de San Javier que llegan a través de los canales Cainzo y Yerba Buena. Los trabajos forman parte del plan de obras de saneamiento que demandan una inversión de alrededor de $70 millones de fondos provinciales.

Son trabajos para ensanchar toda la luz del canal, prevenir inundaciones y facilitar la evacuación de agua”, dijo Manzur y remarcó que las obras se realizan con el objetivo de generar previsibilidad ya que “acá se está construyendo un parque industrial y vemos que cada vez hay mayores posibilidades de inversión”.

El Primer Mandatario adelantó que “se da un paso adelante en el Tucumán productivo porque se podrán hacer galpones y obras de infraestructura para seguir generando inversiones y dando trabajo”.

Manzur estuvo acompañado por la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse; el vicepresidente primero de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse; el diputado Mario Leito; la secretaria de Obras Públicas, Cristina Boscarino y el concejal José Luis Coronel.

“Aún en este contexto que estamos viviendo, el Gobierno de la Provincia no se detiene en lo que tiene que ver con planificación, saneamiento y obras de limpieza tan importantes como la del canal Sur, que atiende una zona muy populosa de la ciudad”, explicó Carolina Vargas Aignasse.

La secretaria de Obras Públicas detalló que los trabajos se realizan con máquinas y camiones para remover más de un metro y medio de alto de basura. “Hay que tomar conciencia de que todos estos desperdicios son parte de lo que la gente arroja al Canal Sur. La ciudadanía no debe tirar basura al canal, porque la función de este es prevenir las inundaciones”, advirtió Boscarino.

Este tipo de limpieza se hizo en 2016, tras 20 años de que el canal no tuviera mantenimiento, indicó la secretaria de Obras Públicas. “Esto forma parte de un conjunto de obras junto con el canal Nueva Esperanza, el de Yerba Buena y, en el sur, la limpieza del canal Chileno, alrededor de la ciudad de Lamadrid”.

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A su turno, Gerónimo Vargas Aignasse destacó que el canal va a recibir el desagüe del canal Yerba Buena donde se hace una inversión de $270 millones quintuplicando la capacidad. “Realizamos la limpieza para evitar inundaciones, prevenir el dengue y dar certeza al parque industrial aledaño a este canal que seguirá ampliándose”.

Leito remarcó que, producto de la gestión del presidente Alberto Fernández, “hay tantos convenios de obras que se firmaron en Tucumán y por eso se puso en marcha la obra pública para el mejoramiento de la calidad de vida de los tucumanos”.

Finalmente, el concejal Coronel destacó: “la limpieza de los cursos hídricos es algo muy importante para los barrios que tiene canalizaciones que desembocan en el Canal Sur, que está funcionando a un 30% de su capacidad y que tiene muchos sedimentos. Una inversión de $70 millones para que este canal quede limpio en un lugar donde hay empresas que se están radicando”

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Las crisis sucesivas que se le acumulan a Alberto Fernández

La curva de contagios de coronavirus tiene en vilo al Gobierno, que teme un colapso del sistema sanitario a pesar de los casi cinco meses de aislamiento estricto

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«Esto no está funcionando». Alberto Fernández se sinceró esta semana ante unos datos sanitarios que lo alarman. El peligro de colapso del sistema hospitalario, sobre todo en el conurbano, sigue latente. Axel Kicillof le mostró un estudio que proyecta en 15 días una ocupación del 91% de las camas de terapia intensiva si no se ralentizan los contagios de coronavirus.

El anuncio de la nueva etapa de cuarentena, que terminará al cumplirse casi cinco meses de encierro, se ofreció como un acto de resignación, con reproches a la sociedad por la falta de cuidados y sin otra respuesta para contener la escalada de casos que dejar «todo como está».

Hay una inquietud cercana a la desesperación en algunas áreas del Gobierno. La receta que mantuvo en niveles comparativamente bajos la cantidad de muertes empieza a revelarse ineficiente. Se suceden días con más de 100 decesos, el impacto económico se asume como devastador y renacen con fuerza flagelos de siempre, como la inseguridad urbana.

A un presidente habituado a postergar las decisiones incómodas se le acumulan las urgencias. La «última, última, última» oferta de canje de deuda terminó en otro fiasco -apenas un tercio de los bonistas aceptaron- y el ministro Martín Guzmán recibió la orden de hacer otra adaptación para evitar un default prolongado de acá a fin de mes. El plan de reconstrucción pospandemia sigue en gestación: se sabe el número de medidas -60-, pero queda la engorrosa tarea de resolver su contenido.

En línea con la tradición de Cristina, el Presidente exhibe dificultades para interpretar a las clases medias urbanas y rurales

Ese panorama oscuro no impidió que Fernández volviera a priorizar los ejercicios de equilibrio interno. La presentación de la reforma judicial marcó una cima de esa característica presidencial, con una puesta en escena que no maridaba bien con las palabras: el Salón Blanco de la Casa Rosada, reservado para las grandes ceremonias, albergaba el atril presidencial y 38 sillas situadas a distancia sanitaria. Todos los asistentes, hasta los granaderos de la puerta, llevaban barbijo. En ese ambiente distópico, el anuncio de un proyecto que responde a las obsesiones personales de Cristina Kirchner alarmó incluso a figuras relevantes del Frente de Todos, que perciben -en línea con lo que denuncia la oposición- una disociación entre la agenda política y las preocupaciones ciudadanas.

«El equilibrio que hace hacia adentro de la coalición, lo desequilibra hacia afuera», sintetiza un dirigente peronista que tiene diálogo habitual con Fernández.

Ya le había pasado con la expropiación fallida de Vicentin, a la que finalmente tuvo que renunciar el viernes con un decreto derogatorio del que dispuso intervenir la empresa. Aquella gesta la «soberanía alimentaria» en junio termina sin gloria dos meses más tarde, apenas matizada por el fastidio con una población a la que soñaba ver aplaudiendo (y no aporreando cacerolas).

En línea con la tradición de Cristina, el Presidente exhibe dificultades para interpretar a las clases medias urbanas y rurales. Se enreda a menudo también con la fascinación por justificar acciones pasadas para no mirar el presente ni proyectar un futuro. El ejercicio recurrente de discutir en público si la culpa del colapso económico es de la pandemia o de la cuarentena simboliza esa obsesión. «Se nota mucho lo que hacen los medios», dijo ayer, en un eco de las palabras de Kicillof del día anterior que había celebrado Cristina en Twitter.

Pero lo que en ella se interpreta como un atributo que refuerza su personalidad política (celebrada por su feligresía), en él termina por convertirse en un rasgo que debilita la autoridad presidencial. Se suponía a Fernández como un articulador político que tenía los sensores capaces de corregir esa falencia que históricamente puso un techo de aprobación social al kirchnerismo.

Se instala entonces una pregunta que anima las charlas políticas, tanto de oficialistas como de opositores. ¿Es Cristina la que le entorpece la gestión? ¿O la supuesta ambición insaciable de la vicepresidenta es una excusa perfecta para no asumir la responsabilidad de tomar las riendas del poder en una situación de extremo dramatismo?

Los gobernadores peronistas y muchos intendentes del conurbano todavía mastican su frustración por la ausencia de un llamado de la Casa Rosada a construir un núcleo de apoyo al Presidente. Esperaban que ocurriera en diciembre, pero entendieron la cautela inicial. Les cuesta mucho más concebir que se haya desperdiciado la oportunidad única que significó la lucha contra la pandemia, con el apoyo público fenomenal de los primeros días. Creen que aún hay tiempo.

¿Se atreverá el peronismo a consumir horas de debate público en pleno shock de la pandemia con un plan que buena parte de la sociedad considera un salvataje a Cristina por sus causas de corrupción?

El riesgo que asume el Presidente es enfrentar sin un grupo de respaldo propio la crisis económica más profunda de la historia argentina, que hará eclosión justo en un año electoral.

Diálogo cerrado

El dialoguismo albertista se diluye en las formas. Se habla mucho más y con más respeto con los ajenos que en la encarnación anterior del kirchnerismo, pero sin que eso se traduzca en acciones políticas concretas.

En el Gobierno se descartó avanzar en una convocatoria amplia a la oposición, como alguna vez se había sugerido. La reforma judicial era una oportunidad: no hay grandes diferencias entre la refundación de Comodoro Py que promueve Fernández y la que pretendía la gestión macrista en 2018. Pero el timming y la simultaneidad con otras jugadas de potencial impacto en la situación procesal de Cristina Kirchner impidieron cualquier intento de un acuerdo virtuoso.

Si hubo alguna posibilidad de consenso se terminó de dinamitar a partir de la designación del abogado de la vicepresidenta Carlos Beraldi en la comisión para reformar la Corte.

Hay unanimidad en Juntos por el Cambio respecto del rechazo a la reforma, a pesar de todas las diferencias que mantienen en tensión a la alianza opositora. Todo hace prever que el proyecto tendrá los votos en las dos cámaras, pero los dirigentes cambiemitas ponen la mira fuera del Congreso, en la opinión pública. ¿Se atreverá el peronismo a consumir horas de debate público en pleno shock de la pandemia con un plan que buena parte de la sociedad considera un salvataje a Cristina por sus causas de corrupción? Los banderazos de ayer pueden ser una señal. Un espejo posible del caso Vicentin.

En las últimas horas se esboza también una diferencia con Horacio Rodríguez Larreta, que pone en riesgo el pacto del Covid. El Presidente cuestionó fuerte que mantuviera la reapertura de comercios en avenidas a partir de mañana, que se sale de la promesa de «dejar todo igual». Es posible que ese distanciamiento se potencie a lo largo de agosto.

Tampoco arrancó nunca el diálogo tan anticipado con los sectores productivos. Los empresarios y gremialistas directamente empezaron a reunirse entre ellos a buscar las soluciones que el Estado no promueve (más allá del reparto de subsidios). En ambos lados del mostrador ven un gabinete sin volumen político -hay quien lo compara con el de Mauricio Macri– y hacen apuestas sobre posibles cambios. El juego libre de los sindicatos en momentos en que hay un peronista en el gobierno es todo un síntoma.

El Frente de Todos articula poder fuera de la Casa Rosada, con el eje Máximo Kirchner-Sergio Massa. Y está plagado de jugadores independientes que erosionan al gobierno. Hay casos anecdóticos, como el de la embajadora designada Alicia Castro, que despotrica contra el canciller por la osadía de considerar «autoritario» a Nicolás Maduro. Pero otros más tóxicos para la autoridad presidencial, como la estrategia de Sergio Berni para enfrentar el problema creciente de los delitos violentos en el conurbano. El ministro de Seguridad bonaerense actúa como un comentarista público de la inseguridad, que moldea el discurso de modo que la responsabilidad recaiga en el gobierno nacional.

Berni es una pieza delicada, en palabras de un miembro del gabinete: «Molesta su conducta, pero tocarlo hoy sería un error». Al conurbano le esperan días muy delicados, entre la suba de contagios que pone una presión agobiante en el sistema hospitalario y las consecuencias del fin de la veda delictiva. No se pueden permitir una crisis en el manejo de la seguridad, argumentan.

Las urgencias mandan. El Presidente termina una semana en la que cumplió con expectativas internas y prorrogó el estado de anormalidad cotidiana impuesto por la pandemia. En la calle la crisis sacude con sus coletazos variados. La receta del aislamiento sin final a la vista se topa con sus límites para detener el virus y moderar sus consecuencias, casi hasta resumirse en una confesión de impotencia. Es cruzar los dedos y esperar.

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Política

La tucumana Ávila ya no vota con el Gobierno en Diputados y complica el quórum

Como había anticipado LPO, el intendente de la capital se acercó a Cambiemos y su esposa se negó a apoyar el salvataje a Cistóbal López. La dependencia de los partidos provinciales.

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El artículo 11 de la moratoria, que permite ingresar a empresas que hayan quebrado y Cambiemos califica como una amnistía encubierta al empresario kirchnerista Cristóbal López, fue aprobado en Diputados con sólo 130 votos, uno más que lo necesario para el quórum propio, síntoma de que al frente de Todos no le sobra nada para conseguir leyes polémicas.

Y la causa principal es la autonomía de Roberto Lavagna y la rebelión de dos miembros de Unidad Federal para el Desarrollo, el bloque presidido por el mendocino José Luis Ramón. Se trata de Beatriz Ávila y Antonio Carambia, que rechazaron el polémico artículo y obligaron a Máximo Kirchner a ajustar clavijas para que no se cayera.

Fue necesario el apoyo de Eduardo «Bali» Bucca, el jefe del interbloque federal, donde conviven lavagnistas, cordobeses y socialistas santafesinos. Sumó a su par salteño Andrés Zottos y Andrés «Topo» Rodríguez, mano derecha del ex candidato presidencial, ayudó con la abstención.

Ávila votó en contra y lo justificó: «Es cierto que hay muchas empresas a las que tenemos que llevarles alivio, pero hay que diferenciar a las que han llegado a la quiebra por la crisis económica y la pandemia, de aquellas que sus titulares cometieron hechos delictuales en contra del fisco».

Como explicó LPO, su marido, el intendente de San Miguel de Tucumán Germán Alfaro, explora un acuerdo con Cambiemos para las elecciones legislativas de 2017, cuando Ávila debe pelear por renovar el mandato.

Cambiemos impulsa un acuerdo de Amaya y Alfaro para enfrentar al sucesor de Manzur

Su nombre se hizo conocido en la escena nacional cuando en noviembre se apartó del interbloque Cambiemos junto a Carabmia y Pablo Ansaloni. Se plegaron al que armó Ramón, líder de un partido provincial de Mendoza (Protectora), al que se agregaron también el rionegrino Luis Di Giácomo y tres misioneros, al mando de Ricardo Wellbach.

Carambia también votó en contra el artículo 11 y el motivo no sería muy distinto al de su compañera: el hermano es el intendente de Las Heras, José María Carambia, quien considera que ya es tiempo de confrontar con su gobernadora Alicia Kirchner pensando en 2021. «Tiene que diferenciarse y no hay incentivos a seguir esperando», confiaron a LPO desde su entorno. En tiempo de pandemia, las ayudas de Nación no llegaron como esperaba.

Así las cosas, los números están finos para temas que alimenten la grieta. El oficialismo tiene 118 votos, porque resigna a José Ignacio de Mendiguren, de licencia para presidir el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Necesita 11 más para llegar al quórum y Ramón ofrece sólo 6: por ahora, Ansaloni sigue fiel, por la sintonía que logró con el gobierno su jefe directo, el secretario general de UATRE Ramón Ayala. Su mandato vence el año que viene y no tardará en preguntar por su futuro.

Entre los lavagnistas, Graciela Camaño y Jorge Sarghini armaron su proyecto para no exculpar a López, pero el trío Bucca, Zottos y Rodríguez no lo siguió. Todo un síntoma. Las leyes dependerán de los partidos provinciales, árbitros indiscutidos de la Cámara de Diputados.

Los son los 4 cordobeses leales a Juan Schiaretti, quien hace una semana se aseguró su porción de Aportes para el Tesoro Nacional (ATN) y de ayuda para pagar jubilaciones. Mientras esos flujos no se corten, seguirá colaborando. «Nuestro único límite es cuando tocan al electorado que nos hace ganar, como el campo», explican.

La rionegrina Arabela Carreras tiene a Di Giácomo para negociar y en Misiones, el gobernador Oscar Herrera Ahuad y su jefe político, Luis Rovira, piden favores a cambio de sus tres votos. En diciembre, hicieron sentir su desagrado por el nombramiento de su coterráneo Sergio Lanziani como secretario de Energía.

Suelta y con mucho poder queda Alma Sapag, de Neuquén, que también votó a favor del artículo 11 de la ley de moratoria, la primera prueba de fuego en el recinto para el Frente de Todos desde que hay sesiones remotas. La pasó con lo justo

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