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Argentina

Espías de la AFI escucharon 220 conversaciones entre abogados y detenidos ligados al kirchnerismo

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Los espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habrían interceptado un total de 220 llamados entre abogados y sus defendidos, todos alojados en el módulo IRIC del penal de Ezeiza, a comienzos de 2019. Esa información amplía lo revelado por Ámbito ayer respecto a las 109 comunicaciones que abarcan a medio centenar de defensores, algo que no solo está prohibido por la ley de inteligencia, sino que también vulnera toda clase de garantías procesales en el marco de la confidencialidad que rige entre clientes y abogados, cuyas estrategias de defensa en causas penales pudieron ser escuchadas en tiempo real por los espías que comandaba Gustavo Arribas. Es que hasta ahora, como detalló este diario, se relevaron 4 cajas con información de desgrabaciones que formaban parte de la causa “Operativo Puf”, a pedido del juzgado en el que quedó radicada el espionaje ilegal que se investigó en Lomas de Zamora. Sin embargo, resta relevar el contenido de otras dos cajas adicionales que forman parte de la prueba, junto con las grabaciones que realizó la AFI de los pabellones A, C y D del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

Esas certificaciones, en pleno proceso, se sumarán a las comunicadas el 5 de octubre pasado a las que tuvo acceso Ámbito, donde se detallaba el contenido de cuatro cajas en las que se había identificado que los espías discriminaban las 109 comunicaciones en la que los internos –exfuncionarios kirchneristas, empresarios y algunos detenidos por otras causas, incluido narcotráfico- conversaban con sus abogados. A veces se los identificaba, en los informes de las transcripciones con su nombre completo, con el de pila, mencionando que el diálogo contenía la palabra “doctor” (y se infería que era su abogado), o si la charla versaba sobre algún expediente en curso. Parte de esas comunicaciones habían sido filtradas a los medios en el intento de impulso de la denominada “Operación Puf”, pero se desconocía, hasta ahora, que parte del objetivo de la AFI había sido detallar en sus informes las conversaciones de los detenidos con sus abogados. Las transcripciones son prueba de ello ya que se remarca, en especial, que se trata de letrados. Eso es lo que certificó el juzgado cuando a fines de septiembre se les solicitó que informasen el contenido del material reservado. Ahora se le agregan otros 111 diálogos adicionales que están en las otras dos cajas.

Causas
La mayor parte de los detenidos estaban en prisión preventiva, alojados dentro del módulo destinado al programa penitenciario IRIC (Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad). Las escuchas de sus llamados con abogados privados y también con defensores oficiales impactan en un amplio abanico de expedientes: “Cuadernos”, “Gas Natural Licuado”, “Oil Combustibles”, “La Ruta del dinero”, “Hope Funds”, “Operación Sapucay”, “Río Turbio”, entre otras. Hasta ahora, no se encontraron registros correspondientes al Pabellón B, al menos de los diálogos que involucren a letrados. El puntilloso registro de la AFI que plasmó en las transcripciones (cuyo destino hacia arriba en la estructura del Gobierno se desconoce) incluye charlas coloquiales, meras averiguaciones o novedades sobre el trámite de procesos, pero también instrucciones que los imputados daban a sus defensores, algo celosamente protegido por la legislación anglosajona para el ejercicio de la defensa en juicio, una garantía constitucional. La gravedad del episodio radica en que los espías tuvieron acceso a estrategias y movimientos de las defensas en tiempo real. “Pueden desprenderse responsabilidades judiciales muy grandes”, opinó ayer en C5N el secretario de Justicia Juan Martín Mena respecto a la posible vulneración de la confidencialidad que implica la intervención de los espías, enfocados en informar las charlas que mantenían los exfuncionarios con sus abogados de causas en curso, con juzgados a cargo de los detenidos.

La Corte
Para enfatizar la gravedad de lo que estaba en juego, la propia Corte Suprema expresó su postura cuando las escuchas comenzaron a proliferar y emitió una Acordada en junio de 2019, cuatro meses después de las fechas que registran los diálogos interceptados por la AFI. El máximo Tribunal “sigue con preocupación los acontecimientos de público conocimiento vinculados a la difusión pública de la captación de comunicaciones, cuya interceptación y captación solo puede ser dispuesta por orden judicial en el marco de procesos penales en curso”, aseguró la Acordada 17/2019. Allí no solo enfatizaba la necesidad de resguardar esas conversaciones en la esfera de la intimidad –más allá de que estuvieran privadas de la libertad- y mencionó el precedente “Quaranta”. Hizo referencia al convenio de monitoreo sobre la Dajudeco (de quien dependen las escuchas) en la auditoría que derivó en las lapidarias conclusiones que Ámbito publicó, en exclusiva, el 26 de diciembre de 2020. En su desarrollo, además de subrayar las prerrogativas de actuación que tenía la oficina de escuchas y la responsabilidad de los magistrados a cargo y de los funcionarios intervinientes, la Corte dedicó un apartado a la “Confidencialidad absoluta de las comunicaciones entre abogado y cliente”. El punto VI de lo acordado fue que: “La interceptación de las comunicaciones entre un imputado y su abogado defensor constituye una grave violación a la garantía constitucional de defensa en juicio. Sin la garantía de la defensa en juicio, toda la población ve comprometida la vigencia del estado constitucional de derecho”. Fue firmada por los cinco ministros, por unanimidad.

A partir de ahora, cualquiera de los involucrados podrá solicitar la certificación de esa prueba que puede incidir en el desarrollo de procesos abiertos, algo que también ha preocupado al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal –que aglutina de manera formal a los matriculados- que han sido víctimas en su tarea de representación de sus clientes, y también del Ministerio Público de la Defensa, ya que en las intercepciones hay referencias también a contactos con defensores oficiales.

El registro de este tipo de espionaje con un nivel de prueba apreciable es inédito en la historia.

Fuente: Ámbito

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Argentina

El Ministerio de Salud reportó cuatro muertos y 908 nuevos casos de Covid-19 en Argentina

Suman 5.279.818 los casos confirmados y 115.823 las víctimas fatales en la Argentina.

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El Ministerio de Salud reportó este sábado 908 nuevos contagios y 4 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. Según el reporte diario, ya son 5.279.818 los casos confirmados y 115.823 las víctimas fatales en la Argentina. Los activos, en tanto, suman 18.386 y las personas dadas de alta totalizan 5.145.609.

Las vacunas aplicadas en la Argentina

Según datos del Monitor Público de Vacunación, en el país ya se aplicaron 57.450.735 vacunas. Del total de personas inmunizadas, 32.303.976 recibieron la primera dosis del suero y 25.146.759 la segunda. En tanto, suman 68.274.909 las unidades distribuidas en todo el país.

El avance de la vacunación a nivel mundial

Hasta la fecha, Chile es el país con el mayor porcentaje de inmunizados, con el 84.7% de su población vacunada. Le sigue España, con el 81.2%, y Dinamarca con el 76.9%. La Argentina superó a Israel, con el 70.9% de la población inmunizada con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus y más del 50% con ambas. /TN

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Argentina

El 1 de diciembre se va a realizar la evaluación Aprender 2021

Las alumnas y los alumnos serán evaluados en Lengua y Matemáticas.

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El Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaria de Evaluación e Información Educativa (SEIE), implementara la evaluación estandarizada Aprender 2021 en forma censal para aproximadamente 770 mil estudiantes de sexto grado de las 23 mil escuelas primarias argentinas.

«Con la presencialidad plena en todas las escuelas del país, se hace posible implementar una herramienta como esta y así conocer la situación educativa de cada chica y cada chico de la Argentina. Los resultados nos van a permitir analizar, reflexionar y tomar las decisiones para cumplir con nuestra responsabilidad de seguir recuperando aprendizajes y garantizar el derecho a la educación de todas las y los estudiantes”, sostuvo el ministro de Educación nacional, Jaime Perczyk.

Las alumnas y los alumnos serán evaluados en Lengua y Matemática. Además, se aplicaran cuestionarios complementarios tanto para las y los estudiantes como para los equipos directivos, con el objetivo de obtener información sobre las características de las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

La realización de la evaluación estandarizada Aprender 2021 se enmarca dentro del Plan Nacional de Evaluación 2021-2022, aprobado por resolución del Consejo Federal de Educación el 7 de julio del corriente ano. La prueba permitirá sistematizar y poner en valor evidencias diversas sobre la situación de la educación primaria y secundaria en Argentina, con foco en el periodo de funcionamiento excepcional del sistema educativo debido a la pandemia COVID-19. Los distintos operativos posibilitaran componer un mapa del estado de la educación en el país con la mayor complejidad e integralidad posibles.

Durante las jornadas del 24 de agosto y el 7 y 8 de septiembre, se realizó la prueba piloto de Aprender 2021 en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes y Rio Negro, para validar el instrumento de evaluación que será aplicado en la prueba definitiva.

Mediante este dispositivo se busca conocer el grado de dominio que alumnas y alumnos tienen sobre un recorte especifico de contenidos y capacidades cognitivas desarrolladas durante su trayectoria escolar. De la misma manera, se propone relevar información sociodemográfica de cada una de las escuelas y estudiantes participantes con el propósito de identificar los distintos factores de naturaleza estructural y contextual que inciden sobre el aprendizaje.

Los resultados de la evaluación Aprender 2021 estarán disponibles para especialistas y el publico en general a partir de junio de 2022, integrados en un informe que dará cuenta del desempeño del nivel primario en Argentina durante 2021.

FUENTE: Argentina.gob.ar

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Argentina

Provincias y municipios apoyaron el acuerdo de precios y se suman a los controles

Los distritos manifestaron su adhesión a la decisión del Gobierno nacional de mantener por 90 días los precios de 1.432 productos de consumo masivo. Habrá sanciones para las empresas que no cumplan la resolución de la Secretaría de Comercio Interior.

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El Gobierno nacional renovó este jueves la advertencia de que serán sancionadas las empresas que no cumplan la resolución de la Secretaría de Comercio Interior.

«El Gobierno vigilará la competencia equitativa entre las empresas y actuará con todos los recursos de la ley para sancionar a las que no cumplan la resolución», publicó este jueves -en su cuenta de Twitter- el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof apoyó que «se tomen cartas en el asunto para que nadie se haga el piola» para «cuidar el bolsillo de la gente» y consideró que «no hay justificativo para el aumento de los precios con estos costos».

En declaraciones a radio La Red y El Destape, Kicillof razonó que «cuando la economía crece rápidamente -porque la demanda y el consumo estaban interrumpidos por los cierres generados por el cuidado de la salud- hay que mirar con mucho cuidado el tema de los precios».

Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, afirmó que la resolución del Gobierno nacional implica «dar una señal a todos los consumidores, a todos los que necesitan tener previsibilidad de precios».

Varios intendentes bonaerenses manifestaron este jueves su intención de sumarse al control de la medida, como los jefes comunales de Ensenada, Mario Secco; Morón, Lucas Ghi; y Pilar, Federico Achával.

Secco aseguró que ordenará a los inspectores municipales a realizar un estricto control de precios para que en caso de incumplimientos en el acuerdo de precios por parte de los empresarios, «sacarle tarjeta roja a los vivos».

Ghi afirmó que los jefes comunales tienen «la obligación institucional» de controlar que se cumpla con el acuerdo dispuesto por la Secretaría de Comercio Interior, puesto que la medida busca «que la comunidad pueda consumir a precios razonables».

Achával dijo que los municipios intentarán que se cumpla la decisión del Gobierno nacional para «lograr que esos productos estén en la góndola al precio fijado».

Junto a los intendentes, la Defensoría del Pueblo provincial irá «al territorio» para «controlar que se cumplan los precios» acordados no solo para demostrar el «compromiso del Estado» en esa acción sino también para que «los ciudadanos se animen a denunciar», prometió su titular, Guido Lorenzino.

Kicillof y numerosos intendentes bonaerenses respaldaron el programa

Kicillof y numerosos intendentes bonaerenses respaldaron el programa

 

Santa Fe

En tanto, el secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, Juan Marcos Aviano, afirmó: «Entendemos debe ser el ámbito en el cual nos convoquen, para organizar y articular la manera de llevar adelante esto».

«Creo que se puede lograr, como se venía logrando con el programa Precios Cuidados», señaló Aviano, quien aclaró que la provincia comenzará las conversaciones con «los municipios y comunas que quieran articular y sumarse a la fiscalización».

Mendoza

Desde Mendoza, el diputado nacional José Luis Ramón le dijo a Télam que «sería excelente» si convocan a los consumidores, representados a través de las asociaciones de consumidores.

«Las asociaciones de consumidores tienen todas las posibilidades de hacer el relevamiento de los controles: el del observatorio de precios que es la cadena de comercialización que nace en la tranquera de un campo tambero y puede seguir toda la cadena de comercialización hasta que la leche llega a la góndola», afirmó.

Chubut

Por otra parte, el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de Chubut, Leandro Cavaco, confirmó que la provincia «se sumará al monitoreo de control de precios en línea con lo que dispuso el Gobierno nacional».

«Estamos esperando que formalmente nos den el listado de los productos para controlar y ahí estaremos, tal como lo venimos haciendo con el programa de Precios Cuidados», dijo el funcionario.

Jujuy

Desde Jujuy, el director de Control Productivo y Comercial, Carlos Luque, afirmó que «la provincia habitualmente hace control interno de precios cuidados y eso lo vamos a seguir haciendo».

«Como provincia veríamos con buenos ojos que nos den la capacidad de sancionar la ausencia de productos, tener la potestad de sancionar a las firmas que no cumplen con el pacto», dijo el funcionario ante la pregunta de Télam.

La Pampa

En La Pampa, la directora General de Defensa del Consumidor, Florencia Rabario, confirmó que la provincia «hará un acompañamiento para el cumplimiento y el control de precios» en los productos dispuestos por el Gobierno nacional.

Rabario sostuvo que la medida «era realmente necesaria y lamentablemente tuvo que ser aplicada en virtud de que no hubo acuerdo».

Advertencias

 

Desde el empresariado, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, afirmó este jueves que el sector al que representa no es formador de precios sino que constituye el «último eslabón» en la cadena de comercialización.

«Los empresarios queremos ayudar en todo lo que se pueda para que los precios no suban», dijo el representante de la CAC en declaraciones a radio 10 y La Red.

En ese sentido, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, destacó que 80% de los actores involucrados aceptó el acuerdo de precios y reafirmó que se trata de un diálogo que «está abierto para que el resto de las empresas que tengan diferencias puedan sumarse».

Por último, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, instó a los empresarios a «reconocer» la asistencia que el Gobierno nacional les otorgó durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus con un acompañamiento a esta medida.

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