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Este martes comienza el juicio a Cristina Kirchner por la obra pública

A partir del mediodía se presentará en tribunales de Comodoro Py.»El juicio es un acto de persecución en plena campaña», dijo la ex mandataria

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La precandidata a vicepresidenta se presentará en los tribunales de Comodoro Py, donde se hará la lectura de los requerimientos de acusación. La zona estará custodiada por la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería.
El juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Kirchner por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz durante sus dos mandatos comenzará este martes en los tribunales federales de Comodoro Py, en Retiro.

El juicio a la ex mandataria se iniciará a las 12 con la lectura de las acusaciones en la Sala AMIA, la más amplia del edificio judicial de Comodoro Py 2002 y ese trámite puede demandar más de tres jornadas, en las que todos los acusados tendrán la obligación de estar presentes.

La senadora y ex presidenta, su ministro de Planificación, Julio De Vido; Báez y otros diez acusados serán juzgados por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Para los fiscales que llevaron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, los acusados se asociaron de manera ilegal para favorecer a Báez con la adjudicación de 52 obras públicas en Santa Cruz entre 2004 y 2015, por un valor de $46 mil millones.

El debate se extenderá casi un año y está prevista la declaración de unos 160 testigos, entre ellos el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, quien el fin de semana fue anunciado como precandidato a presidente en una fórmula que compartirá con la propia Cristina.

Más de 50 policías federales se sumarán a la seguridad habitual del edificio, mientras los alrededores estarán custodiados por Prefectura y Gendarmería.

Los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, prevén iniciar el debate con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de los fiscales Pollicita y Mahiques; de los dos organismos querellantes, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), y el auto de elevación del juez de instrucción Julián Ercolini.

Si bien el juicio comenzará un martes, luego las audiencias pasarán a los lunes y el TOF 2 tiene previsto agregar una jornada semanal en cuanto sea posible para agilizar el trámite del proceso.

 

La precandidata a vicepresidenta aseguró que nunca debió haber sido citada al debate judicial por la obra pública que comienza este martes. «La denuncia es un refrito», consideró.
La precandidata a vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó este martes en Twitter que el juicio en su contra por la obra pública es «un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial».

Además, afirmó que «claramente no se trata de hacer justicia», sino «armar una nueva cortina de humo que pretende distraer a los argentinos y las argentinas de la dramática situación que vive nuestro país y nuestro pueblo».

La ex mandataria afrontará a partir del mediodía su primer juicio oral y público. Según la imputación, desde su gobierno se le asignaron contratos de manera presuntamente irregular al empresario Lázaro Báez. El veredicto podría conocerse dentro de un año.

Al respecto de esta acusación, Cristina indicó: «No se trata de una denuncia original sino de un refrito de denuncias desde el año 2008, armadas por diputados de la Coalición Civica, en las cuales Comodoro Py se declaró incompetente en el año 2011 y la justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de delito».

Cristina indicó que a su entender el juicio a su persona no tiene sentido en tanto no era ella la responsable de las obras públicas realizadas, sino que dependían del Ministerio de Economía y de la gobernación de la provincia. «Jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras. Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial», escribió.

Asimismo, la ex presidenta hizo alusión a las declaraciones de Leonardo Fariña, el arrepentido que admitió ser parte del mecanismo de lavado de dinero del empresario Lázaro Báez, y dijo: «Como frutilla del postre, también utilizan la ‘declaración’ del ‘arrepentido’ coucheado Fariña, quien se encuentra sujeto a una investigación criminal en el escandaloso caso D’Alessio por armado de causas truchas que se lleva adelante en el Juzgado Federal de Dolores».

«Los juicios deben buscar la verdad. Pero aquí no parece que esto vaya a ocurrir. Mientras a mi defensa le impiden contar con las pruebas más elementales, se incorpora la declaración de la Dip. Oliveto -alias Pau- y un libro de Daniel Santoro, ambos imputados en la causa D’Alessio», agregó Cristina.

Fuente Minuto Uno

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En la Legislatura entregaron las distinciones San Francisco de Asís

Fueron 40 personas y entidades las que por su trabajo en pos del medio ambiente fueron destinatarias de esta Distinción en la mañana de hoy. Los intendentes German Alfaro, Sebastián Salazar y Mariano Campero también recibieron reconocimientos.

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A través de una iniciativa del Legislador Raúl Albarracín y con el acompañamiento de los Legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente de la H. Legislatura, se realizó la entrega de las distinciones “San Francisco de Asís” a personas físicas y/o jurídicas que se destacaron por sus acciones en conciencia ambiental y cuidado del medio ambiente.

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En la ceremonia recibieron sus distinciones el Intendente German Alfaro por la creación del Parque El Provincial, un importante pulmón verde para el sur de la capital y el avance de importantes medidas para el impulso de una ciudad sustentable donde se prioriza al peatón y el fomento de prácticas saludable desde su gestión al frente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán; el intendente Mariano Campero por el programa Yerba Buena Sustentable que contempla acciones para optimizar los recursos, bajar los costos de recolección y reutilizar la energía producida; el Intendente Sebastián Salazar por el plan de recuperación de espacios verdes en la ciudad de Bella Vista; el Sr. José Brito, Director de Medio Ambiente de la Municipalidad de Monteros por sus proyectos «Erraficacion de Basurales» y «Forestacion con Kiri», entre otras iniciativas; la empresa BYOS dedicada a la recolección, tratamiento y reciclaje de aceites vegetales usados; Daniel Vega, intendente del Parque Aconquija; la Comisión del Bicentenario de Concepción en la persona del ex intendente de esa ciudad C.P.N Mario Saracho; la Línea 19; el Consorcio Publico Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Solidos, entre otras instituciones.

El autor de la iniciativa, Legislador Raúl Albarracín, dijo que “En tiempos en donde la creciente explotación de los recursos naturales nos plantean grandes desafios, es más que justo estar reconociendo a las personas que con sus acciones, tanto individuales como colectivas, están contribuyendo a la resolución de problemáticas ambientales desde un rol activo, fomentando un desarrollo sustentable».

Por su parte el intendente German Alfaro aprovechó la oportunidad para renovar su compromiso con el ambiente «en la ciudad estamos abocados a preservación de los espacios públicos, así ya inauguramos dos etapas de el Parque El Provincia, nos faltan la tercera y cuarta, en la última estaremos restaurando la infraestructura de la Estacion. Hoy la Municipalidad de Tucumán no tiene un terreno propio por eso es importante preservar lo poco que hay, preservar Campo Norte, las hectáreas que se puedan dar para realizar un Parque, porque eso va a mejorar la calidad de vida de los vecinos y si no se hace nos vamos a arrepentir en los próximos 15 o 20 años»
Al ser consultado sobre la posibilidad de concretar el Parque Norte en su próxima gestión manifestó «Yo nunca me doy por vencido, si hay iniciativa del gobierno provincial o municipal hay que hacerlo por eso creo que no hay que seguir desmembrandolo»

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Anses: cuándo y quiénes cobran el bono de $ 5.000

El Gobierno oficializó el pago de una “Bonificación Especial 2019” para unas 100 mil personas sin ingresos.

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El Gobierno Nacional definió la implementación de un subsidio por $5.000 para personas sin ingresos. El beneficio, denominado “Bonificación Especial 2019”, fue ideado para ser abonado por única vez a mayores de 18 años, argentinos o extranjeros con CUIL definitivo otorgado por Anses, señaló la cartera que encabeza Dante Sica.

La condición para su percepción es que la persona no reciba salario ni ingreso de otro tipo.

Para acceder al plan, en primer lugar se debe estar registrado en Anses con el número de CUIL definitivo que se tramita acercándose a una delegación del organismo con el DNI en el que figura el domicilio actual.

Para hacer el trámite no es necesario tener turno previo pero debe ser presencial sin excepción.

Una vez obtenida la constancia de CUIL Definitiva, se podrá tramitar el cobro del Bono de $5.000, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de la Delegación Anses que corresponda según la dirección de beneficiario.

¿Cuándo se cobra el bono de $5.000?

La fecha está prevista entre el 18 y 22 de octubre. Los únicos que se pueden registrar para cobrarlo son aquellas personas que estén desempleadas en situación de emergencia alimentaria y no reciban ningún plan. Caso contrario, no calificarán para la bonificación.

Importante

La “Bonifiación Especial 2019” de $5.000 no es para Jubilados, Pensionados ni personas que reciban Pensiones No Contributivas, Seguro de Desempleo, Trabajen en Relación de Dependencia, sean Empleadores, Personal de Servicio Doméstico Registrado, Monotributistas, reciban Becas por Programas de Empleo u otro Plan Social.

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Derribar el mito de los «planeros»: ¿de qué viven los pobres?

Lejos de la difundida idea de que muchos de los pobres prefieren no trabajar y vivir de planes sociales, la evidencia muestra que siete de cada diez pesos que reciben los hogares pobres son el producto de su trabajo y que solo uno de cada diez pesos proviene de AUH, planes de empleo, becas y similares.

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Buena parte de la población está convencida de que los más humildes viven, en su mayoría, de “planes”. Y de que esa es la causa por la cual “los que trabajan” se ven “asfixiados por los impuestos”, que se usan para “mantener vagos”. Veamos si, efectivamente, los pobres son pobres porque no se esfuerzan y prefieren vivir de planes…

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC deja en evidencia que, lejos de eso, la gran mayoría de los ingresos de los hogares pobres procede del mercado de trabajo. De hecho, la proporción de los ingresos provenientes del trabajo en los hogares pobres es similar a la de los hogares no pobres. En contrapartida, las transferencias monetarias directas dirigidas a la población vulnerable (planes de empleo y capacitación, AUH, becas escolares y similares, tanto del estado nacional como de las provincias y municipios) son apenas un complemento.

Tomando el último año para el que disponemos de las bases de datos (del segundo trimestre de 2018 al primero de 2019, periodo en el que la tasa de pobreza promedió 31,7%), analicemos cómo se componen los ingresos de los pobres (indigentes y no indigentes) y de los no pobres (en estratos, según la cantidad de canastas de pobreza que representan sus ingresos). Vale recordar que, a valores de septiembre, un hogar tipo del GBA (el monto varía de acuerdo con la composición del hogar y a la región donde reside) necesitó alrededor de $35 mil para no ser pobre y en torno a $14 mil para no ser indigente.

En los hogares pobres, el 70,5% de los ingresos totales provienen de ocupaciones laborales (sin incluir los planes de empleo), valor que resulta apenas inferior al del promedio de los hogares no pobres (73,0%).

Sin embargo, mientras que en los hogares pobres casi la mitad de los ingresos laborales provienen de ocupaciones informales (48%), en los hogares no pobres los ingresos de ocupaciones formales representan el 84% de los ingresos laborales. Dentro de los pobres, la participación de los ingresos laborales es más baja entre los indigentes, entre quienes además es mucho mayor el peso de las ocupaciones informales en la masa de ingresos laborales. En los no pobres, la mayor participación de los ingresos laborales se observa entre los sectores vulnerables (es decir, aquellos cuyos ingresos familiares se ubican apenas por encima de la línea de la pobreza), y el peso de las ocupaciones formales en el total del ingreso laboral se incrementa a medida que más arriba de la pirámide se ubica el hogar.

En contrapartida, los ingresos por transferencias directas no contributivas dirigidas a población vulnerable como la AUH, los planes de empleo (con contraprestación laboral) y de capacitación, las becas escolares, etc. representan solo el 9,3% de los ingresos de los hogares pobres: del total de estos ingresos, el 84% corresponden al ítem “ayuda social” donde el mayor aporte proviene de la AUH, el 12% a planes de empleo y el 4% a becas.

De esta manera, por cada ocho pesos de ingreso que los hogares pobres reciben por su trabajo, nos encontramos con apenas un peso proveniente de este tipo de transferencias.

Desde otro ángulo, mientras que el 85% de los pobres forman parte de hogares donde al menos uno de sus integrantes tiene ingresos laborales (valor casi idéntico al de los no pobres, 86%), apenas el 0,5% de los pobres integra hogares en el que todo el ingreso proviene de planes, AUH y similares.

En el caso de la población en hogares indigentes, la participación de estas transferencias en el total de la masa de ingresos alcanza al 25,2%, mientras que entre los pobres no indigentes cae al 7,9%. El peso relativo que los ingresos por estas transferencias tienen entre los indigentes no implica que sean sumas cuantiosas, sino, simplemente, a que sus ingresos originados en otras fuentes son exiguos: cada persona que integra hogares indigentes, en promedio y a precios de septiembre, recibe unos $550 mensuales por medio de estas transferencias, frente a los $3.600 que necesitaría para no ser indigente y a los cerca de $9.000 que requeriría para no ser pobre.

Cabe señalar que estas transferencias tienen distintos orígenes y objetivos. A diferencia del periodo transcurrido entre fines de los noventa y los primeros años del siglo, cuando la estrella eran los “planes de empleo”, actualmente la transferencia social directa cuantitativamente más importante es la AUH que está lejos de ser “un plan manejado por punteros”: constituyó una de las medidas de equiparación de derechos más importantes de las últimas décadas (los hijos de los trabajadores formales reciben ingresos por sus hijos por la vía de las asignaciones familiares o por la de deducción de ganancias) y, junto a las moratorias previsionales, fueron fundamentales para garantizar un piso mínimo de protección social que alcanza a casi todos los niños, niñas y adolescentes y adultos mayores de nuestro país.

Por otro lado, en los hogares pobres los ingresos por jubilación o pensión ocupan el segundo lugar luego de los ingresos laborales, al igual que entre los no pobres. Pero mientras representan 15,2% del total de ingresos en hogares pobres, en el resto representan una proporción mayor, especialmente en los sectores acomodados (23,8%), donde también tienen un peso destacado los ingresos por rentas y alquileres (3,4%). Los ingresos monetarios por cuota alimentaria o ayuda de otros hogares están presente en todos los segmentos, pero en mayor medida en los hogares pobres, especialmente entre aquellos que se encuentran en la indigencia (5,6%).

Para el periodo analizado, los ingresos de los hogares pobres representaron, en promedio, el 62% de lo que hubieran requerido para alcanzar el umbral de la línea de la pobreza. Esto significa que tuvieron los recursos necesarios para afrontar solo 18 días y medio de los 30 días del mes: 13 días con ingresos provenientes del trabajo, apenas algo más de un día y medio con los ingresos por AUH, planes de empleo, etc., y los otros cuatro días con ingresos de otras fuentes no laborales, especialmente jubilaciones y pensiones.

Si los ingresos no alcanzan, ¿cómo (sobre)viven los pobres?

Al contemplar solo los ingresos monetarios, la medición de pobreza no toma en cuenta otros recursos a los que pueden echar mano los hogares para satisfacer sus necesidades ante la carencia de ingresos corrientes, como recibir ayuda en especies (alimentos sin cocinar o en comedores, ropa, etc.), descapitalizarse (gastar ahorros, vender pertenencias) o endeudarse (con otros hogares o bien con bancos o financieras).

No obstante, la EPH también nos aporta información sobre estas otras estrategias a las que recurren los hogares (en los tres meses previos). Si bien de manera menos precisa que la indagación exhaustiva por los ingresos, estos datos ofrecen pistas interesantes.

El 13% de las personas pobres integra hogares que declaran haber recibido mercadería (alimentos, ropas, etc.) de parte de instituciones estatales y no estatales o, en medida algo mayor, de parte de otros hogares, y esto adquiere especial relevancia entre los indigentes (17,8%). Sin embargo, esto no es privativo de los pobres: lo mismo se registra para el 5% de las personas no pobres, especialmente para los segmentos vulnerables y medios bajos.

Por otra parte, casi una tercera parte de los pobres se endeuda para solventar sus gastos, con bancos o financieras, pero especialmente con otras familias (una cuarta parte de la población indigente recibió préstamos de otros hogares). Entre los no pobres los préstamos recibidos de otros hogares decrecen a medida que aumenta el nivel de ingreso, pero esto no ocurre con los préstamos de bancos y financieras (sin incluir aquí las compras con tarjetas de crédito), que se mantiene en torno al 15% en todos los segmentos.

Finalmente, otras de las estrategias se vinculan a la descapitalización. El uso de ahorros para solventar gastos alcanza al 30% de todos los segmentos de hogares, lo que, al igual que el endeudamiento con bancos y financieras, puede ocultar fenómenos disímiles: mientras que para algunos es una acción obligada para la satisfacción de necesidades básicas, para otros el uso de ahorros bien podría destinarse al consumo de ciertos bienes (electrodomésticos, por ejemplo) o servicios (paseos, vacaciones) no esenciales, o bien para mantener un cierto nivel de vida en coyunturas en las que se contrae el poder adquisitivo. En cambio, la descapitalización por la vía de la venta de pertenencias sí muestra una mayor preponderancia entre los más desfavorecidos: la población en hogares pobres que recurrió a esta estrategia en los tres meses anteriores (12,5%) duplica a lo observado en la población de hogares no pobres (6,7%), y si se comparan los segmentos extremos, la venta de pertenencias resulta casi cinco veces más usual entre los indigentes que entre los sectores acomodados.

Cabe señalar que, tanto recibir mercaderías como préstamos de parte de otros hogares, constituyen un indicio de la importancia que tienen las redes de relaciones interpersonales en las estrategias de mitigación de la carestía de recursos corrientes por parte de los sectores más vulnerables. Pero, al igual que con la venta de pertenencias, se trata de estrategias que muy probablemente encuentren complicada su permanencia o eficacia en el tiempo cuando una crisis se amplifica y es duradera.

¿Qué pasaría si no existieran las transferencias sociales directas?

Si se decidiese eliminar todos los ingresos que los hogares reciben en concepto de AUH, planes de empleo, etc., la tasa de indigencia aumentaría entre 2,5 y 3 puntos porcentuales, en tanto que la de pobreza total subiría alrededor de un punto y medio. Esto muestra que las transferencias sociales directas tienen mayor eficacia para garantizar un pequeño ingreso estable a los indigentes y para evitar que una porción de los pobres no indigentes caigan en la indigencia, que para reducir la pobreza.

Para ponerlo en perspectiva, si bien un punto porcentual y medio equivale a casi 700 mil personas (extrapolando los datos de las grandes ciudades, que es lo que cubre la EPH, a todo el país), esta magnitud representa apenas una sexta parte del crecimiento experimentado por la tasa de pobreza entre la segunda parte de 2017 (25,7%) y la primera mitad de 2018 (35,4%).

En definitiva, dado el carácter apenas paliativo (aunque necesario, hiper progresivo y, en muchos casos, restitutivo de derechos) de las transferencias sociales directas, el combate a la pobreza (y a la desigualdad) no debe pasar por la estéril discusión sobre ellas, sino por cómo lograr reactivar el mercado de trabajo, para que bajen la desocupación y la informalidad, y se recupere el poder adquisitivo de los salarios.

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