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Tucumán

Inician un juicio contra la oficina de la Niñez de Navarro Dávila

Los letrados dijeron que la decisión del ministro público Navarro Dávila viola los tratados internacionales incorporados a la Constitución en 1994

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La Oficina de Abogados del Niño creada por el ministro público de la Defensa, Washington Navarro Dávila, es inconstitucional y así debe declararlo la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, según el Colegio de Abogados de la Capital. Con ese objetivo, Marcelo Billone y Guillermo Arévalo, respectivos presidente y secretario del Colegio, iniciaron un juicio este lunes (los directivos Marcelo Fenik y Flaviana Yubrin participan en el pleito como patrocinadores letrados). Los profesionales sostuvieron que el abogado de los niños y adolescentes (de cero a 18 años) debe ser independiente y especializado en la materia, y que ninguna de estas características surgen de la resolución que el titular del Ministerio Público de la Defensa emitió el 1 de abril para instrumentar la repartición atacada.

Los letrados dijeron que la decisión del ministro público Navarro Dávila viola los tratados internacionales incorporados a la Constitución en 1994 y, en consecuencia, la propia Carta Magna. La resolución en cuestión crea la Oficina, le asigna funciones y establece que el jefe de los defensores oficiales designa en forma discrecional a sus integrantes, que deben ser abogados.

“La figura del abogado de los niños y adolescentes tiene como objeto esencial garantizar el derecho de aquellos a ser oídos; que su opinión sea tenida en cuenta en los procesos que los involucren y que siempre tenga preeminencia el interés superior de la infancia”, explicaron los demandantes. Billone y Arévalo manifestaron que esta finalidad sólo podía ser conseguida asegurando la total y absoluta independencia del profesional de otras instituciones. Y precisaron: “el abogado de los niños y adolescentes defiende y asesora para que se dicte una decisión favorable a los intereses particulares de sus clientes (menores de edad) de acuerdo a su voluntad mientras que el defensor oficial tiene como función pronunciarse conforme a derecho, según lo que él percibe como lo más conveniente y desde la mirada del Estado”.

La demanda afirma que la independencia del abogado de los niños y adolescentes es un correlato necesario del goce efectivo de sus derechos y garantías previstos en los tratados internacionales y en la Constitución: “no cabe duda de que la resolución del Ministerio Público de la Defensa que origina este planteo no preserva en modo alguno tal condición”. Los dirigentes profesionales manifestaron que el derecho de los chicos de cero a 18 años a tener un abogado es de orden público, y, por lo tanto, no puede ser afectado por ningún tipo de acto o resolución administrativa emanada del Estado.

El Colegio consideró que existía una vulneración grave puesto que Navarro Dávila había dispuesto que los abogados de los niños y de los adolescentes dependan de él. Además, el ministro público de la Defensa se había dado a sí mismo el derecho a elegirlos -sin concurso-. “Es un empleado del Ministerio designado por su titular, y que está subordinado a él funcional y jerárquicamente”, resumieron Billone y Arévalo. Los demandantes adujeron que esas circunstancias condicionaban la actuación de los miembros de la Oficina. “¿Cuál sería la independencia del abogado de los niños y adolescentes dependiente del Ministerio Público de la Defensa en el supuesto para nada descabellado de que tuviera un conflicto de intereses con el propio Estado o con la postura asumida en el proceso por el defensor oficial dado que ambos responden al mismo jefe, quien lógicamente será el que tenga la última palabra?”, interrogaron a modo de ejemplo.

El otro aspecto problemático de la regulación impugnada, según acotaron, era la falta de especialización en la materia puesto que para integrar la repartición sólo hacía falta poseer un título de abogado: “Navarro Dávila no adoptó ningún recaudo para verificar la existencia de la capacitación específica”.

El jefe de los defensores oficiales procedió a armar este organismo separado de las defensorías de Menores existentes sin esperar a la sanción de una ley -distintos proyectos aguardan su tratamiento en la Legislatura-. Hasta la aparición de la oficina puesta en marcha por Navarro Dávila y como la provincia carece de una norma, el abogado del niño era designado por los colegios de abogados a partir de un pedido de la Justicia; de un organismo administrativo o de los propios progenitores de los chicos. Pero también podía suceder que el mismo niño y adolescente se comunicara con las entidades profesionales, y les solicitara el asesoramiento. Para este fin, en los colegios de Abogados de la Capital y del Sur existen nóminas de letrados especializados en la materia.

Fuente La Gaceta

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Tucumán

Citaron a labor parlamentaria a debatir la crisis del transporte de pasajeros

El objetivo del oficialismo es avanzar con la creación de un organismo provincial que tenga competencia sobre el transporte público de pasajeros

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El debate por la crisis en el servicio de colectivos en la provincia se instalará mañana en la Legislatura. El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, confirmó que está citada una reunión de Labor Parlamentaria para las 11.30, con el objetivo de discutir con los jefes de bloque y con las demás autoridades de la Cámara el posible temario de la próxima sesión.

“Seguramente vamos a abordar algunos proyectos de legisladores, así como otros que han sido remitidos por el Poder Ejecutivo. Y también va a salir seguramente este tema del transporte, para poner blanco sobre negro en cuál es la realidad que se está viviendo, y la realidad de la Provincia con la Nación en esta materia”, remarcó el presidente de la Legislatura.

El objetivo del oficialismo es avanzar con la creación de un organismo provincial que tenga competencia sobre el transporte público de pasajeros, y que esté integrado por distintos sectores con injerencia en el servicio. Según fuentes de la Cámara, la idea del vicegobernador es exponer mañana algunos de los lineamientos de la propuesta e intentar alcanzar un consenso con los presidentes de los bloques políticos sobre los pasos a seguir.

La meta es que el 1 de enero del año próximo el nuevo ente comience a estar operativo. Por ello, será la actual conformación legislativa la que comenzará a diseñar el esquema; en caso de que no alcance el tiempo (a fines de octubre finaliza el actual mandato), serán los futuros parlamentarios quienes le den cierre a la discusión.

En paralelo, otros proyectos referidos al servicio de colectivos están pendientes de discusión. Mañana, una de las trabas con las que se podría encontrar la conducción de la Cámara radica en que son muchos los legisladores que, aprovechando el receso invernal, tomaron vacaciones y se encuentran fuera de la provincia. De todos modos, el debate comenzará con quienes estén presentes. /Fuente La Gaceta/

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Tucumán

Qué tendría que suceder para que se levante el paro de los colectiveros

El titular de UTA a nivel local ratificó los puntos más importantes del conflicto que mañana se definirán

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César González, Secretario general de UTA, habló con la prensa durante el día de hoy para tratar de esclarecer un poco sobre el conflicto a nivel nacional que podría dejar sin colectivos por 48 horas a todo el país, desde el jueves 18.

El representante de los trabajadores, dijo al respecto: «el concejo directivo nacional envió un comunicado, en el que expresó que si no hay acuerdo en la reunión que se llevará a cabo en el Ministerio de Producción en el día de mañana, habrá una medida de fuerza por 48 horas que iniciará el día jueves».

¿Cuales son los puntos del reclamo que mantiene en vilo el transporte público del interior? Solicitamos que para el interior del país se equipare lo que se acordó en todo el país, un incremento del 20% más una suma no remunerativa de 26 mil pesos a pagar en tres cuotas. Por el momento, solo en la ciudad y provincia de Buenos Aires se cumplió con lo decretado.
González, además señaló que no se está logrando cumplir «porque los empresarios aducen que no tienen medios para realizar el pago que se había acordado».

Además, el tucumano señaló que el conflicto no lo atraviesa solo Tucumán, sino que en toda la Argentina la situación está muy compleja. «Los trabajadores de Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, San Luis y La Pampa, la están pasando muy mal».

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Tucumán

Conflicto del transporte: “Estamos en manos de Nación”

Un grupo de miembros del sector de transporte, encabezadas por Jorge Berreta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), llegó este martes por la mañana a Casa de Gobierno para firmar un acta ante escribano público “por un nuevo requerimiento de declaraciones que ya habíamos hecho a la Provincia, pero es un requerimiento de la Nación”.

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Llevamos 198 subsidios rendidos a la Nación en tiempo y forma. En enero, cuando se comenzó con esto, lo rendimos de la misma forma que lo hacemos hace 16 años”, afirmó el dirigente al tiempo que aseguró que anteriormente no hubo ningún error por parte del sector empresario en sus rendiciones. Y, en relación a los aportes adeudados, agregó: “Es una injusticia que no nos hayan pagado”.

En ese sentido, Berreta confirmó que el empresariado busca un anticipo del subsidio del gobierno provincial para cubrir los costos que le genera la deuda que mantiene el gobierno nacional de $160 millones y poder completar el abono de salarios y quita de impuestos.

Sin embargo, afirmó que desconoce cuando se afrontarán los pagos por parte del ejecutivo nacional y puse en duda nuevamente el futuro inmediato del servicio de transporte público en la provincia.

Berreta enfrentó las acusaciones que ubican al sector empresariado como el responsable de la situación actual del transporte y afirmó: “Somos rehenes igual que el usuario de los poderes políticos y la coyuntura a nivel nacional”.

Cabe destacar que el gobernador, Juan Manzur, explicó el pasado lunes que la problemática se entiende en la medida de la falta de equidad de las políticas públicas adoptadas por Nación que, en la distribución de los recursos y subsidios, beneficia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y provincia de Buenos Aires, en perjuicio de los otras jurisdicciones del país.

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