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Argentina

Juego especulativo con las acciones de YPF

El papel de la petrolera había bajado en dos días casi el 20 por ciento con la versión de una estatización total. Desmentida por el ministro Martín Guzmán, el papel llegó a recuperar más de 11 por ciento, para cerrar con un alza de 7,5, en Wall Street. El desplazamiento de Guillermo Nielsen de la presidencia de YPF fue utilizado para especular. El mundo energético no tomó en serio el rumor.

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Juego especulativo con las acciones de YPF

“De ninguna manera. El rumor es falso. YPF es una empresa privada con 51 por ciento de participación estatal que tiene un rol estratégico en el desarrollo energético de Argentina y así seguirá siendo”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán. De este modo, el funcionario desmintió el rumor de estatización del 49 por ciento de las acciones de la petrolera que cotizan en bolsa. Las versiones habían empezado a circular una vez que se confirmó la salida de Guillermo Nielsen de la presidencia de la empresa.

Los trascendidos tuvieron repercusión en el mercado local e internacional provocando una importante volatilidad en el precio de las acciones de YPF. El miércoles la compañía perdió en Nueva York un 6 por ciento y el jueves marcó una caída de 12 por ciento. Este viernes tras la desmentida del Guzmán y con precios de mercado muy por debajo del potencial de la compañía –utilizando de base cualquier análisis con datos duros del sector- hubo un fuerte rebote de la acción. YPF recuperó en Wall Street 11,3 por ciento y en la bolsa porteña marcó una suba de casi 9 por ciento.

Uno de los comentarios que comenzó a repetirse el miércoles por la mañana en las mesas de dinero de la city y que se replicó en el exterior es que si avanzaba la nacionalización completa del paquete accionario de la principal petrolera nacional iba camino a transformarse en “cómodas cuotas” en una nueva PDVSA.

Comparar a YPF con la petrolera venezolana no tiene fundamentos productivos pero los inversores se comportaron con criterios de manada disparando la venta de la acción. La caída de precio del jueves fue la más importante del año.

Entre los empresarios del sector energético no le dieron relevancia a los rumores de estatización al considerarlos “disparatados”. En el contexto de la economía argentina las prioridades de YPF son traer inversiones del exterior para potenciar la expansión de los proyectos productivos y “no poner plata propia”. Además resulta ilógica una decisión de este estilo en medio de la renegociación de deuda de la petrolera que se encuentra en marcha por 6 mil millones de dólares.

Distintos referentes del sector plantean que “todo pareció una maniobra especulativa de algunos sectores de las finanzas que buscaron hacer caer el precio de la acción para aprovechar a hacer algún negocio de arbitraje”. Si ese fue el caso hubo operadores que lograron efectivamente hacer una buena diferencia.

“Hubo una sobrerreacción entre el miércoles y jueves. No fue un problema de los fundamentos de la petrolera sino que se explica por elementos especulativos. Se difundieron rumores irracionales que dispararon la volatilidad”, dijo un operador que se especializa en energía y a estos precios recomienda comprar acciones de YPF.

“La acción está a menos de cuatro dólares. Es uno de los niveles más bajos desde que salió a la bolsa en el 1993. En la crisis del 2001 se había acercado a 10 dólares. Y la firma llegó a valer más de 50 en años en los que el petróleo cotizaba por encima de los 100 dólares el barril. A menos de 4 dólares la acción está regalada”, planteó el operador bursátil. Dijo otras dos palabras: comprar y paciencia.

Los rumores difundidos con la finalidad de hacer ganancias financieras de corto plazo se potenciaron a partir de la lectura política sobre el recambio del presidente de la compañía. La salida de Guillermo Nielsen dio lugar a interpretaciones rebuscadas sobre el futuro de la petrolera, asegurando que el ex funcionario era el garante de la seguridad jurídica del sector privado dentro de la compañía.

En algunas charlas informales entre analistas se llegó a decir que no podía descartarse que YPF cambie radicalmente de rumbo desconociendo sus deudas, ante la tensión con  grandes fondos como Blackrock para canjear obligaciones negociables logrando aliviar el perfil de vencimientos de la compañía. Se trata de una idea sin muchos fundamentos teniendo en cuenta el lineamiento que marcó el Gobierno al momento de reestructurar la deuda externa en forma exitosa con los grandes fondos de inversión internacionales.

Por su parte el reemplazo de Nielsen al frente de YPF será con un hombre con experiencia en el sector. El desembarco de Pablo González al frente de la petrolera resulta muy importante en un año en que la política energética será clave para generar bases de la recuperación económica. Con buena relación con el secretario de Energía, Darío Martínez, ahora la orientación política es homogénea para negociar tanto con las petroleras como con los gremios la estrategia sectorial.

 

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Argentina

La Justicia realizó un procedimiento en el Ministerio de Salud porteño por las vacunas

La Justicia dio impulso a dos denuncias recibidas el martes por la suscripción de convenidos del Gobierno porteño para entregar la vacuna a obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados. Por la tarde, procedimiento judicial.

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El fiscal Carlos Stornelli imputó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y a su ministro de Salud, Fernán Quirós; al requerir que se investigue la presunta «privatización» de la vacunación contra el coronavirus en el distrito, luego de que se suscribieron convenios para entregar dosis a obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados.

El fiscal dio impulso a dos denuncias recibidas en las que se apuntó a «las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», según surge del dictamen al que accedió Télam.

Tras recibir el requerimiento de instrucción presentado por la fiscalía, el juez federal Ariel Lijo ordenó la realización de un procedimiento en el Ministerio de Salud porteño para obtener información sobre cómo se distribuyeron las dosis de la vacuna contra el coronavirus que recibió el distrito capitalino.

El magistrado también libró un oficio a la cartera de Salud nacional para que le informe exactamente cuántas dosis de la vacuna se entregaron a la Ciudad de Buenos Aires.

Los investigadores buscan determinar cuántas dosis recibió la Ciudad, cómo se distribuyeron en los centros vacunatorios, con qué empresas de medicina privada y bajo qué criterios se suscribieron convenios y, finalmente, a quiénes se inoculó.

Las denuncias

Una de las denuncias había sido presentada por la abogada Natalia Salvo, quien, en su condición de vecina y ciudadana expuesta a contraer Covid-19, pidió ser tenida como parte querellante.

Salvo apuntó a la firma de convenios entre el gobierno porteño e instituciones privadas, en las cuales delegó parte del plan de vacunación contra el coronavirus «otorgando -dijo- privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población».

Al solicitar las primeras medidas de prueba, el fiscal Stornelli reprodujo la parte de la denuncia en la que Salvo aseveraba que «Horacio Rodríguez Larreta estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general».

La denunciante había señalado que «esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas, en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra Ciudad, resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal».

El fiscal presentó el requerimiento ante el juez Lijo, a quien le solicitó que disponga una serie de medidas de prueba para, en principio, poder reconstruir los convenios suscriptos por el Gobierno porteño con establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ejecutar el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19.

Stornelli también buscará establecer la totalidad de los lotes de vacunas recibidos en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuál fue el destino que le dio el gobierno porteño.

La postura del Gobierno porteño

Por la mañana, en conferencia de prensa, el ministro Quirós afirmó que el Gobierno del distrito está dispuesto a «mostrar y explicar» ante la Justicia el plan de vacunación que se implementa en la ciudad.

De esta forma, respondió a las dos presentaciones realizadas ante la Justicia: una, por la presunta «privatización de la vacunación contra el coronavirus» al «entregarles dosis a algunas obras sociales y medicinas prepagas para uso exclusivo de sus afiliados»; y otra por la supuesta aplicación de vacunas a «militantes de Juntos por el Cambio en una asociación vecinal de Parque Chacabuco cuya referente es una dirigente radical».

En su habitual rueda de prensa en la sede del Gobierno porteño, en el barrio de Parque Patricios, explicó que desde el Gobierno porteño se realizaron acuerdos con siete empresas de medicina prepaga para llevar adelante la campaña de vacunación, del mismo modo en que se hace habitualmente para la distribución de otras vacunas, con el fin de «que cada ciudadano porteño tenga la misma capacidad y accesibilidad» a la inmunización.

«No tenemos ningún problema con ninguna denuncia. Si algún ciudadano tiene alguna duda, aquí estamos para mostrar y explicar lo que hacemos e hicimos y para transparentar los datos. Lo más importante es explicarle a la gente», dijo el funcionario porteño.

Las prepagas que se mencionan en el sitio web del GCBA son: Hospital Italiano, Hospital Alemán, Hospital Británico, Sanatorio Güemes y CEMIC; las obras sociales, en tanto, son Osecac (empleados de comercio) y OBSBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires).

La segunda denuncia contra las autoridades del GCBA fue realizada por el abogado Yamil Castro Bianchi y refiere al presunto armado de un centro de vacunación paralelo en la CABA llevado adelante por la Asociación Civil ‘Encuentro Vecinal Sur’ en el barrio de Parque Chacabuco -con dirección en Picheuta 1517-, donde se estaría «vacunando a militantes de Juntos por el Cambio y amigos».

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Condenan a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de dinero

El Tribunal Oral Nº 4 además condenó a Martín Baeza a 9 años de prisión y a Leonardo Fariña a 5 años, se le redujeron 3 años por haber sido un testigo arrepentido de la causa

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Lázaro Báez fue condenado este miércoles a 12 años de prisión en el marco de la causa «La ruta del dinero K» en la que se lo investigó por maniobras lavado de dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.

El Tribunal Oral Nº 4 condenó también a Martín Baeza a 9 años de prisión y a Leonardo Fariña a 5 años, se le redujeron 3 años por haber sido un testigo arrepentido de la causa. A Jorge Chueco y Daniel Perez Galdin los sentenciaron a 8 años de prisión mientras que a Fabián Rossi 5 años.

Más temprano se terminaron de escuchar las últimas palabras de los imputados, con las exposiciones de Martín Erazo y Juan De Rasi, dos de los acusados, que en ambos casos se quejaron porque, en el marco del proceso, el tribunal no había aceptado planteos realizados por sus defensas en relación a las pruebas.

«Termino con sabor amargo porque la mayor parte de la prueba que solicitamos con mi defensa, va a ser producida en otra etapa de este juicio, a posterior de que se dicte sentencia, y la realidad es que la pedimos para demostrar la verdad de los hechos, que muestran mi inocencia», señaló Erazo, vía la plataforma Zoom y a través de una transmisión en directo por Youtube.

En términos similares, De Rasi dijo: «Lamento no haber contado con las pruebas que habíamos pedido pero, así y todo, estoy seguro de mi inocencia porque sé lo que hice».

La defensa del dueño de Austral Construcciones reclamó la absolución y calificó al caso como un «circo judicial».

Báez está con prisión domiciliaria desde septiembre pasado, cuando la Cámara Federal de Casación Penal ordenó darle ese beneficio, y sigue las alternativas del juicio por videoconferencia, al igual que sus cuatro hijos. El mayor de ellos, Martín Báez, está detenido en la cárcel de Ezeiza desde febrero de 2019 por orden del Tribunal, ante una denuncia por un intento de trasferir cinco millones de dólares cuando estaba inhibido.

El hecho ocurrió cuando ya había comenzado el juicio, que todavía era presencial, en la sede de los Tribunales Federales de Retiro. El juicio comenzó en octubre de 2018 y en los primeros tramos del debate se preveía una duración de ocho meses, pero se sumaron inconvenientes que corrieron esos plazos hasta que, finalmente, la pandemia de coronavirus derivó en la suspensión de las audiencias desde el 20 de marzo último hasta junio pasado, cuando se reanudó de manera virtual.

Báez fue detenido en abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello, que instruyó la causa. En su última intervención durante el juicio, el 30 de diciembre pasado, el empresario aseguró ser víctima de una «persecución sistemática del poder político, la prensa y gran parte del Poder Judicial».

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Marijuan pidió desestimar la denuncia de Carrió contra el Gobierno por “envenenamiento”

La denuncia estaba dirigida contra el Presidente de la Nación, el entonces ministro de Salud, Ginés González García, y su sucesora en el cargo, Carla Vizzotti, “por la adquisición de una partida de vacunas y sin haber agotado sus tres fases de ensayos».

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El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó este martes que se desestime por inexistencia de delito la denuncia presentada por la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, contra el presidente Alberto Fernández por “envenenamiento”, luego de que el gobierno avanzara en la adquisición de la vacuna Sputnik V como estrategia para enfrentar la pandemia de coronavirus.

“Esta representación del Ministerio Público Fiscal no encuentra elemento alguno que habilite a esta parte a continuar con una investigación de índole criminal con relación a los sucesos traídos a conocimiento por los aquí denunciantes”, sostuvo el fiscal en el requerimiento que le presentó al juez Sebastián Casanello luego de disponer una serie de medidas de prueba.

Los denunciantes, encabezados por Carrió, habían afirmado que “la vacuna emblema de Rusia había sido probada en escasa cantidad de personas y fuera del mayor grupo de riesgo según la edad, siendo que la Fase III del ensayo no estaba finalizada”, reseñó el fiscal en su dictamen.

Guillermo Marijuan no encontró fundamentos para la acusación.

Guillermo Marijuan no encontró fundamentos para la acusación.

La denuncia estaba dirigida contra el Presidente de la Nación, el entonces ministro de Salud, Ginés Gonález García, y su sucesora en el cargo, Carla Vizzotti, “por la adquisición de una partida de vacunas, sin haber agotado sus tres fases de ensayos y sin haberse publicado en revistas científicas sus conclusiones”.

La investigación había sido delegada en el fiscal Marijuna, quien solicitó a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) la remisión de copias certificadas de la totalidad de la documentación relativa a la adquisición, distribución y eventual aplicación de la vacuna Sputnik V. Télam

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