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La Sociedad Argentina de Pediatría advirtió que es “imprescindible la vuelta a las escuelas en la modalidad presencial”

La asociación de médicos difundió un informe en el que manifestó su preocupación por los efectos de las medidas de aislamiento en niños y adolescentes. Plantearon que los docentes deben ser considerados trabajadores esenciales

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La Sociedad Argentina de Pediatría advirtió que es “imprescindible la vuelta a las escuelas en la modalidad presencial”

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) difundió un informe en el que alertó sobre las consecuencias del aislamiento obligatorio en niños, niñas y adolescentes, y afirmó que la vuelta a las escuelas en la modalidad presencial “es imprescindible”.

El documento, de 43 páginas, señala que es “indiscutible” que la escuela es fundamental para el desarrollo y el bienestar de los niños, no sólo para la adquisición de conocimientos sino también para el fortalecimiento de aspectos emocionales y sociales, el cuidado de aspectos nutricionales, de la salud y la realización de la actividad física.

A su vez, la SAP destacó que la escuela constituye “un sitio seguro” para los menores mientras sus padres trabajan y que es una herramienta de equidad social indispensable, particularmente para los grupos sociales más vulnerables.

En ese sentido, explicaron que el cierre de las escuelas marcó disparidades sociales: “Muchos adolescentes son incapaces de completar su tarea escolar por falta de dispositivos o de conectividad, lo cual hace que los modelos de aprendizaje virtual resulten de difícil implementación, dando lugar a la aparición de una brecha tecnológica entre niñas, niños y adolescentes muy difíciles de resolver”, detalla el informe.

el doctor Roberto Debbag, vice presidente de la Sociedad Latinoamericana Infectología Pediátrica, explicó que diferentes estudios acerca de los efectos del retorno a las aulas en distintos lugares del mundo han demostrado que “las escuelas no son un factor en el brote pandémico y que los beneficios sociales son mayores”.

“Hoy se sabe que los niños no son grandes diseminadores del virus, y por lo general se infectan poco”, agregó.

Entre las recomendaciones para volver a las aulas, la SAP destacó un distanciamiento mínimo de 2 metros entre todos los actores, que podrá reducirse a 1.5 metros cuando se cumplan las medidas adicionales de uso permanente de tapabocas, lavado frecuente de manos o el uso de alcohol en gel, ventilación y desinfección adecuada de las instalaciones.

Los niños deberán evitar el contacto físico de todo tipo, como besos, abrazos, apretones de manos y puños, entre otros. En los recreos los menores realizarán juegos con distanciamiento y se podrán realizar grupos de 4 o 5 niños a manera de burbuja, para poder detectar y aislar rápidamente en caso que uno de los niños sea positivo.

Por su parte, los docentes deberán evitar las reuniones en espacios donde no pueda cumplirse con el distanciamiento o realizarlas de forma virtual.

Como norma general, estará prohibido compartir cualquier tipo de elemento personal como útiles, vajilla, juguetes, etc.

Durante la estadía en la escuela, la SAP recomendó lavarse las manos idealmente cada 90 minutos: “Los momentos para la higiene de manos serán antes de salir de casa, al llegar a la escuela, antes y después de los recreos (si los hubiere, de acuerdo con el protocolo jurisdiccional), antes y después de comer, luego de haber tocado superficies públicas (mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, entre otros), antes y después de ir al baño, antes y después de cambiar pañales (jardines maternales), después de toser, estornudar o limpiarse la nariz”.

En cuanto al uso del transporte público, plantearon que “resulta fundamental escalonar adecuadamente los horarios de transporte de estudiantes, docentes y personal no docente de manera de separarlo de los picos relacionados con los del desplazamiento laboral (alternarse en días de la semana o semanalmente)”.

Indicadores y límites de los CDC con respecto al riesgo de introducción y transmisión del COVID-19 en las escuelas

“Después de haber analizado exhaustivamente los distintos aspectos que hacen a la importancia de la escuela en la vida de los niños, niñas y adolescentes en lo referido a los aspectos educativos, culturales, de educación física, sociales, sanitarios, nutricionales, enfatizamos que el derecho a la educación es fundamental y que la tarea docente con los educandos y sus familias es esencial. En este marco, la Sociedad Argentina de Pediatría cree que la vuelta a las escuelas en la modalidad presencial es imprescindible”, dice el documento.

Según explicó el doctor Debbag , UNICEF ya ha documentado hace algunos meses el impacto emocional que la falta de presencialidad genera en los menores, entre los que se destacan cuadros de “miedo y depresión por no vincularse”.

Sin embargo, la SAP aclaró que el retorno a las aulas no debe ser del 100% ya que es necesario garantizar las condiciones para cumplir con el distanciamiento social.

“Por supuesto que la observación de las diferentes realidades epidemiológicas existentes en nuestro país y el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios son aspectos insoslayables a tener en cuenta para el regreso a las aulas”, concluye el documento.

Las advertencias de la SAP y Unicef se suman a las voces que en los últimos días reclamaron que el Gobierno garantice el retorno a las clases presenciales. Al respecto, la oposición, ONG y grupos de padres exigen que el Ejecutivo asegure que el ciclo lectivo 2021 comience en tiempo y forma.

Sin embargo, la Casa Rosada dejó la decisión de abrir las escuelas en manos de cada provincia. Se trata de un paso cuestionable, que elude la responsabilidad de tomar una decisión sobre un tema tan trascendental. A esto se suma la oposición sindical, que en muchas jurisdicciones. En muchas juridiscciones los gremios ya advirtieron que se opondrán a la presencialidad.

El año que terminó dejó números preocupantes. De hecho, en la Argentina, solo el 1% de la matrícula nacional cerró el año escolar 2020 con clases presenciales. En cambio, en Europa dieron un giro radical en su estrategia ante la segunda ola de contagios: decidieron que las escuelas serían la primera actividad en abrir y la última en cerrar en caso de decretarse el confinamiento.

Argentina

La Justicia realizó un procedimiento en el Ministerio de Salud porteño por las vacunas

La Justicia dio impulso a dos denuncias recibidas el martes por la suscripción de convenidos del Gobierno porteño para entregar la vacuna a obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados. Por la tarde, procedimiento judicial.

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El fiscal Carlos Stornelli imputó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y a su ministro de Salud, Fernán Quirós; al requerir que se investigue la presunta «privatización» de la vacunación contra el coronavirus en el distrito, luego de que se suscribieron convenios para entregar dosis a obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados.

El fiscal dio impulso a dos denuncias recibidas en las que se apuntó a «las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», según surge del dictamen al que accedió Télam.

Tras recibir el requerimiento de instrucción presentado por la fiscalía, el juez federal Ariel Lijo ordenó la realización de un procedimiento en el Ministerio de Salud porteño para obtener información sobre cómo se distribuyeron las dosis de la vacuna contra el coronavirus que recibió el distrito capitalino.

El magistrado también libró un oficio a la cartera de Salud nacional para que le informe exactamente cuántas dosis de la vacuna se entregaron a la Ciudad de Buenos Aires.

Los investigadores buscan determinar cuántas dosis recibió la Ciudad, cómo se distribuyeron en los centros vacunatorios, con qué empresas de medicina privada y bajo qué criterios se suscribieron convenios y, finalmente, a quiénes se inoculó.

Las denuncias

Una de las denuncias había sido presentada por la abogada Natalia Salvo, quien, en su condición de vecina y ciudadana expuesta a contraer Covid-19, pidió ser tenida como parte querellante.

Salvo apuntó a la firma de convenios entre el gobierno porteño e instituciones privadas, en las cuales delegó parte del plan de vacunación contra el coronavirus «otorgando -dijo- privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población».

Al solicitar las primeras medidas de prueba, el fiscal Stornelli reprodujo la parte de la denuncia en la que Salvo aseveraba que «Horacio Rodríguez Larreta estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general».

La denunciante había señalado que «esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas, en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra Ciudad, resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal».

El fiscal presentó el requerimiento ante el juez Lijo, a quien le solicitó que disponga una serie de medidas de prueba para, en principio, poder reconstruir los convenios suscriptos por el Gobierno porteño con establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ejecutar el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19.

Stornelli también buscará establecer la totalidad de los lotes de vacunas recibidos en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuál fue el destino que le dio el gobierno porteño.

La postura del Gobierno porteño

Por la mañana, en conferencia de prensa, el ministro Quirós afirmó que el Gobierno del distrito está dispuesto a «mostrar y explicar» ante la Justicia el plan de vacunación que se implementa en la ciudad.

De esta forma, respondió a las dos presentaciones realizadas ante la Justicia: una, por la presunta «privatización de la vacunación contra el coronavirus» al «entregarles dosis a algunas obras sociales y medicinas prepagas para uso exclusivo de sus afiliados»; y otra por la supuesta aplicación de vacunas a «militantes de Juntos por el Cambio en una asociación vecinal de Parque Chacabuco cuya referente es una dirigente radical».

En su habitual rueda de prensa en la sede del Gobierno porteño, en el barrio de Parque Patricios, explicó que desde el Gobierno porteño se realizaron acuerdos con siete empresas de medicina prepaga para llevar adelante la campaña de vacunación, del mismo modo en que se hace habitualmente para la distribución de otras vacunas, con el fin de «que cada ciudadano porteño tenga la misma capacidad y accesibilidad» a la inmunización.

«No tenemos ningún problema con ninguna denuncia. Si algún ciudadano tiene alguna duda, aquí estamos para mostrar y explicar lo que hacemos e hicimos y para transparentar los datos. Lo más importante es explicarle a la gente», dijo el funcionario porteño.

Las prepagas que se mencionan en el sitio web del GCBA son: Hospital Italiano, Hospital Alemán, Hospital Británico, Sanatorio Güemes y CEMIC; las obras sociales, en tanto, son Osecac (empleados de comercio) y OBSBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires).

La segunda denuncia contra las autoridades del GCBA fue realizada por el abogado Yamil Castro Bianchi y refiere al presunto armado de un centro de vacunación paralelo en la CABA llevado adelante por la Asociación Civil ‘Encuentro Vecinal Sur’ en el barrio de Parque Chacabuco -con dirección en Picheuta 1517-, donde se estaría «vacunando a militantes de Juntos por el Cambio y amigos».

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Condenan a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de dinero

El Tribunal Oral Nº 4 además condenó a Martín Baeza a 9 años de prisión y a Leonardo Fariña a 5 años, se le redujeron 3 años por haber sido un testigo arrepentido de la causa

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Lázaro Báez fue condenado este miércoles a 12 años de prisión en el marco de la causa «La ruta del dinero K» en la que se lo investigó por maniobras lavado de dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.

El Tribunal Oral Nº 4 condenó también a Martín Baeza a 9 años de prisión y a Leonardo Fariña a 5 años, se le redujeron 3 años por haber sido un testigo arrepentido de la causa. A Jorge Chueco y Daniel Perez Galdin los sentenciaron a 8 años de prisión mientras que a Fabián Rossi 5 años.

Más temprano se terminaron de escuchar las últimas palabras de los imputados, con las exposiciones de Martín Erazo y Juan De Rasi, dos de los acusados, que en ambos casos se quejaron porque, en el marco del proceso, el tribunal no había aceptado planteos realizados por sus defensas en relación a las pruebas.

«Termino con sabor amargo porque la mayor parte de la prueba que solicitamos con mi defensa, va a ser producida en otra etapa de este juicio, a posterior de que se dicte sentencia, y la realidad es que la pedimos para demostrar la verdad de los hechos, que muestran mi inocencia», señaló Erazo, vía la plataforma Zoom y a través de una transmisión en directo por Youtube.

En términos similares, De Rasi dijo: «Lamento no haber contado con las pruebas que habíamos pedido pero, así y todo, estoy seguro de mi inocencia porque sé lo que hice».

La defensa del dueño de Austral Construcciones reclamó la absolución y calificó al caso como un «circo judicial».

Báez está con prisión domiciliaria desde septiembre pasado, cuando la Cámara Federal de Casación Penal ordenó darle ese beneficio, y sigue las alternativas del juicio por videoconferencia, al igual que sus cuatro hijos. El mayor de ellos, Martín Báez, está detenido en la cárcel de Ezeiza desde febrero de 2019 por orden del Tribunal, ante una denuncia por un intento de trasferir cinco millones de dólares cuando estaba inhibido.

El hecho ocurrió cuando ya había comenzado el juicio, que todavía era presencial, en la sede de los Tribunales Federales de Retiro. El juicio comenzó en octubre de 2018 y en los primeros tramos del debate se preveía una duración de ocho meses, pero se sumaron inconvenientes que corrieron esos plazos hasta que, finalmente, la pandemia de coronavirus derivó en la suspensión de las audiencias desde el 20 de marzo último hasta junio pasado, cuando se reanudó de manera virtual.

Báez fue detenido en abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello, que instruyó la causa. En su última intervención durante el juicio, el 30 de diciembre pasado, el empresario aseguró ser víctima de una «persecución sistemática del poder político, la prensa y gran parte del Poder Judicial».

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Marijuan pidió desestimar la denuncia de Carrió contra el Gobierno por “envenenamiento”

La denuncia estaba dirigida contra el Presidente de la Nación, el entonces ministro de Salud, Ginés González García, y su sucesora en el cargo, Carla Vizzotti, “por la adquisición de una partida de vacunas y sin haber agotado sus tres fases de ensayos».

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El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó este martes que se desestime por inexistencia de delito la denuncia presentada por la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, contra el presidente Alberto Fernández por “envenenamiento”, luego de que el gobierno avanzara en la adquisición de la vacuna Sputnik V como estrategia para enfrentar la pandemia de coronavirus.

“Esta representación del Ministerio Público Fiscal no encuentra elemento alguno que habilite a esta parte a continuar con una investigación de índole criminal con relación a los sucesos traídos a conocimiento por los aquí denunciantes”, sostuvo el fiscal en el requerimiento que le presentó al juez Sebastián Casanello luego de disponer una serie de medidas de prueba.

Los denunciantes, encabezados por Carrió, habían afirmado que “la vacuna emblema de Rusia había sido probada en escasa cantidad de personas y fuera del mayor grupo de riesgo según la edad, siendo que la Fase III del ensayo no estaba finalizada”, reseñó el fiscal en su dictamen.

Guillermo Marijuan no encontró fundamentos para la acusación.

Guillermo Marijuan no encontró fundamentos para la acusación.

La denuncia estaba dirigida contra el Presidente de la Nación, el entonces ministro de Salud, Ginés Gonález García, y su sucesora en el cargo, Carla Vizzotti, “por la adquisición de una partida de vacunas, sin haber agotado sus tres fases de ensayos y sin haberse publicado en revistas científicas sus conclusiones”.

La investigación había sido delegada en el fiscal Marijuna, quien solicitó a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) la remisión de copias certificadas de la totalidad de la documentación relativa a la adquisición, distribución y eventual aplicación de la vacuna Sputnik V. Télam

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