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Tucumán

Los Juzgados de Paz dejan de manejar dinero

La Corte motivó la reforma en la necesidad de liberar a los jueces de Paz o a sus representantes de la responsabilidad de trasladar el dinero en efectivo

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Depósitos bancarios y comprobantes reemplazarán el mecanismo arcaico consistente en abrochar los billetes a los documentos que debían ser notificados por los juzgados de Paz. Con esta decisión, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán suprimió el esquema de manejo de dinero en efectivo vigente desde 1977. La bancarización de los gastos de movilidad comenzará a regir tras la feria judicial de invierno: a partir de entonces, los jueces de Paz o sus representantes tendrán que pasar por la ventanilla para retirar los fondos aplicables a las diligencias de sus respectivas jurisdicciones y rendir cuentas. Esto último es tan novedoso como la eliminación del efectivo abrochado, cuyo empleo en los hechos no era monitoreado.

La reforma promovida por el alto tribunal remueve una “caja” que por mes movía, como piso, $ 180.000. Esta cifra surge de multiplicar los 6.040 trámites que registró la Superintendencia de los Juzgados de Paz entre mediados de marzo y de abril por $ 30, que es el valor actual asignado a cada kilómetro (equivale a dos boletos rurales). El cálculo considera el costo mínimo de las diligencias, pero este suele ser superior. Ese dinero iba, en principio, a los notificadores de cada juzgado de Paz, quienes lo usaban según su criterio. En la práctica, aquel sistema tan precario era cuestionado por dar lugar a un posible ingreso adicional a la retribución oficial, además de ofrecer grandes debilidades en materia de seguridad. La detección de estas y otras flaquezas había dado lugar a la elevación de distintos proyectos para dejar atrás los pesos abrochados.

Los vocales Daniel Posse (presidente), Antonio Daniel Estofán y Daniel Leiva juzgaron que la supresión de la circulación de los billetes resultaba “indispensable” en la Acordada 710 del 7 de junio pasado (René Goane y Claudia Sbdar no firmaron por estar de licencia, según el propio instrumento). Los integrantes de la Corte motivaron la reforma en la necesidad de liberar a los jueces de Paz o a sus representantes de la responsabilidad de trasladar el dinero en efectivo; de otorgar “comprobantes válidos” a los profesionales y litigantes obligados a afrontar los gastos de movilidad, y de conferir mayor transparencia al sistema.

Todo irá a una sola cuenta

La remodelación coincide con una serie de iniciativas para modernizar la Justicia de Paz, que exhibe un estado crítico por las vacancias que afectan a un tercio de las 72 oficinas. Además, tres solicitudes de destitución cuestionan la celebración de casamientos en otras provincias y la “caja” de ingresos adicionales derivada de las bodas a domicilio.

La propuesta aprobada por la Acordada 710/19 surgió de la propia Superintendencia de los Juzgados de Paz que durante años calculó los importes para el financiamiento de los trámites y sujetó los pesos correspondientes con broches. A partir de la entrada en vigencia de la bancarización, aquella oficina deberá depositar en una cuenta única toda la recaudación diaria en concepto de diligenciamientos y de actuaciones judiciales. “Esto posibilitará un adecuado seguimiento y control del dinero destinado a cada juzgado de Paz”, dijeron los vocales.

La Corte evaluó que la magnitud de los cambios obligaba a dejar sin efecto la Acordada 309 de 1977 que reglamentaba el circuito suprimido. La regulación adoptada este mes estipula que los jueces de Paz no cobrarán aranceles cuando la diligencia deba ser practicada dentro del radio de un kilómetro de la sede del juzgado -se entiende que el personal se mueve a pie- y, aunque la distancia fuese mayor, cuando se trate de medidas libres de derechos; encomendadas por la Justicia penal; no figuraran particulares interesados que deban abonar los gastos indispensables o cuando la parte proporcionara los medios de transporte (ver “Pautas del mecanismo incorporado”).

Los vocales Posse, Estofán y Leiva dispusieron que toda actuación sea registrada en la Superintendencia de los Juzgados de Paz antes de su diligenciamiento. Cuando el trámite exija un traslado más allá de un kilómetro de la sede, los aranceles de movilidad serán calculados a partir de la base de dos boletos rurales mínimos por kilómetro, computándose la distancia por el viaje de ida solamente. El diligenciamiento de varios oficios librados en el mismo juicio, que puedan hacerse simultáneamente, con igual recorrido y domicilio, será abonado como si se tratase de una sola notificación. Los oficios deberán registrarse en un libro especial, donde constarán las fechas de la recepción; del diligenciamiento -que no podrá exceder los cinco días hábiles- y de la devolución, que tendrá lugar dentro de las 48 horas de realizada la medida. Cuando los oficios fijen un día de audiencia, deberán ser devueltos con por lo menos 24 horas de anticipación a la fecha establecida para el acto procesal en cuestión.

Fuente La Gaceta

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Tucumán

Citaron a labor parlamentaria a debatir la crisis del transporte de pasajeros

El objetivo del oficialismo es avanzar con la creación de un organismo provincial que tenga competencia sobre el transporte público de pasajeros

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El debate por la crisis en el servicio de colectivos en la provincia se instalará mañana en la Legislatura. El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, confirmó que está citada una reunión de Labor Parlamentaria para las 11.30, con el objetivo de discutir con los jefes de bloque y con las demás autoridades de la Cámara el posible temario de la próxima sesión.

“Seguramente vamos a abordar algunos proyectos de legisladores, así como otros que han sido remitidos por el Poder Ejecutivo. Y también va a salir seguramente este tema del transporte, para poner blanco sobre negro en cuál es la realidad que se está viviendo, y la realidad de la Provincia con la Nación en esta materia”, remarcó el presidente de la Legislatura.

El objetivo del oficialismo es avanzar con la creación de un organismo provincial que tenga competencia sobre el transporte público de pasajeros, y que esté integrado por distintos sectores con injerencia en el servicio. Según fuentes de la Cámara, la idea del vicegobernador es exponer mañana algunos de los lineamientos de la propuesta e intentar alcanzar un consenso con los presidentes de los bloques políticos sobre los pasos a seguir.

La meta es que el 1 de enero del año próximo el nuevo ente comience a estar operativo. Por ello, será la actual conformación legislativa la que comenzará a diseñar el esquema; en caso de que no alcance el tiempo (a fines de octubre finaliza el actual mandato), serán los futuros parlamentarios quienes le den cierre a la discusión.

En paralelo, otros proyectos referidos al servicio de colectivos están pendientes de discusión. Mañana, una de las trabas con las que se podría encontrar la conducción de la Cámara radica en que son muchos los legisladores que, aprovechando el receso invernal, tomaron vacaciones y se encuentran fuera de la provincia. De todos modos, el debate comenzará con quienes estén presentes. /Fuente La Gaceta/

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Tucumán

Qué tendría que suceder para que se levante el paro de los colectiveros

El titular de UTA a nivel local ratificó los puntos más importantes del conflicto que mañana se definirán

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César González, Secretario general de UTA, habló con la prensa durante el día de hoy para tratar de esclarecer un poco sobre el conflicto a nivel nacional que podría dejar sin colectivos por 48 horas a todo el país, desde el jueves 18.

El representante de los trabajadores, dijo al respecto: «el concejo directivo nacional envió un comunicado, en el que expresó que si no hay acuerdo en la reunión que se llevará a cabo en el Ministerio de Producción en el día de mañana, habrá una medida de fuerza por 48 horas que iniciará el día jueves».

¿Cuales son los puntos del reclamo que mantiene en vilo el transporte público del interior? Solicitamos que para el interior del país se equipare lo que se acordó en todo el país, un incremento del 20% más una suma no remunerativa de 26 mil pesos a pagar en tres cuotas. Por el momento, solo en la ciudad y provincia de Buenos Aires se cumplió con lo decretado.
González, además señaló que no se está logrando cumplir «porque los empresarios aducen que no tienen medios para realizar el pago que se había acordado».

Además, el tucumano señaló que el conflicto no lo atraviesa solo Tucumán, sino que en toda la Argentina la situación está muy compleja. «Los trabajadores de Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, San Luis y La Pampa, la están pasando muy mal».

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Tucumán

Conflicto del transporte: “Estamos en manos de Nación”

Un grupo de miembros del sector de transporte, encabezadas por Jorge Berreta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), llegó este martes por la mañana a Casa de Gobierno para firmar un acta ante escribano público “por un nuevo requerimiento de declaraciones que ya habíamos hecho a la Provincia, pero es un requerimiento de la Nación”.

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Llevamos 198 subsidios rendidos a la Nación en tiempo y forma. En enero, cuando se comenzó con esto, lo rendimos de la misma forma que lo hacemos hace 16 años”, afirmó el dirigente al tiempo que aseguró que anteriormente no hubo ningún error por parte del sector empresario en sus rendiciones. Y, en relación a los aportes adeudados, agregó: “Es una injusticia que no nos hayan pagado”.

En ese sentido, Berreta confirmó que el empresariado busca un anticipo del subsidio del gobierno provincial para cubrir los costos que le genera la deuda que mantiene el gobierno nacional de $160 millones y poder completar el abono de salarios y quita de impuestos.

Sin embargo, afirmó que desconoce cuando se afrontarán los pagos por parte del ejecutivo nacional y puse en duda nuevamente el futuro inmediato del servicio de transporte público en la provincia.

Berreta enfrentó las acusaciones que ubican al sector empresariado como el responsable de la situación actual del transporte y afirmó: “Somos rehenes igual que el usuario de los poderes políticos y la coyuntura a nivel nacional”.

Cabe destacar que el gobernador, Juan Manzur, explicó el pasado lunes que la problemática se entiende en la medida de la falta de equidad de las políticas públicas adoptadas por Nación que, en la distribución de los recursos y subsidios, beneficia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y provincia de Buenos Aires, en perjuicio de los otras jurisdicciones del país.

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