Se mueven las fichas en las internas peronistas y JxC tucumanas.
El artículo 11 de la moratoria impositiva, que permite ingresar a empresas que hayan quebrado y Cambiemos califica como una amnistía encubierta al empresario kirchnerista Cristóbal López, fue aprobado en la Cámara de Diputados con sólo 130 votos, uno más que lo necesario para el quórum propio, síntoma de que al frente de Todos no le sobra nada para votar leyes hostiles.
Y la causa principal es la autonomía de algunos diputados cercanos a Roberto Lavagna y la rebelión de dos miembros de Unidad Federal para el Desarrollo, el bloque de José Luis Ramón: la tucumana Beatriz Ávila y Antonio Carambia, que rechazaron el polémico artículo y obligaron a Máximo Kirchner a ajustar clavijas para que no se cayera.
Fue necesario el apoyo de Eduardo «Bali» Bucca, el jefe del interbloque federal, donde conviven lavagnistas, cordobeses y socialistas santafesinos. Sumó a su par salteño Andrés Zottos y Andrés «Topo» Rodríguez, mano derecha de Roberto Lavagna, ayudó con la abstención.
Beatriz Ávila votó en contra y lo justificó: «Es cierto que hay muchas empresas a las que tenemos que llevarles alivio, pero hay que diferenciar a las empresas que han llegado por la crisis económica y la pandemia, a aquellas que sus titulares cometieron hechos delictuales en contra del fisco».
Su marido, el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, explora un acuerdo con Cambiemos para las elecciones legislativas del año próximo.
Avila se apartó del interbloque Cambiemos junto a Antonio Carabmia y Pablo Ansaloni. Se plegaron al que armó Ramón, líder de un partido provincial de Mendoza (Protectora), junto al rionegrino Luis Di Giácomo y tres misioneros, al mando de Ricardo Wellbach.
Así las cosas, en Diputado los números están finos para temas que levanten la grieta. El oficialismo tiene 118 votos y necesita 11 más para llegar al quórum.
