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MEDIDAS ANTE EL AUMENTO DEL COVID-19: LOS CAJEROS MÓVILES

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Su implementación ya fue aprobada en la Legislatura Provincial, enmarcada en el artículo 3 de la Ley N° 9232 que se publicó en el Boletín Oficial N° 29713 de abril del corriente año.

Han transcurrido seis meses de la sanción de la Ley N°9232, los casos por Covid-19 en la provincia se han incrementado significativamente al punto de que el Sistema de Salud provincial atraviesa un momento crítico.  Atendiendo a esta situación,  los legisladores Raúl Albarracín, Walter Berarducci y Federico Masso, presentaron un proyecto de resolución instando al Poder Ejecutivo provincial el efectivo cumplimiento del artículo 3 de la mencionada norma, el cual ordena a las entidades bancarias a implementar la modalidad de «Cajeros Móviles».

La Ley 9232 establece que estos han de ser instalados en puntos estratégicos, teniendo en cuenta que:

– Por su alta densidad poblacional generen aglomeración de personas en fechas de pago de haberes o beneficios;

– Por encontrarse alejadas de las sucursales bancarias o de los cajeros automáticos en funcionamiento, obligan a los clientes o beneficiarios a desplazarse en largas distancias;

Además se prevé la instalación de los mismos en las comunas o parajes rurales donde no existan sucursales bancarias cercanas.

«Se aprobó y se cumplió parcialmente», indicó Albarracín, y añadió: «ante la situación crítica que atraviesa la provincia le pedimos al gobierno que exija a las entidades bancarias las inversiones necesarias para cumplir con la ley, toda vez que los Cajeros Móviles funcionarían como un recurso preventivo, facilitarían el cobro de haberes y beneficios sociales evitando la circulación y las aglomeraciones de personas, además de contribuir a cuidar la salud de los empleados bancarios y a la prestación de un mejor servicio. En el auge de los contagios en Tucumán, este sería un modo efectivo para disminuirlos respetando el aislamiento y el distanciamiento social».

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La Sociedad Rural de Tucumán manifestó su apoyo al proyecto de Albarracín

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A través de un comunicado, Sebastián Murga Presidente de la Sociedad Rural de Tucumán anunció:

Frente a los reiterados hechos referidos a las usurpaciones de tierra ocurridos en la Provincia de Tucumán y en el resto de nuestro País, la Sociedad Rural de Tucumán conjuntamente con el Legislador Raúl Albarracín se encuentra trabajando en la formación de un equipo interdisciplinario “anti tomas”.

La Provincia de Mendoza fue pionera en la formación de este equipo y desde Tucumán hemos decidido tomar este trabajo, en búsqueda de replicarlo para lograr poner fin a una situación que afecta a muchos ciudadanos.
El objetivo principal de este equipo es la intervención prematura, inmediata y permanente en los delitos de usurpación de propiedades a fin de evitar que dichas situaciones se tornen complejas y protegiendo a los intervinientes de mayores daños que puedan ocasionarse.

El Legislador presentó el proyecto para ser tratado en la Legislatura, el cual ya obtuvo dictamen de Comisión, por lo que será tratado en los próximos días.

La problemática de las usurpaciones a propiedades privadas es un conflicto que aumentó en los últimos tiempos y requiere de soluciones efectivas que garanticen los derechos de los ciudadanos.

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Legisladores impulsan una ley anti – tomas

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Se busca crear un grupo interdisciplinario conformado por funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio de Seguridad y de la Policía provincial, cuyo objetivo es intervenir de manera temprana en las usurpaciones.

Este jueves, la Comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura emitió dictamen favorable a un proyecto de ley que busca aportar una respuesta a las usurpaciones, un problema estructural creciente en nuestro país. La iniciativa, que lleva las firmas de los legisladores Raúl Albarracín, Walter Berarducci, José Maria Canelada y cuenta con el apoyo de Geronimo Vargas Aignasse, presidente de la Comisión, propone la creación de un equipo interdisciplinario que tendrá como objetivo la intervención temprana en los intentos de usurpación de tierras, prevenir los delitos contra la propiedad y evitar las consecuencias que deriven de los mismos, salvaguardando a las personas intervinientes de los mayores daños que puedan ocasionarse.

Se prevé que este grupo «anti-toma» esté integrado por fiscales, negociadores, funcionarios de las cartera de Seguridad y el Jefe de la Policía, quienes operan cada vez que hay una denuncia de ocupación de terrenos para actuar de manera inmediata. El mismo podrá ampliar la cadena de soporte de los procedimientos incorporando en cada uno de ellos a Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Desarrollo Social, SIPROSA, Espacios Públicos y a cualquier otro actor necesario para la correcta legal y adecuada ejecución del procedimiento de desalojo.

Albarracin, autor de la iniciativa, indicó que «no se trata de desconocer el problema social que afecta a muchas personas en cuanto al acceso a la vivienda, pero somo conscientes también que esa deuda no se resuelve en absoluto con conductas ilícitas ni con un Estado distraído y negligente. Con esta ley se busca evitar la consumación del delito de usurpación que esta en constante escalada, y es instigado en algunos casos por actores sociales o políticos».

«Toda comunidad necesita de la protección justa y razonable de la propiedad para su progreso y desarrollo», acotó el parlamentario.

En este sentido, el proyecto propone que el Ministerio Público Fiscal sea el encargado de establecer los procedimientos, parámetros y protocolos que deberá seguir este equipo a fin de garantizar la legalidad, celeridad y eficacia de su actuación en las usurpaciones.

Por su parte, el grupo «anti-tomas» deberá garantizar a la ciudadanía la activación inmediata de los protocolos para desalojar los inmuebles de sus usurpadores, en el menor tiempo posible, reintegrarlo a su propietario o a quien resulte ser legítimo poseedor/tenedor del mismo, garantizando a todas las partes intervinientes sus derechos pero sin dilación alguna.

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EL PJS AVANZA CON LA LEY BENICIO PARA SALVAR VIDAS

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Ayer, se reunió el bloque PJS junto a la Diputada Beatriz Ávila quienes presentaron iniciativas para contar con Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) en diferentes espacios públicos y privados de concurrencia masiva.

En la jornada del lunes, en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, mantuvieron una reunión los legisladores del bloque del PJS, Raúl Albarracín, Walter Berarducci y Raúl Pellegrini con la Dip. Nacional Beatriz Ávila a fin de presentar iniciativas para modificar la «Ley Benicio» de prevención de muerte súbita, tanto a nivel nacional como provincial, para que se garanticen desfibriladores en toda entidad pública o privada de concurrencia masiva y con ello la capacitación adecuada del personal para reanimación cardiopulmonar (RCP).

La diputada Beatriz Ávila, que impulsa la ley a nivel nacional, había manifestado que “En argentina mueren entre 40.000 y 60.000 argentinos por no estar preparados con equipos para este tema“.

Teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa el país, la diputada detalló cómo planean facilitar la compra de los equipos que pide en la ley: “Bridamos la posibilidad para comprar estos dispositivos, que deben estar en lugares visibles como los matafuegos, se pueda conseguir un crédito en el Banco Nación a tasa 0 y en la provincia a través de la Caja Popular de Ahorros”.

En tanto, en la jornada de hoy en una conferencia de prensa Albarracín expresó nuevamente su compromiso de avanzar en esta iniciativa que impulsa con sus pares del PJS. «Hemos hecho pública esta iniciativa y esperamos que tenga un pronto dictamen de  la comisión de salud para que sea incluida en la labor parlamentaria y se le pueda dar el tratamiento necesario. Muchas vidas se salvarían si las instituciones cuentan con desfibriladores y con personal capacitado para el auxilio en esos casos. Con estas iniciativas se extiende la obligación a las instituciones privadas y establecimientos de concurrencia masiva», acotó.

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