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Tucumán

Otra jueza de Paz cuestionada por beneficios indebidos a familiares políticos

La ola de denuncias contra jueces de Paz se desató por el hallazgo de que tres de ellos habían intervenido en matrimonios fuera de la provincia

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La comisión de Juicio Político de la Legislatura recibió la cuarta denuncia contra integrantes de la Justicia de Paz y la segunda referida a Josefina Penna, jueza de Yerba Buena, en menos de un mes. La nueva presentación ingresó ayer y cuestiona a la funcionaria por su intervención en 16 procesos judiciales que involucran a la firma Moviser SRL. Según el denunciante Gustavo Morales, Penna no se excusó en esas causas pese a que la empresa pertenece a sus parientes políticos y le otorgó beneficios indebidos. Consultada al respecto, la jueza prefirió no hacer comentarios (se informa por separado).

La denuncia afirma que Penna incurrió en mal desempeño y debe ser destituida, y citó como prueba las causas de Moviser SRL, compañía con domicilio en Yerba Buena. Morales expresó que Penna estaba obligada a inhibirse en esas actuaciones judiciales porque Moviser SRL pertenece a tres ex cuñados: los cónyuges Mariana Jiménez Montilla y José Maximiliano Wagner, y Máximo Jiménez Montilla. “Penna estaba casada con Marcos Jiménez Montilla”, precisó el denunciante (se trata del hijo del vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Carlos Enrique Jiménez Montilla).

“La jueza de Paz prodigó un trato preferente a esa empresa de manera impúdica: no sólo no se apartó en tiempo útil, como era su deber inexcusable, sino que también generó maliciosas demoras en la tramitación de las notificaciones”, reprochó. El abogado dijo que esas “faltas” pueden ser apreciadas en el concurso y la quiebra de Moviser SRL, y en juicios laborales, de cobro ejecutivo y de ejecución fiscal iniciados contra esa empresa. Por separado, Morales relató que la actuación de la jueza de Paz había dado lugar a la promoción de un juicio de redargución de falsedad (proceso dirigido a destruir la fe pública de un instrumento) por parte de su colega Pablo Cifre, que es directivo del Colegio de Abogados de la Capital.

La acusación contiene una reflexión final. “Dada la extrema gravedad de la problemática del funcionamiento de los juzgados de Paz, entiendo que es procedente que la comisión de Juicio Político me reciba no sólo para ahondar sobre los detalles del mal desempeño atribuido a la titular del Juzgado de Paz de Yerba Buena, sino para proponer arternativas en el corto y el mediano plazo tendientes a que dichas oficinas presten un adecuado, eficiente y transparente servicio a la sociedad”, dijo Morales.

Tres acusaciones de mayo

La ola de denuncias contra jueces de Paz se desató por el hallazgo de que tres de ellos habían intervenido en matrimonios fuera de la provincia. El 9 de mayo, Morales y Mario Vittar, agente de la Junta Electoral, cuestionaron a José Luis Guerra, titular del Juzgado de Paz de El Manantial, por haber participado en un enlace en Cafayate, Salta. Una semana después, Morales pidió la destitución de Penna por los mismos hechos que Guerra, con la diferencia de que, según esa primera acusación, la funcionaria no fue personalmente al casamiento en una bodega cafayateña, sino que envió a un empleado de su oficina, Gonzalo Paz. Además, el letrado cuestionó a Penna por no haberse apartado en el juicio iniciado en su contra y en la de Jiménez Montilla para cobrar las expensas adeudadas al consorcio del country Las Yungas. El 29 de mayo, el mismo abogado solicitó la expulsión de Juan Cipriani, juez de Paz de Gonzalo (Trancas), por su actuación en un casamiento en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

La comisión de Juicio Político del Poder Legislativo que encabeza el legislador oficialista Zacarías Khoder resolvió por unanimidad trasladar las denuncias a Guerra y a Penna, quienes han de brindar explicaciones sobre las bodas en provincias vecinas. Si bien días después de que trascendiera la polémica Guerra presentó la renuncia para acogerse a la jubilación con el 82% móvil, esta aún no fue aceptada por el gobernador Juan Manzur y, por ende, el proceso de destitución sigue en marcha. En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dio el primer paso para definir si abre una investigación interna en los juzgados de Penna y de Cipriani, y, eventualmente, aplica sanciones.

Fuente La Gaceta

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Tucumán

Citaron a labor parlamentaria a debatir la crisis del transporte de pasajeros

El objetivo del oficialismo es avanzar con la creación de un organismo provincial que tenga competencia sobre el transporte público de pasajeros

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El debate por la crisis en el servicio de colectivos en la provincia se instalará mañana en la Legislatura. El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, confirmó que está citada una reunión de Labor Parlamentaria para las 11.30, con el objetivo de discutir con los jefes de bloque y con las demás autoridades de la Cámara el posible temario de la próxima sesión.

“Seguramente vamos a abordar algunos proyectos de legisladores, así como otros que han sido remitidos por el Poder Ejecutivo. Y también va a salir seguramente este tema del transporte, para poner blanco sobre negro en cuál es la realidad que se está viviendo, y la realidad de la Provincia con la Nación en esta materia”, remarcó el presidente de la Legislatura.

El objetivo del oficialismo es avanzar con la creación de un organismo provincial que tenga competencia sobre el transporte público de pasajeros, y que esté integrado por distintos sectores con injerencia en el servicio. Según fuentes de la Cámara, la idea del vicegobernador es exponer mañana algunos de los lineamientos de la propuesta e intentar alcanzar un consenso con los presidentes de los bloques políticos sobre los pasos a seguir.

La meta es que el 1 de enero del año próximo el nuevo ente comience a estar operativo. Por ello, será la actual conformación legislativa la que comenzará a diseñar el esquema; en caso de que no alcance el tiempo (a fines de octubre finaliza el actual mandato), serán los futuros parlamentarios quienes le den cierre a la discusión.

En paralelo, otros proyectos referidos al servicio de colectivos están pendientes de discusión. Mañana, una de las trabas con las que se podría encontrar la conducción de la Cámara radica en que son muchos los legisladores que, aprovechando el receso invernal, tomaron vacaciones y se encuentran fuera de la provincia. De todos modos, el debate comenzará con quienes estén presentes. /Fuente La Gaceta/

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Tucumán

Qué tendría que suceder para que se levante el paro de los colectiveros

El titular de UTA a nivel local ratificó los puntos más importantes del conflicto que mañana se definirán

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César González, Secretario general de UTA, habló con la prensa durante el día de hoy para tratar de esclarecer un poco sobre el conflicto a nivel nacional que podría dejar sin colectivos por 48 horas a todo el país, desde el jueves 18.

El representante de los trabajadores, dijo al respecto: «el concejo directivo nacional envió un comunicado, en el que expresó que si no hay acuerdo en la reunión que se llevará a cabo en el Ministerio de Producción en el día de mañana, habrá una medida de fuerza por 48 horas que iniciará el día jueves».

¿Cuales son los puntos del reclamo que mantiene en vilo el transporte público del interior? Solicitamos que para el interior del país se equipare lo que se acordó en todo el país, un incremento del 20% más una suma no remunerativa de 26 mil pesos a pagar en tres cuotas. Por el momento, solo en la ciudad y provincia de Buenos Aires se cumplió con lo decretado.
González, además señaló que no se está logrando cumplir «porque los empresarios aducen que no tienen medios para realizar el pago que se había acordado».

Además, el tucumano señaló que el conflicto no lo atraviesa solo Tucumán, sino que en toda la Argentina la situación está muy compleja. «Los trabajadores de Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, San Luis y La Pampa, la están pasando muy mal».

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Tucumán

Conflicto del transporte: “Estamos en manos de Nación”

Un grupo de miembros del sector de transporte, encabezadas por Jorge Berreta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), llegó este martes por la mañana a Casa de Gobierno para firmar un acta ante escribano público “por un nuevo requerimiento de declaraciones que ya habíamos hecho a la Provincia, pero es un requerimiento de la Nación”.

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Llevamos 198 subsidios rendidos a la Nación en tiempo y forma. En enero, cuando se comenzó con esto, lo rendimos de la misma forma que lo hacemos hace 16 años”, afirmó el dirigente al tiempo que aseguró que anteriormente no hubo ningún error por parte del sector empresario en sus rendiciones. Y, en relación a los aportes adeudados, agregó: “Es una injusticia que no nos hayan pagado”.

En ese sentido, Berreta confirmó que el empresariado busca un anticipo del subsidio del gobierno provincial para cubrir los costos que le genera la deuda que mantiene el gobierno nacional de $160 millones y poder completar el abono de salarios y quita de impuestos.

Sin embargo, afirmó que desconoce cuando se afrontarán los pagos por parte del ejecutivo nacional y puse en duda nuevamente el futuro inmediato del servicio de transporte público en la provincia.

Berreta enfrentó las acusaciones que ubican al sector empresariado como el responsable de la situación actual del transporte y afirmó: “Somos rehenes igual que el usuario de los poderes políticos y la coyuntura a nivel nacional”.

Cabe destacar que el gobernador, Juan Manzur, explicó el pasado lunes que la problemática se entiende en la medida de la falta de equidad de las políticas públicas adoptadas por Nación que, en la distribución de los recursos y subsidios, beneficia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y provincia de Buenos Aires, en perjuicio de los otras jurisdicciones del país.

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