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¿Se viene un bono extraordinario?: quiénes podrían recibir un pago de $5.000 que evalúa el Gobierno

El Gabinete Económico en Casa Rosada analiza una agenda que incluye Repro 2, ATP y precios, y l posibilidad de entregar un nuevo bono

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¿Se viene un bono extraordinario?: quiénes podrían recibir un pago de .000 que evalúa el Gobierno

El Gabinete Económico se encontraba reunido este jueves en Casa Rosada con una agenda que incluye Repro 2, ATP y precios, entre otros temas. Además analizan un bono extraordinario para beneficiarios de planes sociales como el que se otorgó en diciembre.

Según escribe Noticias Argentina, el encuentro se desarrolla desde las 18:40 en el salón de los Científicos Argentinos de la sede de Gobierno con la presencia del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

También participan los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Claudio Moroni (Trabajo), y la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Luego se sumarían al encuentro los ministros Martín Guzmán (Economía) y Luis Basterra (Agricultura, Ganadería y Pesca), además del presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

Fuentes de Casa Rosada precisaron que respecto del Repro 2 se realizará un «análisis de las empresas de sectores no críticos que lo han solicitado en noviembre y diciembre, y la inscripción de los sectores críticos y de salud desde enero, en el marco de la reactivación productiva del país y la heterogeneidad de los sectores».

En referencia al ATP, anticiparon que se evaluará el caso de «las empresas que recibieron ATP y no respetaron la normativa vigente», además de «un análisis de las 9 ediciones con el universo alcanzado de empresas y trabajadores». En cuanto al tema precios, detallaron que se evaluará «el estado de los precios de la economía, en particular, alimentos frescos».

¿Quiénes recibieron ayudas sociales en diciembre?

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación pagó un incentivo adicional de $5.000 para más de 50.000 trabajadoras y trabajadores comunitarios que realizaron su labor social en comedores, merenderos y otros centros barriales en el marco de la pandemia de coronavirus Covid-19.

El bono completó los más de $63.000 millones volcados en diciembre para garantizar la asistencia alimentaria y movilizar la economía en toda la cadena de producción de alimentos.

«Gracias a todas y todos ellos hemos logrado atravesar la situación más crítica. Fue un trabajo combinado entre el Estado, que no se retiró, y esa gente, que puso el cuerpo para sostener la vida en sus comunidades», destacó Arroyo, quien había anunciado el pago en un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández en el centro cultural «La Chicharra» en el municipio bonaerense de Moreno, junto a la intendenta local, Mariel Fernández.

Ese bono de fin de año se sumó a una estrategia general del gobierno nacional, que desplegó varias políticas sociales para garantizar la alimentación y acompañar la reinserción laboral a las personas que no pudieron hacerlo tras la crisis provocada por la pandemia.

Se pagó doble la Tarjeta Alimentar, que llega a 1,5 millones de familias ($15.000 millones); se pagó doble el plan Potenciar Trabajo para 700.000 personas ($12,4 millones) distribuyeron 1,7 millones de cajas navideñas, con nueve productos para 7 millones de personas ($600 millones); se ampliaron los fondos para comedores comunitarios y comedores escolares; y se fortalecieron las transferencias de fondos a municipios y gobernaciones para la compra de alimentos ($14.000 millones). A eso se sumaron los $22.000 millones de pesos del Anses para el pago de AUH de fin de año.

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Otras ayudas

El Gobierno entregó un bono de fin de año luego de que se cancelara el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 4) como una ayuda a los sectores que continuaron afectados por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Tras el fin del IFE, el Ministerio de Desarrollo Social lanzó dos nuevos planes: el plan Potenciar Inclusión Joven y el plan Potenciar Trabajo.

El plan Potenciar Trabajo cobró un bono de $9.450, en conjunto con los haberes correspondientes de diciembre.

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Bono de $5.000

Además, los trabajadores de comedores y merenderos que son parte del plan Potenciar Trabajo accedieron a un bono de $5.000, además de los $9.450.

También se distribuyeron 1,7 millones de cajas navideñas a través de instituciones religiosas, ONGs u organizaciones sociales que llegaron a unas 7 millones de personas.

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La Justicia realizó un procedimiento en el Ministerio de Salud porteño por las vacunas

La Justicia dio impulso a dos denuncias recibidas el martes por la suscripción de convenidos del Gobierno porteño para entregar la vacuna a obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados. Por la tarde, procedimiento judicial.

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El fiscal Carlos Stornelli imputó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y a su ministro de Salud, Fernán Quirós; al requerir que se investigue la presunta «privatización» de la vacunación contra el coronavirus en el distrito, luego de que se suscribieron convenios para entregar dosis a obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados.

El fiscal dio impulso a dos denuncias recibidas en las que se apuntó a «las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», según surge del dictamen al que accedió Télam.

Tras recibir el requerimiento de instrucción presentado por la fiscalía, el juez federal Ariel Lijo ordenó la realización de un procedimiento en el Ministerio de Salud porteño para obtener información sobre cómo se distribuyeron las dosis de la vacuna contra el coronavirus que recibió el distrito capitalino.

El magistrado también libró un oficio a la cartera de Salud nacional para que le informe exactamente cuántas dosis de la vacuna se entregaron a la Ciudad de Buenos Aires.

Los investigadores buscan determinar cuántas dosis recibió la Ciudad, cómo se distribuyeron en los centros vacunatorios, con qué empresas de medicina privada y bajo qué criterios se suscribieron convenios y, finalmente, a quiénes se inoculó.

Las denuncias

Una de las denuncias había sido presentada por la abogada Natalia Salvo, quien, en su condición de vecina y ciudadana expuesta a contraer Covid-19, pidió ser tenida como parte querellante.

Salvo apuntó a la firma de convenios entre el gobierno porteño e instituciones privadas, en las cuales delegó parte del plan de vacunación contra el coronavirus «otorgando -dijo- privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población».

Al solicitar las primeras medidas de prueba, el fiscal Stornelli reprodujo la parte de la denuncia en la que Salvo aseveraba que «Horacio Rodríguez Larreta estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general».

La denunciante había señalado que «esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas, en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra Ciudad, resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal».

El fiscal presentó el requerimiento ante el juez Lijo, a quien le solicitó que disponga una serie de medidas de prueba para, en principio, poder reconstruir los convenios suscriptos por el Gobierno porteño con establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ejecutar el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19.

Stornelli también buscará establecer la totalidad de los lotes de vacunas recibidos en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuál fue el destino que le dio el gobierno porteño.

La postura del Gobierno porteño

Por la mañana, en conferencia de prensa, el ministro Quirós afirmó que el Gobierno del distrito está dispuesto a «mostrar y explicar» ante la Justicia el plan de vacunación que se implementa en la ciudad.

De esta forma, respondió a las dos presentaciones realizadas ante la Justicia: una, por la presunta «privatización de la vacunación contra el coronavirus» al «entregarles dosis a algunas obras sociales y medicinas prepagas para uso exclusivo de sus afiliados»; y otra por la supuesta aplicación de vacunas a «militantes de Juntos por el Cambio en una asociación vecinal de Parque Chacabuco cuya referente es una dirigente radical».

En su habitual rueda de prensa en la sede del Gobierno porteño, en el barrio de Parque Patricios, explicó que desde el Gobierno porteño se realizaron acuerdos con siete empresas de medicina prepaga para llevar adelante la campaña de vacunación, del mismo modo en que se hace habitualmente para la distribución de otras vacunas, con el fin de «que cada ciudadano porteño tenga la misma capacidad y accesibilidad» a la inmunización.

«No tenemos ningún problema con ninguna denuncia. Si algún ciudadano tiene alguna duda, aquí estamos para mostrar y explicar lo que hacemos e hicimos y para transparentar los datos. Lo más importante es explicarle a la gente», dijo el funcionario porteño.

Las prepagas que se mencionan en el sitio web del GCBA son: Hospital Italiano, Hospital Alemán, Hospital Británico, Sanatorio Güemes y CEMIC; las obras sociales, en tanto, son Osecac (empleados de comercio) y OBSBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires).

La segunda denuncia contra las autoridades del GCBA fue realizada por el abogado Yamil Castro Bianchi y refiere al presunto armado de un centro de vacunación paralelo en la CABA llevado adelante por la Asociación Civil ‘Encuentro Vecinal Sur’ en el barrio de Parque Chacabuco -con dirección en Picheuta 1517-, donde se estaría «vacunando a militantes de Juntos por el Cambio y amigos».

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Condenan a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de dinero

El Tribunal Oral Nº 4 además condenó a Martín Baeza a 9 años de prisión y a Leonardo Fariña a 5 años, se le redujeron 3 años por haber sido un testigo arrepentido de la causa

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Lázaro Báez fue condenado este miércoles a 12 años de prisión en el marco de la causa «La ruta del dinero K» en la que se lo investigó por maniobras lavado de dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.

El Tribunal Oral Nº 4 condenó también a Martín Baeza a 9 años de prisión y a Leonardo Fariña a 5 años, se le redujeron 3 años por haber sido un testigo arrepentido de la causa. A Jorge Chueco y Daniel Perez Galdin los sentenciaron a 8 años de prisión mientras que a Fabián Rossi 5 años.

Más temprano se terminaron de escuchar las últimas palabras de los imputados, con las exposiciones de Martín Erazo y Juan De Rasi, dos de los acusados, que en ambos casos se quejaron porque, en el marco del proceso, el tribunal no había aceptado planteos realizados por sus defensas en relación a las pruebas.

«Termino con sabor amargo porque la mayor parte de la prueba que solicitamos con mi defensa, va a ser producida en otra etapa de este juicio, a posterior de que se dicte sentencia, y la realidad es que la pedimos para demostrar la verdad de los hechos, que muestran mi inocencia», señaló Erazo, vía la plataforma Zoom y a través de una transmisión en directo por Youtube.

En términos similares, De Rasi dijo: «Lamento no haber contado con las pruebas que habíamos pedido pero, así y todo, estoy seguro de mi inocencia porque sé lo que hice».

La defensa del dueño de Austral Construcciones reclamó la absolución y calificó al caso como un «circo judicial».

Báez está con prisión domiciliaria desde septiembre pasado, cuando la Cámara Federal de Casación Penal ordenó darle ese beneficio, y sigue las alternativas del juicio por videoconferencia, al igual que sus cuatro hijos. El mayor de ellos, Martín Báez, está detenido en la cárcel de Ezeiza desde febrero de 2019 por orden del Tribunal, ante una denuncia por un intento de trasferir cinco millones de dólares cuando estaba inhibido.

El hecho ocurrió cuando ya había comenzado el juicio, que todavía era presencial, en la sede de los Tribunales Federales de Retiro. El juicio comenzó en octubre de 2018 y en los primeros tramos del debate se preveía una duración de ocho meses, pero se sumaron inconvenientes que corrieron esos plazos hasta que, finalmente, la pandemia de coronavirus derivó en la suspensión de las audiencias desde el 20 de marzo último hasta junio pasado, cuando se reanudó de manera virtual.

Báez fue detenido en abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello, que instruyó la causa. En su última intervención durante el juicio, el 30 de diciembre pasado, el empresario aseguró ser víctima de una «persecución sistemática del poder político, la prensa y gran parte del Poder Judicial».

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Marijuan pidió desestimar la denuncia de Carrió contra el Gobierno por “envenenamiento”

La denuncia estaba dirigida contra el Presidente de la Nación, el entonces ministro de Salud, Ginés González García, y su sucesora en el cargo, Carla Vizzotti, “por la adquisición de una partida de vacunas y sin haber agotado sus tres fases de ensayos».

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El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó este martes que se desestime por inexistencia de delito la denuncia presentada por la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, contra el presidente Alberto Fernández por “envenenamiento”, luego de que el gobierno avanzara en la adquisición de la vacuna Sputnik V como estrategia para enfrentar la pandemia de coronavirus.

“Esta representación del Ministerio Público Fiscal no encuentra elemento alguno que habilite a esta parte a continuar con una investigación de índole criminal con relación a los sucesos traídos a conocimiento por los aquí denunciantes”, sostuvo el fiscal en el requerimiento que le presentó al juez Sebastián Casanello luego de disponer una serie de medidas de prueba.

Los denunciantes, encabezados por Carrió, habían afirmado que “la vacuna emblema de Rusia había sido probada en escasa cantidad de personas y fuera del mayor grupo de riesgo según la edad, siendo que la Fase III del ensayo no estaba finalizada”, reseñó el fiscal en su dictamen.

Guillermo Marijuan no encontró fundamentos para la acusación.

Guillermo Marijuan no encontró fundamentos para la acusación.

La denuncia estaba dirigida contra el Presidente de la Nación, el entonces ministro de Salud, Ginés Gonález García, y su sucesora en el cargo, Carla Vizzotti, “por la adquisición de una partida de vacunas, sin haber agotado sus tres fases de ensayos y sin haberse publicado en revistas científicas sus conclusiones”.

La investigación había sido delegada en el fiscal Marijuna, quien solicitó a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) la remisión de copias certificadas de la totalidad de la documentación relativa a la adquisición, distribución y eventual aplicación de la vacuna Sputnik V. Télam

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