CONECTATE CON NOSOTROS

Política

Un nuevo juicio político contra el camarista Enrique Pedicone ingresó a la Legislatura

Es por un supuesto accionar a favor de concesionaria de autos perteneciente a una la familia de una periodista como miembro de una organización «parajudicial». Caciques piden un jury de enjuiciamiento contra miembros de la Corte Suprema.

Avatar

Publicado

el

El pasado viernes ingresaron en la Legislatura de Tucumán dos pedidos de Juicio Político : el abogado Alfredo Falú, por un lado, volvió a apuntar contra el camarista Enrique Pedicone por su accionar en la causa Factor SA; mientras que los Caciques del Consejo del Pueblo Diaguita solicitaron la destitución de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar, y del juez del máximo tribunal Daniel Posse por su accionar en el juicio por Prescripción Adquisitiva que impulsa Giselle Susana Courtade contra la Provincia de Tucumán.
El abogado Falú solicitó la «destitución y declaración de incapacidad para ocupar cargos a sueldo» del camarista Enrique Pedicone por «actos reprochables» en la causa «Factor S.A. s/asociación ilícita y otros delitos» donde se investiga al directorio de la firma por «reiteración de estafas organizadas cometidas en perjuicio de clientes de la empresa en operaciones de compraventa de vehículos con financiación, lo que encuadraría en las figuras de estafa, usura, evasión tributaria y asociación ilícita«.
A su vez, el documento sentencia a la periodista de La Gaceta, Irene Benito, de mantener un desempeño periodístico parcial y con falta de ética profesional a los efectos de favorecer la imagen pública del magistrado en cuestión.
El escrito presentado por Falú recuerda los antecedentes de la causa «Benito, Antonio Damaso s/estafa y retención indebida de documentación» y que allí «se determinó que en Factor SA se adulteraron las fechas de contratos de prenda y de pagarés extendidos por clientes para asegurar el pago de los saldos de precios de los vehículos adquiridos para eludir la prescripción de las acciones ejecutivas y lograr que prosperaran sus reclamos judiciales mediante el engaño a los jueces de documentos y locaciones intervinientes«.
El letrado Falú señaló que Factor SA «sería una empresa familiar de padres e hijos» y apunta que una de sus accionistas, Irene Benito, es al mismo tiempo  «quien se encarga de la cobertura de las noticias relacionadas al mundo judicial local del principal medio periodístico de Tucumán».
En ese sentido, recordó la causa «Benito, Giselle Irene y García Posse, Ramón Francisco s/defraudación art. 173 vict. Colegio de Abogados de Tucumán» en la que apunta que «los hechos parecen demostrar» que la citada periodista «integraría un grupo con varios otros participantes en el que por dinero, intercambio de favores, cuestiones personales u otros motivos a determinar, ésta tergiversa sus notas periodísticas en beneficio de los integrantes de dicho grupo y en perjuicio de quienes ellos entienden que se interponen a sus intereses» y aclara que «entre los que se puede citar a la mayoría de integrantes del MPF, del MPD y de aquellos que tengan o hayan tenido alguna relación con el Gobierno de Tucumán, del que dicho grupo es opositor».
«Es evidente que el accionar de Irene Benito de escribir o interceder en notas periodísticas sobre los magistrados que actúan o resuelven las causas penales o juicios civiles en los que son parte sus familiares directos o la empresa de la que es o era accionista, resulta a todas luces antiética»remarca el abogado, además de subrayar que en la causa Factor SA «se intentó desplazar al Dr. Maggio con el increíble argumento que Irene Benito fue autora de notas periodísticas críticas al mismo en La Gaceta, lo que es una desfachatez e inadmisible abuso de su posición en dicho medio, puesto que implica la afectación a su arbitrio de la imagen pública de magistrados en la prensa masiva para después intentar utilizar ese argumento para apartarlos, dejando a quienes considera afines o proclives al intercambio de favores, como sería el caso del Dr. Enrique Pedicone, quien intervino en la causa Factor favoreciendo escandalosamente a la familia de Giselle Irene Benito…mientras la periodista antes y después de ello intentó alevosamente promover la imagen pública de dicho magistrado en el medio para el que presta servicios».
La denuncia de Falú señala la existencia de «un grupo caracterizado por el intercambio de favores que estaría integrado por Irene Benito, Fransico García Posse, Arnaldo Ahumada, entre otros a determinar» al que «evidentemente se agregó a partir del año 2015 el denunciado Dr. Pedicone, quien es un reconocido enemigo del Ministro Público Fiscal Dr. E. Jiménez; tal como se desprende de la denuncia formulada por éste que motivó la causa ‘Pedicone, Enrique s/violación de los deberes de funcionario público art. 248 CP‘».
El denunciante sostiene que en la causa Factor SA «el Dr. Pedicone pretendió impedir la investigación que por ley le cabe al Ministerio Público Fiscal, declarando ab initio, es decir, antes de investigarse, la inocencia de los acusados de hechos graves y reiterados». «Esto es realmente inadmisible. No se trata de una interpretación de la ley dentro de los márgenes posibles, sino de una abierta afrenta a la ley y a su espíritu que frustra el sentido del sistema penal», advierte la denuncia de Falú.
«El Dr. Pedicone favoreció a la familia de su aliada G. Irene Benito y a la empresa Factor SA de la que ésta es o era accionista junto a su familia en el marco del intercambio de favores», recalca Falú, y señala que «no sorprende que unos meses después G. Irene Benito participe de un descomunal despliegue periodístico por una insólita denuncia del Dr. Pedicone en contra del Dr. D. Leiva en base a unas supuestas grabaciones clandestinas e ilegales, y por una inverosímil denuncia de acoso sexual en contra del Dr. D. Estofán quienes como miembros de nuestra Corte Suprema se atrevieron a «apercibir» al protegido Dr. Pedicone luego de que éste intentara celebrar la señalada audiencia indebida en los pasillos de tribunales«.
Los pedidos de destitución se resolverán de ahora en adelante en la comisión de Juicio Político del parlamento tucumano que preside el legislador Zacarías Khoder

 

 

Contra Sbdar y Posse
El mismo viernes, en tanto, los Caciques del Consejo del Pueblo Diaguita Santos Eugenio Pastrana, Rolando Florencio Frejenal, Jonathan Edgar Rueda, Antonio Guillermo Carrazano solicitaron a la comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán la remoción por el Jurado de Enjuiciamiento de la Dra. Claudia Beatriz Sbdar y del Dr. Daniel Oscar Posse, presidenta y vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán respectivamente, «por falta de cumplimiento de los deberes de su cargo«, además de «ignorancia inexcusable, actos de parcialidad manifiesta, reiteración de irregularidades en el procedimiento»en el juicio que Giselle Susana Courtade, madre de La periodista de La Gaceta Irene Benito, impulsa contra la Provincia de Tucumán por la prescricpión adquisitva de un inmueble en La Quebradita, Tafí del Valle.
El origen del planteo proviene del accionar de los miembros del máximo tribunal en el juicio «Courtade Giselle Susana vs Provincia de Tucumán s/prescripción adquisitiva» en el que -acusan- resolvieron «hacer lugar a la demanda en clara violación a la norma adjetiva y de fondo y en especial a los derechos de raigambre constitucional de los pueblos originarios«. La sentencia de la Corte Suprema lleva las firmas de la presidenta Sbdar y del vocal Posse, pero también de su par Antonio Estofán, quién no es mencionado en los pedidos de destitución presentados.

 

sentencia a favor de courtade

Continuar Leyendo
Publicidad

Política

Los intendentes Sánchez y Campero con mejor imagen para una consultora vinculada al macrismo

La encuestadora Reale Dalla Torre, que fue denunciada por recibir pagos directos de la Municipalidad de Yerba Buena, dice que el concepcionense y el de Yerba Buena son los políticos mejor posicionados en Tucumán.

Avatar

Publicado

el

La encuestadora Reale Dalla Torre, que fue denunciada por recibir pagos directos de la Municipalidad de Yerba Buena, dice que Sánchez y Campero son los políticos con mejor imagen.

Este domingo se difundió una encuesta de la empresa vinculada con el macrismo Reale Dalla Torre Consultores, que ubica al intendente de Concepción, Roberto Sánchez  (UCR) como el dirigente de mejor imagen en la provincia, seguido por el intendente de Yerba Buena Mariano Campero (UCR).

El ex piloto de rally obtuvo el 40% de imagen positiva y 31,7% puntos negativos, por lo que el diferencial queda a su favor en 8,3%. Campero se ubica segundo con -5,3% (33,5% positivo y 38,7 % ) y tercera aparece la senadora Silvia Elías de Pérez -9,8% (38,3% a favor y 48,1%, en contra).

La difusión del sondeo causó mucho malestar interno en Juntos por el Cambio. Hace poco más de cuatro años, el intendente Campero, su Jefe de Gabinete, Manuel Courel y los 10 concejales de esa ciudad fueron denunciados en la Justicia Penal, debido a la contratación directa de la consultora Reale Dalla Torre (RDT) que tendría domicilio en Buenos Aires.

La contratación de RDT fue noticia durante los primeros días de octubre de 2016, cuando un empleado municipal concurrió al domicilio que se había fijado para la empresa en suelo yerbabuenense en Paraguay al 1.200 con la intención de entregar una nota, como no encontró la numeración , despacho de la municipalidad inició un expediente.

El contrato en RDT y la intendencia había sido firmado el 25 de agosto. Campero le encomendó a la consultora un análisis sobre la situación político, social de los ciudadanos con vistas al proceso de reforma del Código de Ordenamiento Urbano.

Se hizo una contratación por $223.000. Sin embargo en ese municipio se podía recurrir a este mecanismo si el monto de la operación no superaba los $14.000.

Campero explicó que se valió del artículo séptimo, inciso cuarto, de la ordenanza número 1299, que regula las contrataciones.

Ese párrafo establece que por excepción también puede emplearse de forma directa a artistas, técnicos o científicos. El caso fue valorado como una contratación profesional.

En su página en internet, la agencia se describe con experiencia en publicidad, marketing político y planificación de medios. Como clientes figuran municipios, políticos y la Policía Metropolitana, entre otros. A fines de 2015, la consultora fue denunciada en Buenos Aires, por presunto mal manejo de la publicidad porteña. Se abrió un causa por presunto desvío de fondos de propaganda que debía a medios comunitarios. Sus dueños figuraban como aportantes de la campaña del entonces presidente Mauricio Macri.

Fuente: Actualidad 2020

Continuar Leyendo

Política

Legisladores oficialistas pidieron la renuncia del ministro de Seguridad Claudio Maley

Avatar

Publicado

el

El comandante Claudio Maley debiera irse solo sin que le soliciten su renuncia al cargo”. Las palabras pertenecen al legislador Roberto Palina, según publicó éste domingo el matutino La Gaceta.

Este lunes 1 de marzo, el gobernador Juan Manzur irá a la Legislatura para dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias y dará un discurso. En este marco, legisladores del mismo oficialismo -ligados al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, piden la renuncia del Ministro de Seguridad.

En tanto, Dante Loza expresó que “la situación de inseguridad no da para más en Tucumán. Es necesario que de manera urgente, todos los que ejercemos un lugar preponderante en la política busquemos una salida de esta situación que día a día se lleva vidas inocentes”.

El legislador enfatizó que esta búsqueda debe estar por encima de cualquier partido político e ideología. “La Justicia debe actuar de una forma más ágil. Los hechos delictivos se multiplican y la justicia debe estar a la altura de las circunstancias. Gran parte de esta situación es culpa de los jueces que pusieron sus intereses personales por arriba de los intereses de la gente”, expresó el funcionario según esta publicación.

Sostuvo, además, que es imperioso que el Ministerio de Seguridad revea su política para abordar la seguridad ya que los malos resultados están a la vista todos. “Si se siguen insistiendo con las mismas acciones para evitar que la inseguridad avance, no hay duda que los resultados serán igual de erróneos. Los malos resultados en materia de seguridad, tienen un costo altísimo como el aumento de muertes, menos tranquilidad para los tucumanos y más miedo de salir a la calle”, concluyó.

Aunque Palina fue más directo. Ante la situación de inseguridad que atraviesa Tucumán, solicitó literalmente cambios en el área de seguridad. “Siempre trato de decir lo que pienso, y me pregunto, que espera el Sr Gobernador para renovar el Ministerio de Seguridad”, dijo a ese matutino.

Opositores

A estas críticas se sumó la senadora nacional Silvia Elías de Pérez. La representante de Juntos por el Cambio enfatizó que no espera nada del discurso del gobernador. “Que haya transcurrido un año del último paso de Manzur por la Legislatura y que Claudio Maley siga siendo el ministro de Seguridad de la provincia es toda una definición. No alcanzan las palabras, terminan siendo un rito vacío de contenido sin no hay decisiones políticas de cambiar”, insistió la representante de Juntos por el Cambio.

Fuente: LG

Continuar Leyendo

Política

El reclamo de familiares del vendedor asesinado focalizó la protesta en contra del «vacunatorio VIP»

Familiares de Pedro González, el vendedor de bollos asesinado durante la noche del viernes en la zona sur de la Capital, llevaron su reclamo a plaza Independencia, sumando adhesiones.

Avatar

Publicado

el

Se concretó la marcha organizada por la oposición para expresar su repudio al «vacunatorio VIP», que arrancó bastante desorganizada, durante la tarde del sábado pasado. La protesta que tenía por fin reclamar contra el episodio que le costó el cargo al titular de Salud de la Nación Ginés González García, se le sumó una protesta contra la inseguridad y el malestar por las últimas decisiones políticas sobre la justicia.

Diferentes grupos llegaron a la plaza Independencia en sus vehículos a los bocinazos; mientras los manifestantes de a pie, en su mayoría, estaban vestidos con banderas argentinas.

Si bien la convocatoria se realizó con el fin de protestar por el montaje de un vacunatorio VIP en el despacho del Ministerio de Salud de la Nación, en el principal paseo local confluyeron muchos otros reclamos, contra los Gobiernos nacional y provincial.

En la oportunidad, hablaron familiares de Juan Pedro González, el vendedor de bollos asesinado en la noche del viernes cuando intentó a tiros repeler un robo. Tan enérgica fue su denuncia en relación a este hecho que prácticamente torció el foco de la convocatoria, que desplazó los cuestionamientos al Gobierno provincial.

 

Continuar Leyendo