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Política

Un nuevo juicio político contra el camarista Enrique Pedicone ingresó a la Legislatura

Es por un supuesto accionar a favor de concesionaria de autos perteneciente a una la familia de una periodista como miembro de una organización «parajudicial». Caciques piden un jury de enjuiciamiento contra miembros de la Corte Suprema.

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El pasado viernes ingresaron en la Legislatura de Tucumán dos pedidos de Juicio Político : el abogado Alfredo Falú, por un lado, volvió a apuntar contra el camarista Enrique Pedicone por su accionar en la causa Factor SA; mientras que los Caciques del Consejo del Pueblo Diaguita solicitaron la destitución de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar, y del juez del máximo tribunal Daniel Posse por su accionar en el juicio por Prescripción Adquisitiva que impulsa Giselle Susana Courtade contra la Provincia de Tucumán.
El abogado Falú solicitó la «destitución y declaración de incapacidad para ocupar cargos a sueldo» del camarista Enrique Pedicone por «actos reprochables» en la causa «Factor S.A. s/asociación ilícita y otros delitos» donde se investiga al directorio de la firma por «reiteración de estafas organizadas cometidas en perjuicio de clientes de la empresa en operaciones de compraventa de vehículos con financiación, lo que encuadraría en las figuras de estafa, usura, evasión tributaria y asociación ilícita«.
A su vez, el documento sentencia a la periodista de La Gaceta, Irene Benito, de mantener un desempeño periodístico parcial y con falta de ética profesional a los efectos de favorecer la imagen pública del magistrado en cuestión.
El escrito presentado por Falú recuerda los antecedentes de la causa «Benito, Antonio Damaso s/estafa y retención indebida de documentación» y que allí «se determinó que en Factor SA se adulteraron las fechas de contratos de prenda y de pagarés extendidos por clientes para asegurar el pago de los saldos de precios de los vehículos adquiridos para eludir la prescripción de las acciones ejecutivas y lograr que prosperaran sus reclamos judiciales mediante el engaño a los jueces de documentos y locaciones intervinientes«.
El letrado Falú señaló que Factor SA «sería una empresa familiar de padres e hijos» y apunta que una de sus accionistas, Irene Benito, es al mismo tiempo  «quien se encarga de la cobertura de las noticias relacionadas al mundo judicial local del principal medio periodístico de Tucumán».
En ese sentido, recordó la causa «Benito, Giselle Irene y García Posse, Ramón Francisco s/defraudación art. 173 vict. Colegio de Abogados de Tucumán» en la que apunta que «los hechos parecen demostrar» que la citada periodista «integraría un grupo con varios otros participantes en el que por dinero, intercambio de favores, cuestiones personales u otros motivos a determinar, ésta tergiversa sus notas periodísticas en beneficio de los integrantes de dicho grupo y en perjuicio de quienes ellos entienden que se interponen a sus intereses» y aclara que «entre los que se puede citar a la mayoría de integrantes del MPF, del MPD y de aquellos que tengan o hayan tenido alguna relación con el Gobierno de Tucumán, del que dicho grupo es opositor».
«Es evidente que el accionar de Irene Benito de escribir o interceder en notas periodísticas sobre los magistrados que actúan o resuelven las causas penales o juicios civiles en los que son parte sus familiares directos o la empresa de la que es o era accionista, resulta a todas luces antiética»remarca el abogado, además de subrayar que en la causa Factor SA «se intentó desplazar al Dr. Maggio con el increíble argumento que Irene Benito fue autora de notas periodísticas críticas al mismo en La Gaceta, lo que es una desfachatez e inadmisible abuso de su posición en dicho medio, puesto que implica la afectación a su arbitrio de la imagen pública de magistrados en la prensa masiva para después intentar utilizar ese argumento para apartarlos, dejando a quienes considera afines o proclives al intercambio de favores, como sería el caso del Dr. Enrique Pedicone, quien intervino en la causa Factor favoreciendo escandalosamente a la familia de Giselle Irene Benito…mientras la periodista antes y después de ello intentó alevosamente promover la imagen pública de dicho magistrado en el medio para el que presta servicios».
La denuncia de Falú señala la existencia de «un grupo caracterizado por el intercambio de favores que estaría integrado por Irene Benito, Fransico García Posse, Arnaldo Ahumada, entre otros a determinar» al que «evidentemente se agregó a partir del año 2015 el denunciado Dr. Pedicone, quien es un reconocido enemigo del Ministro Público Fiscal Dr. E. Jiménez; tal como se desprende de la denuncia formulada por éste que motivó la causa ‘Pedicone, Enrique s/violación de los deberes de funcionario público art. 248 CP‘».
El denunciante sostiene que en la causa Factor SA «el Dr. Pedicone pretendió impedir la investigación que por ley le cabe al Ministerio Público Fiscal, declarando ab initio, es decir, antes de investigarse, la inocencia de los acusados de hechos graves y reiterados». «Esto es realmente inadmisible. No se trata de una interpretación de la ley dentro de los márgenes posibles, sino de una abierta afrenta a la ley y a su espíritu que frustra el sentido del sistema penal», advierte la denuncia de Falú.
«El Dr. Pedicone favoreció a la familia de su aliada G. Irene Benito y a la empresa Factor SA de la que ésta es o era accionista junto a su familia en el marco del intercambio de favores», recalca Falú, y señala que «no sorprende que unos meses después G. Irene Benito participe de un descomunal despliegue periodístico por una insólita denuncia del Dr. Pedicone en contra del Dr. D. Leiva en base a unas supuestas grabaciones clandestinas e ilegales, y por una inverosímil denuncia de acoso sexual en contra del Dr. D. Estofán quienes como miembros de nuestra Corte Suprema se atrevieron a «apercibir» al protegido Dr. Pedicone luego de que éste intentara celebrar la señalada audiencia indebida en los pasillos de tribunales«.
Los pedidos de destitución se resolverán de ahora en adelante en la comisión de Juicio Político del parlamento tucumano que preside el legislador Zacarías Khoder

 

 

Contra Sbdar y Posse
El mismo viernes, en tanto, los Caciques del Consejo del Pueblo Diaguita Santos Eugenio Pastrana, Rolando Florencio Frejenal, Jonathan Edgar Rueda, Antonio Guillermo Carrazano solicitaron a la comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán la remoción por el Jurado de Enjuiciamiento de la Dra. Claudia Beatriz Sbdar y del Dr. Daniel Oscar Posse, presidenta y vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán respectivamente, «por falta de cumplimiento de los deberes de su cargo«, además de «ignorancia inexcusable, actos de parcialidad manifiesta, reiteración de irregularidades en el procedimiento»en el juicio que Giselle Susana Courtade, madre de La periodista de La Gaceta Irene Benito, impulsa contra la Provincia de Tucumán por la prescricpión adquisitva de un inmueble en La Quebradita, Tafí del Valle.
El origen del planteo proviene del accionar de los miembros del máximo tribunal en el juicio «Courtade Giselle Susana vs Provincia de Tucumán s/prescripción adquisitiva» en el que -acusan- resolvieron «hacer lugar a la demanda en clara violación a la norma adjetiva y de fondo y en especial a los derechos de raigambre constitucional de los pueblos originarios«. La sentencia de la Corte Suprema lleva las firmas de la presidenta Sbdar y del vocal Posse, pero también de su par Antonio Estofán, quién no es mencionado en los pedidos de destitución presentados.

 

sentencia a favor de courtade

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Política

Oficializaron las designaciones de Valeria Zapesochny y Jorge Neme

sumirán como secretarios de Medios y Comunicación Pública; y de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público Privada de la Jefatura de Gabinete, respectivamente.

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El Gobierno nacional oficializó las designaciones de Jorge Neme como secretario de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público Privada de la Jefatura de Gabinete, y de Valeria Zapesochny como titular de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.

Los nombramientos quedaron oficializados por medio de los decretos 653 y 654, publicados este viernes en el suplemento del Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete, Juan Manzur. En las mismas normas se aceptaron la dimisiones de Francisco Meritello y de Cecilia Todesca.

Tanto en el caso de Meritello como de Todesca, en los respectivos decretos se agradecen «los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo».

Por su parte, Todesca asumirá como secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, acompañando la gestión de Santiago Cafiero, el cargo que precisamente dejó Neme.

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Manzur se reunió con ministros para analizar agenda de trabajo

El jefe de Gabinete mantuvo este sábado encuentros en Casa Rosada con distintos ministros y funcionarios. Por la mañana se reunión con Julián Domínguez y Juan Zabaleta.

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El jefe de Gabinete, Juan Manzur, mantuvo este sábado diversos encuentros en Casa de Gobierno con ministros y colaboradores para analizar la agenda de trabajo de cada área, además de visitar la localidad bonaerense de Ezeiza, donde participó de un plenario del Movimiento Evita y se reunió con el intendente, Alejandro Granados.

En primer término, Manzur mantuvo un encuentro con el flamante ministro de Agricultura, Julián Domínguez, con quien repasó la agenda de trabajo de esa cartera.

Domínguez también fue recibido por el presidente Alberto Fernándezen la Residencia de Olivos, según un comunicado del Ministerio de Agricultura.

Luego, el jefe de Gabinete recibió al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, que expuso los programas que lleva adelante esa cartera y analizaron los pasos a seguir para cumplir los objetivos trazados en la etapa de pospandemia.

La serie de reuniones comenzó a las 8.30 en la Casa Rosada y durante toda la jornada Manzur mantuvo distintos encuentros de trabajo.

El exgobernador de Tucumán asumió el lunes y el martes encabezó una reunión con todos los integrantes del Gabinete nacional, donde se definió como temas de «urgencia» el crecimiento de la economía y la creación de puestos de trabajo, además de atender a los sectores más vulnerables y a los afectados por la pandemia de coronavirus.

El jefe de Gabinete también participó este sábado de un plenario organizado por el movimiento Evita que se realizó en la localidad bonaerense de Ezeiza, y a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter, el funcionario le agradeció a la organización social su vocación de «seguir fortaleciendo el Frente de Todos».

«Mi agradecimiento a la Mesa Nacional del Movimiento Evita por haberme invitado a participar de su reciente plenario junto a los referentes Emilio Pérsico y Fernando «Chino» Navarro; el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta; delegados provinciales y militantes», indicó Manzur en un hilo de mensajes que acompañó con fotos del acto.

Y, agregó: «Durante el encuentro, celebrado en Ezeiza, hablamos sobre la coyuntura política, la próxima etapa de reconstrucción y la necesidad de escuchar a todos los sectores sociales a la hora de trabajar por el bien común ¡Gracias por seguir fortaleciendo la unidad del Frente de Todos», subrayó Manzur.

Posteriormente, Manzur compartió un almuerzo de trabajo con el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, junto a quien evaluó la importancia de la gestión territorial y las políticas públicas.

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Política

Confirman un proyecto de jubilación para hombres de más de 60 años y mujeres de más de 55

Se trata de una política dirigida a personas que se encuentren desempleadas, reúnan 30 años de aportes y les falten cinco años o menos para cumplir la edad jubilatoria: entre 55 y 60 años para las mujeres y entre 60 y 65 para los varones

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La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, confirmó este viernes que el Gobierno está trabajando en la elaboración de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para implementar una jubilación anticipada.

Se trata de una política dirigida a personas que se encuentren desempleadas, reúnan 30 años de aportes y les falten cinco años o menos para cumplir la edad jubilatoria: entre 55 y 60 años para las mujeres y entre 60 y 65 para los varones.

Según estimaciones de la Anses, la medida alcanzará en una primera instancia a una población aproximada de entre 20.000 y 30.000 personas, de las cuales el 90% son hombres.

“Estamos construyendo una política que da respuesta a un problema que tenemos las argentinas y argentinos”, destacó Raverta.

«Se están terminando de estudiar los detalles, para que sea una medida seria y para que podamos ofrecer, una vez más, una solución a un problema que tenemos las argentinas y argentinos”

FERNANDA RAVERTA

En declaraciones a la TV Pública, señaló que “hay personas que trabajaron toda su vida, que tienen sus 30 años de aportes y que, en los últimos años del gobierno anterior o incluso en la pandemia, perdieron su trabajo, no se pueden jubilar todavía y por su edad tienen una enorme dificultad para reincorporarse al mercado formal de trabajo”.

Así, la funcionaria destacó que se están “terminando de estudiar los detalles, para que sea una medida seria y para que podamos ofrecer, una vez más, una solución a un problema que tenemos las argentinas y argentinos”.

En ese sentido, sostuvo que la iniciativa es “una respuesta a un problema que tenemos los argentinos y las argentinas, que tiene que ver con personas que han trabajado toda su vida y tienen sus 30 años de aporte y han quedado desempleadas en los últimos años del Gobierno anterior o incluso en la pandemia”.

“Son personas, en su mayoría varones, que cumplen con los requisitos de aportes y de haber trabajado y que aún no tienen la edad para jubilarse pero, al mismo tiempo, presentan una enorme dificultad de incorporarse en el mercado formal de trabajo porque son grandes” en edad, precisó la funcionaria.

«Sobre la posibilidad de que la medida se formalice prontamente, Raverta indicó que “será una certeza cuando el Presidente firme el decreto de necesidad y urgencia»

Sobre la posibilidad de que la medida se formalice prontamente, Raverta indicó que “será una certeza cuando el presidente (Alberto Fernández) firme el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y podamos empezar a recibir a estas personas en nuestras oficinas”.

“El presidente lo está terminando de evaluar”, agregó la titular de la Anses.

Según explicó la funcionaria, el proyecto contempla que los beneficiarios perciban el equivalente al 80% de sus haberes jubilatorios hasta alcanzar la edad jubilatoria (65 años hombres, 60 años las mujeres).

Por ejemplo, un hombre de 62 años cobrará desde ese momento -y hasta que cumpla 65 años- el 80% del haber jubilatorio; luego, una vez alcanzada la edad de 65 años que establece la ley para poder jubilarse, pasará a cobrar el 100% del haber que le corresponda.

En línea con el espíritu de esta iniciativa, en julio pasado el Gobierno nacional estableció a través del Decreto 475/21 publicado en el Boletín Oficial que las mujeres podrán sumar de uno a tres años de servicios computables para su jubilación por cada hijo.

La medida rápidamente presentó una fuerte adhesión y, semanas atrás, ya contaba con más de 21.000 mujeres inscriptas.

«Esta política pública reivindica lo que las madres hacemos con absoluta naturalidad pero le otorga un reconocimiento del Estado. Es conmovedor porque gestamos una nueva Argentina donde las mujeres y la actividad que realizamos en nuestros hogares es reconocida”, sostuvo Raverta en aquel entonces.

De acuerdo con estadísticas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en marzo de este año Argentina contaba con 5.159.630 jubilados y 1.666.655 pensionados, lo que arroja un total de 6.826.285 de beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), establecido por la Ley Nº 26.425 y administrado por la Anses.

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